Dos años de impunidad tras las muertes en el Tarajal

BARCELONA. Han pasado dos años de uno de los episodios más trágicos y deplorables acontecidos en la llamada frontera sur, en el paso de África a España. El 6 de febrero de 2014 unas 200 personas intentaron llegar por las aguas del espigón de la playa del Tarajal a la ciudad de Ceuta. La Guardia Civil activó el máximo nivel de alerta y movilizó a diversas unidades antidisturbios. Pero, a diferencia del procedimiento común, en esta ocasión no avisaron ni a Salvamento Marítimo ni a Cruz Roja. Y, como demostraron las grabaciones, empezaron a disparar balas de goma contra las personas que estaban en el mar provocando la muerte de 15 de ellas. Las que consiguieron sobrevivir fueron devueltas “en caliente”, lo que significa de forma ilegal, a la policía marroquí. Todas las demás, continúan desaparecidas.

Estos hechos son los que hoy varias ciudades europeas (Barcelona, Madrid, Ceuta, Estrasburgo, Berlín, Melilla, Roma, entre otras) denuncian a través de la convocatoria de protestas para exigir el cese de la impunidad. El documental Tarajal: la impunidad de la frontera sur, realizado por el Observatorio DESC y los productores de Ciutat Morta, también aprovecha la fecha para estrenarse en Barcelona y contradecir la versión oficial de lo sucedido a ojos de la ciudadanía. “Buscamos que la gente reaccione, que tome conciencia de que se producen este tipo de vulneraciones de los derechos humanos. Que tomen medidas frente a la evidencia de que a nivel legal y judicial no pueden esperar mucho más”, explicaba ayer Xavier Artigas de Metromuster a Público, después de la presentación del documental.

Artigas se refiere al cierre provisional de la causa penal que fue interpuesta por varias entidades sociales, entre ellas el propio Observatorio DESC, para exigir la depuración de responsabilidades. El pasado 15 de octubre de 2015 la titular del juzgado número 6 de Ceuta encargada del caso, María del Carmen Serván, ordenó el archivo provisional de la causa contra los 16 miembros de la Guardia Civil imputados. En la resolución absolutoria se considera que “los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar” y se legitima el uso de material antidisturbios para “proteger la frontera española”.

Interior ha condicionado la acción de la fiscalía y del propio juzgado presentando hasta 10 versiones diferentes de lo ocurrido, siempre en defensa de los agentes

El jurista del Observatorio DESC e impulsor del documental, Marc Serra, contaba a Público: “Cuando presentamos la acusación popular, si bien éramos conscientes de que contábamos con pruebas objetivas, también sabíamos que sería difícil denunciar a la Guardia Civil y al Ministerio del Interior. Por ello nos planteamos hacer este documental, para que la ciudadanía se convierta en un elemento de presión durante el proceso judicial”. Y añade: “Nos encontramos con muchas dificultades en el desarrollo del proceso judicial. Interior ha condicionado la acción de la fiscalía y del propio juzgado presentando hasta 10 versiones diferentes de lo ocurrido, siempre en defensa de los agentes. Todo esto ha imposibilitado una investigación a fondo de lo que ocurrió”. Sobre el curso de la causa, Serra ha informado que han presentado un recurso de reforma en el juzgado de Ceuta y que si éste se desestima será apelado frente a la Audiencia de Cádiz.

Para el jurista, el documental ha corroborado una evidencia: “la verdad la tienen las personas migrantes”. Los testimonios directos de los hechos, tantos los propios sobrevivientes como los vecinos de Ceuta que los observaron, coinciden en apoyar la versión de las ONG. Como reconoce Serra, “los testigos contradecían la versión oficial delante de las cámaras, pero ha sido muy difícil que se personificaran en la causa judicial. Hay que recordar que el 40% de los habitantes de Ceuta son funcionarios del Estado, muchos vinculados a los cuerpos de seguridad”. 

Uno de los propósitos del documental es, según cuenta Serra, “la necesidad de que haya un cambio en las políticas de control migratorio de la UE”. “El archivo de la causa establece un precedente muy peligroso porque transmite un mensaje de impunidad al resto de países europeos. La gestión del control de las fronteras en el sur de Europa es responsable de estas muertes y de todas las que se están produciendo diariamente en el Mar Mediterráneo”, ha enfatizado.

Xavier Artigas ha destacado que lo importante del proyecto es mostrar cómo se vulneran los derechos humanos en España y preguntarse “qué legitima la protección de nuestras fronteras”.

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