La mañana del pasado miércoles 3 de julio amaneció con una cierta e insólita esperanza para la familia de Ola al Qaradawi, una bióloga qatarí de origen egipcio. Esa mañana, Ola cumplía dos años de encarcelamiento en detención preventiva, el máximo permitido por la ley egipcia, y las opciones de que se ordenara su puesta en libertad eran elevadas.

La abogada de la familia fue la encargada de comunicarles la noticia de sabor agridulce: un tribunal había decidido dejar a Ola en libertad condicional, un régimen que conlleva estrictas condiciones pero que le permitiría abandonar la cárcel. La única traba legal era que la Fiscalía aún tenía 48 horas para invalidar la decisión de la corte anterior, pero ese riesgo se disipó la mañana siguiente, marcando el final del periplo carcelario de Ola.

En Egipto, sin embargo, la arbitrariedad suele pesar más que la norma. La familia ya estaba celebrando la inminente liberación de Ola, cuando recibieron otra llamada de la abogada. La oficina de la fiscalía, sin previo aviso, había convocado a Ola y le había comunicado que habían interpuesto nuevos cargos contra ella, entablando completamente un nuevo caso que podría dejarla en prisión en detención preventiva otros dos años.

"Habíamos empezado a pensar lo que haríamos cuando llegase a casa, lo que colgaríamos en la entrada, la comida que prepararíamos, estábamos desbordados de felicidad", evoca a Público Ayah Hosam, hija de Ola. "Ahora no tenemos ninguna información sobre ella, no tenemos forma de comunicarnos, no sabemos si está sana y bien, ni cómo avanza todo", agrega. "Es como si volviéramos a empezar de cero".

Ola fue arrestada inicialmente junto a su marido, Hosam Khalaf, la noche del 30 de junio de 2017 mientras celebraban el final del mes sagrado de Ramadán en la costa norte de Egipto. Ambos fueron acusados de estar vinculados a los Hermanos Musulmanes, una organización islamista declarada grupo terrorista por el régimen de Abdel Fatah Al Sisi poco después de que los militares los apartasen del poder en 2013 tras un golpe de Estado.

La doble detención de Ola y Hosam desató la polémica de forma inmediata. Por un lado, Egipto nunca ha presentado pruebas para justificar sus acusaciones y no ha permitido a la pareja defenderse en juicio. Y, por otro lado, su arresto se produjo poco después de estallar una crisis diplomática entre Qatar y una alianza liderada por Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, en parte debido al apoyo de los primeros a la Hermandad.

"Ni siquiera está claro que Ola y su marido estuvieran involucrados en alguna actividad política"

Por estos motivos, pocos dudan de que el motivo de la detención de Ola sea en realidad el de usarla como rehén de este conflicto político. "Ni siquiera está claro que Ola y su marido estuvieran involucrados en alguna actividad política, pero el régimen está usando su conexión familiar con Yousef al-Qaradawi, una prominente figura islamista con sede en Qatar que se opone a Al Sisi y es el padre de Ola, como una forma de atacar a Qatar y a los Hermanos Musulmanes", señala a este medio Amy Hawthorne, subdirectora de investigación en el Proyecto sobre la Democracia en Oriente Medio (POMED).

Durante su estancia en prisión, Ola ha pasado los dos últimos años en confinamiento solitario, encerrada inicialmente las 24 horas del día en una pequeña celda sin baño ni ventanas ni luz natural, de la que desde hace un año la dejan salir una hora al día, según relata su familia. Además, su entorno apunta que no ha recibido permiso oficial para visitar a Ola en estos dos últimos años, y que no la ha podido visitar ni su propia abogada.

Asimismo, sus familiares denuncian que Ola sufre estrés psicológico agudo, recibe una alimentación pobre y a menudo se le niega acceso a la cantina de la cárcel. Se encuentra en condiciones antihigiénicas, en parte debido a que solo tiene unos pocos minutos al día para usar los servicios de prisión, y su celda estaría infestada. Por ello, Ayah nota que, a sus 58 años, Ola es vulnerable a que la situación deteriore dramáticamente su salud.

El marido de Ola se encuentra por su parte en una situación similar a la de su esposa, y aunque no está confinado en solitario, Hosam pasa sus días en la segunda prisión de máxima seguridad del notorio complejo de Tora, en El Cairo.

"El único momento que hemos podido ver a nuestros padres ha sido cuando, durante una sesión judicial, el juez permite que un miembro de la familia se acerque y pueda verles desde detrás del cristal [que aísla a los acusados en las audiencias]", explica Ayah.

