La prensa británica debería estar regulada por un organismo respaldado con leyes, según concluyó el jueves la investigación iniciada a raíz del escándalo de las escuchas ilegales de News of The World, lo que ha puesto al primer ministro, David Cameron, en un dilema político de grandes proporciones y que podría acabar dividiendo a su ya de por sí inestable Gobierno. En cualquier caso, el mandatario ha salido mejor parado de lo que se esperaba ya que el juez Brian Leveson, encargado del caso, evitó arremeter contra él por su relación con el imperio mediático del magnate Rupert Murdoch.

Leveson, que ha tomado declaración a más de 180 testigos directos de la mala praxis de los periódicos sensacionalistas de News Corp. de Murdoch, dijo que no tiene intención de poner fin a tres siglos de libertad de prensa, pero condenó el en ocasiones 'escandaloso' comportamiento de la prensa, que ha 'causado estragos en las vidas de gente inocente'.

'La pelota vuelve al tejado de los políticos: ahora ellos deben decidir quién guarda a los guardianes', dijo Leveson en una rueda de prensa en Westminster, frente a la Cámara de los Comunes.

La investigación de Leveson fue encargada por Cameron tras la indignación pública que crearon las revelaciones de que periodistas de uno de los tabloides de Murdoch habían pinchado los mensajes telefónicos de la familia de Milly Dowler, una niña de 13 años que había sido asesinada.

Leveson señaló que debe haber un nuevo organismo independiente autoregulatorio reconocido por la ley, algo a lo que la prensa y muchos miembros del partido de Cameron, incluyendo ministros importantes, se oponen con firmeza por considerarlo una merma a la libertad de prensa.

Tras la comparecencia de Leveson, Cameron intervino en la Cámara de los Comunes y se mostró contrario a la formación de ese organismo. El primer ministro dijo apoyar los hallazgos de la investigación, pero que no está a favor de introducir nuevas leyes para regular los medios de comunicación. 'Por primera vez habríamos cruzado el rubicón de escribir elementos de regulación de prensa en la ley. Deberíamos, creo, ser reacios a una legislación', dijo.

El primer ministro aseguró, además, que legislar en torno a la prensa 'crearía un vehículo para que los políticos pudieran imponer obligaciones' a los medios, lo que contravendría la tradición de 'libertad de expresión' que tiene el Reino Unido, 'la democracia más antigua del mundo'. Su socio de Gobierno y viceprimer ministro, Nick Clegg, tenía previsto ofrecer su propia declaración al Parlamento después de Cameron, lo que sugiere que ambos discrepan sobre el camino a seguir.

Leveson, cuya investigación desveló teléfonos pinchados, acusaciones de sobornos policiales y los estrechos lazos entre editores y élite política, dijo que la relación entre políticos y prensa era demasiado cercana. El juez advirtió, además, de que los estrechos vínculos formados entre el Gobierno y la empresa News Corp. de Murdoch en torno a la fallida compra de BSkyB es preocupante y pudo poner en peligro la oferta de 12.000 millones de dólares que había.

Sin embargo, hizo pocas críticas a personas concretas, dejando sin munición a los que esperaban que condenara a Cameron por sus relaciones con el imperio mediático de Murdoch. El juez dijo que no hay una prueba creíble de que el ministro y aliado de Cameron, Jeremy Hunt, fuera parcial en su gestión de la compra de BSkyB, pero que las cercanas relaciones dieron una imagen de favoritismo.

Las vistas de la investigación avergonzaron a Cameron al exponer sus lazos con directivos del imperio mediático, en especial con la ex número dos Rebekah Brooks, que se enfrenta a cargos penales por escuchas telefónicas y otros supuestos delitos.El primer ministro se reunió en los primeros 15 meses de su Gobierno hasta en 25 ocasiones con emisarios de Murdoch.

Entre los 184 testigos que comparecieron en la investigación estaban Cameron, tres exprimer ministros, ministros y magnates de los medios, incluyendo a Murdoch, de 81 años, así como una serie de famosos como el actor de Hollywood Hugh Grant. La investigación se compuso de cuatro módulos: La prensa y el público; la prensa y la policía; la relación entre la prensa y los políticos; y el futuro régimen para la prensa.

El coste de las pesquisas fue estimado en junio de 2012 en 3,9 millones de libras (unos 4,8 millones de euros), aunque se ha proyectado que la cifra total, aún no confirmada, llegue a los 5,6 millones de libras (unos 6,9 millones de euros).

1. El informe Leveson propone la creación de un nuevo organismo indepediente para regular la prensa, respaldado por una legislación que esté 'libre de cualquier tipo de influencias por parte de la industria y el Gobierno'.

2. El nuevo organismo no tendría potestad para bloquear la publicación de noticias, aunque sí podría solicitar correcciones o disculpas e imponer multas de hasta un millón de libras (1,2 millones de euros) o del 1 % de la facturación del medio.

3. Ese nuevo organismo podría ser supervisado cada dos años por el Ofcom, el regulador británico que actualmente vigila la actuación de las radios y las televisiones.

4. La adhesión a este organismo no sería legalmente obligatoria aunque, en caso de que algún medio optara por desvincularse, Leveson recomienda que sea regulado a través del Ofcom.

5. Leveson propone la publicación, cada tres meses, de todas las reuniones que se celebren entre periodistas, directores y propietarios de medios de comunicación, así como el contenido de sus conversaciones.

6. Los agentes de policía deberían publicar también los detalles de sus contactos con la prensa.

7. Se sugiere el establecimiento de un servicio de arbitraje, en relación con reclamaciones civiles, a cargo de jueces retirados o abogados.

8. El nuevo organismo debería tener potestad para investigar posibles violaciones graves o sistemáticas del código de conducta de la prensa.

9. Se recomienda que el presidente y otros miembros del nuevo organismo no sean directores de periódicos, y que todos ellos sean independientes.