MADRID.- El tratado de servicios TISA que hoy negocian con sigilo medio centenar de países cuenta con una cláusula que blinda los documentos sobre el acuerdo durante cinco años: en este periodo, los textos serán impublicables, secretos. De hecho, Bruselas reconoce la existencia de esta cláusula, pero la achaca a la determinación de EEUU: primero afirma que es sólo “un texto formal” que aparece en otros documentos; después sostiene que “no es aplicable en la UE” -sin aclarar qué normativa comunitaria sustenta esta afirmación-, para rematar asegurando que ya ha solicitado “reiteradamente" su eliminación de los documentos de negociación.

“Me da la sensación de que nos están engañando”, asegura a Público la eurodiputada de IU Marina Albiol. “Si todos los documentos tienen esa cláusula será porque tiene una función. Si han pedido que se retire pero aún permanece ahí, ¿quién la está manteniendo?”, cuestiona la europarlamentaria ante las explicaciones "contradictorias "de la Comisión Europea sobre el polémico acuerdo.

Tras la filtración de Wikileaks sobre el TISA publicada el pasado mes de junio por este diario, la formación de Albiol planteó una lista de preguntas escritas al Ejecutivo comunitario sobre el polémico Trade in Services Agreement (TiSA) que hoy negocian con total opacidad 50 países, entre ellos los 28 estados de la UE, representados por la Comisión Europea.

Albiol: "Nos quedamos más preocupadas que antes de tener las respuestas. La Comisión deja claro que el objetivo del TISA es beneficiar a los inversores extranjeros"

Es precisamente la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, la encargada de contestar a las preguntas de IU, en calidad de máxima responsable de Bruselas en lo que respecta al TISA. “Nos quedamos más preocupadas que antes de tener las respuestas”, sostiene la europarlamentaria.

En concreto, Albiol hace referencia a la explicación del Ejecutivo comunitario sobre cuál es el objetivo del tratado: “Reducir las medidas discriminatorias y determinados tipos de restricciones cuantitativas que pesan sobre los proveedores de servicios e inversores extranjeros”. Leyendo entre líneas, la diputada aprecia toda una declaración de intenciones en estas líneas, que “dejan claro que el objetivo del TISA es beneficiar a los inversores extranjeros. Quieren que no haya normas que les estorben, que no haya restricciones, pero estas son las garantías que tenemos en nuestros estados”, defiende.

De hecho, la propia Malmström asegura en su respuesta que el acuerdo persigue “establecer determinados principios reguladores generales”, y acota el poder de decisión de los países firmantes: “Seguirán teniendo capacidad de mantener e introducir normas”, siempre que sean “no discriminatorias” para las empresas.

En su respuesta Malmström acota el poder de regular de los estados a que sus normativas sean "no discriminatorias" para las multinacionales

Un ejemplo de los efectos del acuerdo, de obligado cumplimiento para todos los niveles de Gobierno en los países que lo suscriban, es que permitirá a las empresas almacenar, procesar o transferir información personal de ciudadanos de los países firmantes "siempre que esa actividad esté en conexión con la gestión del negocio de ese proveedor de servicios" . Los documentos sobre las negociaciones publicados por este diario prueban que de ser ratificado el TISA los estados deberán avisar al resto de países firmantes –y por ende a las multinacionales- de las normativas que deseen aprobar, siempre en aras de la “transparencia”.

Por otra parte, y tras ser preguntada sobre si la Comisión está incumpliendo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados a la hora de negociar, o si el Ejecutivo de los 28 se ve con legitimidad democrática para desempeñar su actual rol, Malmström argumenta que las reuniones se están llevando a cabo “de conformidad con la legislación internacional y de la UE", y “sobre la base de los principios democráticos”.

La Comisión actúa como única voz de los 28, que previsiblemente deberán ratificar la aprobación del acuerdo si finalmente prosperan las negociaciones, pero el órgano de gobierno de la UE no ha sido elegido democráticamente, a diferencia del Europarlamento. “Ni siquiera negocian ellos, sino una comisión que no ha elegido en el parlamento; nosotros no hemos nombrado a la gente que va a negociar. Entendemos que no se están siguiendo las normas, no se está haciendo de una manera democrática”, zanja.

Opacidad y secretismo

A pesar de que el acuerdo resultaba completamente desconocido para la opinión pública antes de las filtraciones de Wikileaks, Bruselas asegura que sí publicará los textos cuando concluyan las negociaciones, y dice estar manteniendo informada a la Eurocámara a través de la Comisión de Comercio Internacional (INTA). Albiol explica que otras comisiones preparan ya sus informes de posición respecto al acuerdo con los escasos datos que hoy manejan, y vaticina que el acceso a los documentos en el mejor de los casos será comparable con el que la Comisión ha consentido con los textos del TTIP.

“El argumento de que no quieren socavar su posición negociadora es una excusa para no desvelar las negociaciones. Tratan de evitar el debate entre la ciudadanía, que los europeos y las organizaciones se posicionen y den una respuesta”. “Si hubiera tanta transparencia no haría falta que hubiera filtraciones”, apostilla.

"Si hubiera transparencia no harían falta las filtraciones. Tratan de evitar el debate entre la ciudadanía", denuncia Albiol

La comparación con el TTIP es prácticamente inevitable, y la respuesta de la Comisión a las críticas por el secretismo de las negociaciones es casi idéntica. Malsmtröm reproduce en su escrito parte de sus propias declaraciones de marzo de 2015: “No habrá nada en los acuerdos comerciales de los Estados Unidos y la UE, incluido el TISA, que obligue a los gobiernos a ningún nivel a regular sus servicios públicos”, reza el texto. 

Bruselas insiste en que no atará las manos de los países para regular libremente. “¿Para qué firman acuerdos entonces?”, cuestiona Albiol. “Si luego cada gobierno va a poder mantener sus normas, ¿para qué quieren un tratado? Además, una cosa es lo que quede escrito y otra son los mecanismos que después utilicen. Con el TTIP también dicen que no se van a privatizar servicios públicos, pero luego intentan introducir el ISDS y el Consejo de Cooperación Reguladora”, esgrime.

El acuerdo comercial entre Washington y Bruselas ya ha sido objeto de debate en la Eurocámara, y hoy continúan las negociaciones con el sigilo habitual, que obliga a los europarlamentarios a pedir cita para acceder durante dos horas a una parte de los documentos en una sala de lectura segura. No pueden entrar con dispositivos electrónicos, y tienen que leer los textos en inglés, siempre bajo la atenta mirada de un funcionario.

Albiol sospecha que la Comisión adoptará una fórmula de acceso restringido similar si finalmente pone a disposición de los europarlamentarios una parte de los documentos sobre el TISA. De momento, asegura que su formación volverá a preguntar al Ejecutivo comunitario por el acuerdo, para poder despejar las incógnitas y acabar con las “contradicciones” que aprecian en el discurso de la Comisión Juncker.