El Tribunal Supremo estadounidense dictaminó que los estados y las ciudades no pueden limitar uno de los derechos más controvertidos de la Constitución, el derecho a llevar armas, protegido por la Segunda Enmienda.

La votación siguió las líneas ideológicas que dividen los miembros del Supremo, cinco a favor, los más conservadores, incluido el presidente del Tribunal, John G. Roberts, y cuatro en contra. La Corte rindió su veredicto en respuesta a la denuncia del lobby armamentístico, liderado por la Asociación Nacional del Rifle, (NRA, en sus siglas en inglés) contra dos leyes, de Chicago y de uno de sus suburbios, Oak Park, que desde hacía tres décadas prohibían la posesión de armas de fuego.

El Supremo amplió así a todo el país su histórica decisión de 2008, cuando indicó que los ciudadanos estadounidenses tenían derecho a poseer armas, tanto para defenderse como para cazar, al declarar inconstitucional una de las leyes más restrictivas del país, la del Distrito de Columbia (Washington), que prohibía las armas cortas desde 1976. El dictamen sólo concernía entonces las leyes federales.

Las implicaciones legales son bastante difíciles de calibrar

Las implicaciones legales son bastante difíciles de calibrar porque los jueces también acordaron que podían aplicarse "ciertas limitaciones" en función de las idiosincrasias locales. Sí parece claro que la decisión del Supremo podría animar a particulares como los cuatro personas en Chicago que llevaron la ciudad a juicio o al lobby armamentístico a presentar denuncias contra los estados más restrictivos.

El derecho a llevar armas es uno de los temas que más divisiones ha creado en el plano social, político y legal en EEUU. Se calcula que unos 90 millones de estadounidenses poseen algo más de 200 millones de armas. Según estadísticas del Gobierno, EEUU posee el mayor índice de pertenencia civil de armas y de muertes por arma de fuego, unas 80 por día, 34 de ellas homicidios.

La decisión tomada por el Tribunal antes de su receso veraniego anual, es polémica y controvertida. La Segunda Enmienda afirma que "siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a tener y portar armas".

Los partidarios de imponer una legislación estricta estiman que es un vestigio del pasado que sólo favorece la violencia. Argumentan que la enmienda fue establecida para asegurar que los estados pudieran mantener milicias, en respuesta al miedo que tuvieron en el siglo XVIII ante un gobierno federal demasiado fuerte.

Una de las asociaciones más activamente a favor de estrictas limitaciones, el Brady Center (por James Brady, el jefe de prensa de Ronald Reagan que quedó paralizado de por vida tras el intento de asesinato contra el presidente en 1981) no ocultó su decepción. "El lobby armamentista y los criminales usarán el dictamen para denunciar las legislaciones locales".

Los que están a favor del derecho a llevar armas alegan que el artículo en cuestión otorga a los ciudadanos el derecho a portarlas para uso privado, esencialmente en casos de defensa propia.