La lucha contra la impunidad en Guatemala ha sufrido un duro golpe con la renuncia de Carlos Castresana como director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El jurista español ha acusado al Estado de "incumplir" su compromiso de combatir la impunidad nombrando a un fiscal general de quien sospecha de que tiene vínculos con el crimen organizado.

Tras conocer la decisión de Castresana, la Convergencia de Derechos Humanos de Guatemala, que aglutina a decenas de organizaciones humanitarias, manifestó su "solidaridad y apoyo" al ex fiscal español, y exigió al presidente guatemalteco, Álvaro Colom, que destituya al fiscal general, Conrado Reyes.

Según Castresana, Reyes, elegido por Colom hace apenas un par de semanas, "no es la persona que Guatemala se merece" porque, dijo, representa intereses de grupos vinculados a "estructuras paralelas" del crimen organizado, posee un "historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas", y en sus primeros días al frente de la fiscalía se ha dedicado a debilitar el trabajo de la CICIG, y a ordenar escuchas telefónicas ilegales.

Desde su llegada a la fiscalía, agregó Castresana, "ha dado entrada a personas y estructuras que había sido posible erradicar y desmanteló el equipo de profesionales que en 2009 dio la esperanza de un cambio en el ministerio público". Reyes calificó las acusaciones en su contra de "falsas y sin fundamento".

La CICIG fue creada en diciembre de 2006 por la ONU y el Gobierno de Guatemala, que admitió su incapacidad para luchar solo contra la impunidad, como organismo de apoyo a la fiscalía y a la policía. Posee muchos de los atributos de una fiscalía internacional, pero opera bajos las leyes guatemaltecas.