Tras recibir la noticia de que se habían presentado nuevos cargos contra ella, Ola anunció el inicio de una huelga de hambre hasta su puesta en libertad de forma incondicional, una decisión a la que se sumó durante unos días su hija Ayah a pesar de que su familia teme que ello pueda deteriorar aún más su frágil salud e incluso conducirle a la muerte.

"En su día, Ola le dijo a la abogada que pesaba menos de 40 kilos, por lo que no está sana y no sabemos cuánto tiempo puede aguantar una huelga de hambre", desliza Ayah, que añade: "Mi madre está sola en la celda, por lo que, si le pasa algo, no tiene a alguien que pueda cuidarla, ni siquiera alguien que pueda avisar de que le ha ocurrido algo". "Estamos extremadamente preocupados por lo que pueda pasar", reconoce.

"Mi madre está sola en la celda, por lo que, si le pasa algo, no tiene a alguien que pueda cuidarla"

El pasado junio, Mohamed Morsi, ex Presidente egipcio y uno de los líderes destacados de los Hermanos Musulmanes, murió durante una sesión judicial tras haberse alertado un año y medio antes que las precarias condiciones en las que se encontraba en prisión podrían provocarle una muerte prematura. Lejos de ser el primero, cerca de una decena de figuras destacadas, sobre todo de perfil islamista, habían muerto antes mientras estaban en prisión, y ahora otros, como Ayah, temen que los suyos sean los siguientes.

"Desde el golpe de Estado de 2013, el régimen de Al Sisi usa las leyes del sistema judicial como herramienta clave de represión y el sistema penitenciario en particular para castigar a los disidentes y disuadir a posibles opositores", defiende Hawthorne, de POMED.

Aunque resulta difícil de determinar debido a que las autoridades egipcias no ofrecen estadísticas, algunos recuentos ponen la cifra de detenidos desde el golpe de Estado por encima de las 60.000 personas, lo que en 2015 llevó a las prisiones egipcias a operar al 150% de su capacidad, según el semioficial Consejo Nacional para Derechos Humanos.

Entre las prácticas empleadas de forma sistemática por las autoridades egipcias para amedrentar a la oposición son habituales las estrictas restricciones de las visitas, lo que no solo aumenta el secretismo de lo que ocurre en su interior, sino que también impide que los abogados puedan preparar las defensas y que familiares puedan entregar comida, medicinas u otros bienes básicos que escasean en prisión. Dentro de las cárceles, las autoridades han sido acusadas de dar un tratamiento cruel e inhumano a muchos reclusos, vulnerando tanto la legalidad como los estándares de mínimos internacionales.

Este es particularmente el caso de la cárcel Escorpión, en la que algunos apuntan que Hosam podría encontrarse. Esta prisión ha sido el agujero negro en el que han acabado muchas figuras prominentes de grupos islamistas, como la Hermandad, y salafistas-jihadistas, pero también personas que no están vinculadas a ninguna, como sería Hosam.

En una entrevista emitida en 2012, un General Mayor egipcio describió Escorpión como "una cárcel donde no hay luz natural ni aire fresco; la cantidad de aire es apenas suficiente para que la gente respire". "Fue diseñada para que aquellos que entraban no salieran de allí sino muertos", aseguró, "fue diseñada para prisioneros políticos".

"Los horribles malos tratos que reciben los prisioneros refleja la mentalidad de las autoridades egipcias,” considera a Público Amr Magdi, investigador en la división de Medio Oriente y Norte de África de Human Rights Watch (HRW). "Refleja su creencia sobre los derechos humanos, que es la de que los derechos humanos no existen, que no son necesarios o que ni siquiera son derechos humanos [porque] no todos los humanos tienen derecho a ellos", apunta. Asimismo, Magdi agrega que estos tratos reflejan también el hecho de que los dirigentes de Egipto "tienen derechos absolutos, son dioses que no están sujetos a ninguna rendición de cuentas ni escrutinio, y que pueden gobernar el país de la forma que les plazca sin que sean cuestionados por ello".

La prevalencia de estas prácticas ha sido en buena medida facilitada por la pasividad de la comunidad internacional ante las sistemáticas vulneraciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Al Sisi. Una indiferencia aún más evidente en casos como el de Ola y Hosam, que son residentes de los Estados Unidos, de donde Ayah es ciudadana.

Por este motivo, Ayah, que recientemente ha estado en Washington visitando oficiales de la administración estadounidense, considera que el apoyo recibido hasta el momento no es suficiente, y que se necesita la intervención directa de la Presidencia. "Necesitamos la intervención de la Casa Blanca para acabar con esto, porque así se han resuelto otros casos, y [Donald] Trump tiene una relación muy cercana con Al Sisi", agrega. "Vamos a necesitar ese nivel de intervención para resolverlo".