El rifirrafe entre la Comisión Europea y el Gobierno de Sarkozy, a raíz de la deportación de gitanos en Francia subió ayer un grado de tensión verbal. Coincidiendo con la partida de los primeros gitanos expulsados de suelo galo, el portavoz del Ejecutivo comunitario, Matthew Newman, se mostró "muy preocupado" por la discriminación de este colectivo.

Dejando aparcado el habitual recatamiento comunitario a la hora de referirse a las decisiones internas de los gobiernos europeos, Bruselas recordó al Gobierno de Sarkozy que los gitanos "son ciudadanos europeos a título completo, iguales al resto de europeos", y como tales tienen "pleno derecho a la libertad de movimiento en el seno de la Unión Europea".

"Estos derechos deben ser completamente respetados por todos los Estados miembros" de la UE, enfatizó Newman, quien el día anterior ya alertó de que vigilaría "muy atentamente" la repatriación de la población romaní.

Bruselas respondió, calculadora en mano, al ministro de Interior francés, Brice Hortefeux, que animó a la Comisión a que utilice sus recursos para favorecer el acceso a educación, empleo o vivienda de los deportados. La UE, indicó su portavoz, ha destinado 17.500 millones de euros a la integración de este colectivo, en el periodo 2007-2013. Además, devolvió la pelota al ministro francés, al recordar que la "responsabilidad" de presentar proyectos para ser financiados con ese dinero es de los gobiernos europeos.

En el Parlamento Europeo también hubo quejas. "Los echamos y cerramos los ojos". Esto "no arregla ningún problema", denunció el presidente del grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, Daniel Cohn-Bendit.