La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado jueves una ley republicana que exige presentar la prueba de la ciudadanía del país para poder votar en las elecciones federales, siendo una de las demandas del presidente, Donald Trump.

Tras recibir luz verde de la Cámara Baja, la medida se dirige al Senado, un escollo que no consiguió superar en la anterior legislatura cuando los congresistas republicanos la aprobaron, pero la mayoría demócrata en la Cámara Alta la frenó.

Durante la última campaña electoral, el magnate neoyorquino y los suyos fueron dando alas a esta teoría con un posible objetivo de crear un marco que les permitiera acusar de fraude el resultado final por la participación de personas sin la ciudadanía, aunque Trump finalmente ganó y no pudo utilizarlo.

¿Qué es la ley SAVE?

La ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense –SAVE, por sus siglas en inglés, que significa salvar– obtuvo el voto de la bancada republicana y de cuatro legisladores demócratas que se unieron a la iniciativa presentada por el republicano Chip Roy.

Esta medida, que se enmarca dentro de la larga lista de problemas de los que el republicano intenta culpar a los migrantes, radica de un conflicto casi infundado, ya que, según investigó el Brennan Center tras analizar 23,5 millones de votos de las elecciones presidenciales de 2017, "solo 30 despertaron indicios" de que pudiesen haber sido depositados por personas que no tenían la ciudadanía estadounidense.

De aprobarse también en el Senado, todos los solicitantes del formulario para emitir el voto deberán presentar un documento que verifique que tienen la ciudadanía estadounidense y, por tanto, que pueden votar.

Entre los documentos que serán aceptados como válidos se encuentran el pasaporte estadounidense, el documento de identificación o una tarjeta de identificación militar, siempre que estén acompañados de una partida de nacimiento estadounidense. De lo contrario, no podrán registrarse para ejercer el derecho a voto bajo esta ley, que, además, establece una serie de condiciones para suprimir de las listas de votantes a los ciudadanos que no cuenten con dicha documentación.

¿A qué ciudadanos afectaría?

Las millones de mujeres casadas estadounidenses, por su parte, tendrían que disponer de varios documentos para acreditar su ciudadanía, ya que pueden haber cambiado su apellido y no coincidir con su certificado de nacimiento.

El voto en línea o por correo, por otro lado, se eliminaría con esta ley, ya que establece que los ciudadanos se registren físicamente para que su documentación pueda ser verificada en persona. Este requisito supone que a las personas mayores, con discapacidad, votantes rurales con trabajos a tiempo completo y otros en situaciones excepcionales les sería más complicado disponer del tiempo necesario para acudir a registrarse.

A los ciudadanos estadounidenses negros también les supondría una dificultad el necesitar determinados documentos que les pudieron haber sido negados en su nacimiento durante la segregación. Los estadounidenses de bajos ingresos también se verían afectados, ya que es menos probable que dispongan de un pasaporte, por lo que tendrían que presentar un documento de identidad o el certificado de nacimiento que, en caso de perderlos, tendrían que pagar para sustituirlos.

En el caso de las personas transgénero puede suponer un problema mayor, ya que si han cambiado su nombre y género en sus documentos, ninguno de esos dos datos coincidirán con los que figuran en la partida de nacimiento. El Gobierno republicano reclama que en los pasaportes de los votantes tiene que figurar el género que les fue asignado al nacer, lo que podría generar un conflicto a las personas transgénero al no coincidir este dato con el documento de identificación ni con su apariencia actual.