@Alopezdemiguel

MADRID.- El tratado comercial con Canadá incluirá un mecanismo de blindaje de las corporaciones idéntico al del TTIP, y la propia comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, reconoce abiertamente su entusiasmo al respecto: “Estoy encantada”, afirmaba este lunes. Bruselas anunció entonces el fin del proceso de revisión y actualización legal del acuerdo comercial con Ottawa, sellado en 2014 y pendiente de ratificación en el Europarlamento.

En este proceso, la Comisión Europea ha sustituido los paneles arbitrales del denostado Investor State Dispute Settlement (ISDS), que dieron pie a la que posiblemente haya sido la mayor polémica en torno al TTIP, el acuerdo comercial UE-EEUU, para sustituirlos por su versión maquillada, el ICS (Investor Court System). Esto sigue traduciéndose sin embargo en que las corporaciones podrán demandar a los estados ante árbitros privados de considerar truncadas sus "expectativas legítimas" de beneficio futuro debido a los cambios normativos y legales que ejecuten o planeen ejecutar estos países de forma legítima.

Urtasun: "En esencia es lo mismo. Permite el recurso a una jurisdicción paralela, con árbitros y no jueces"

"En esencia es lo mismo: permite el recurso a una jurisdicción paralela, con árbitros que pueden tener la formación de jueces, pero no ejercen como tales", asegura a Público Ernest Urtasun, diputado de ICV, formación integrada en el grupo de Los Verdes en el Europarlamento.

Urtasun recuerda que este mecanismo está completamente vetado para las empresas nacionales, con la consiguiente desigualdad que esto genera; que los laudos de estos árbitros no pueden ser revocados por los sistemas judiciales de los estados, aunque reconoce que este mecanismo sí ofrece una sucedáneo de tribunal de apelación, como no hacía el tradicional ISDS. "El problema está en que quien juzga y quien dictamina la apelación no es un juez imparcial", razona Urtasun.

Recuerda que mientras los árbitros estén ejerciendo como tales no podrán actuar paralelamente como abogados de las empresas -paradójicamente, hoy hay ejemplos de este tipo de situaciones-, pero nada impide que hayan pasado años en nómina de estas multinacionales, o que puedan volver a esta ocupación tras pasar por el ICS, con el potencial conflicto de intereses que esto genera.

Para el europarlamentario de ICV, esta sutil renovación no es más que "una puesta al día" que intenta "evitar que dijéramos 'no' al CETA por el ISDS ". "Esto es más de lo mismo. Si el CETA incorpora esto, votaremos en contra", apostilla.

El 97% de europeos rechazan los tribunales arbitrales

No hay una fecha cerrada, pero previsiblemente aún deberán pasar muchos meses hasta la votación final del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), que previsiblemente llegará al Consejo Europeo en verano, y no volverá al Europarlamento hasta el arranque del próximo año. Para partidos políticos y organizaciones civiles de toda Europa, el CETA es algo parecido a un caballo de Troya dispuesto para allanar el camino al Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), que Washington y Bruselas siguen negociando con sigilo.

Malmström, lejos de la autocrítica, afirma que el CETA es "un buen acuerdo"

La nueva propuesta, que incluye la nominación de 15 árbitros pactados entre Canadá y la UE también ha cosechado las críticas del grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL). En una nota de prensa difundida este lunes, el coordinador de política comercial del grupo, el alemán Helmut Scholz, asegura que los principios básicos del ISDS prevalecen en este mecanismo, y recuerda que este supuesto tribunal "no está vinculado por ninguno de los sistemas legales y constitucionales de los 29 estados que participan en el CETA".

"La Comisión Europea ningunea una vez más la voz de la ciudadanía al incluir en los acuerdos con Canadá mecanismos antidemocráticos como los tribunales de arbitraje privados para resolver disputas con los inversores extranjeros", afirmaba también el portavoz de Equo en la Eurocámara, Florent Marcellesi, en otro comunicado difundido este martes.

Y, mientras organizaciones civiles y partidos políticos critican la ausencia de transparencia de la Comisión o las múltiples ventajas que brindan estos tratados a las empresas, Malmström ni siquiera se aproxima a la autocrítica, e insiste en que el CETA es "un buen acuerdo".

También presume de haber tenido en cuenta las consideraciones de los europeos, a pesar de que un 97% de los 150.000 ciudadanos de todos los rincones del Viejo Continente que participaron en una consulta de la Comisión en 2014 dijeron 'no' al ISDS sin ninguna reserva, y hoy presencian la puesta de largo de una nueva versión de este mecanismo. "Malström sabe que esto no genera consenso, que gran parte del Europarlamento no lo ve", zanja Urtasun.