Los argumentos sobre la oficialidad del catalán, gallego y euskera que los países de la UE no compran

El Gobierno repite una y otra vez que ya no puede hacer más, que su propuesta aplaca todas las dudas que tienen el resto de Estados miembros de la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera. Sin embargo, una gran parte de los socios comunitarios no apoyan la propuesta presentada por España en el Consejo de la UE ya hace casi dos años y consideran que es una iniciativa que conllevaría una reforma de los tratados de la UE y, entre otros, un incremento del presupuesto comunitario en materia de traducción e interpretación.

La objeción más importante que dicen tener los países comunitarios es de carácter legal. En el último Consejo de Asuntos Generales de la UE, un grupo de países liderado por Alemania insistió en que la medida requería una modificación de los tratados del bloque europeo. Más allá de Alemania, también se pronunciaron en la reunión con estos términos países como Italia, Francia, Finlandia, Suecia, Bulgaria y Croacia, según fuentes diplomáticas presentes en la sala donde se celebró el último encuentro del Consejo de la UE.

Desde la firma de los tratados fundacionales en Maastricht en 1992 solo se han reformado tres veces y la última vez se modificaron en 2007 en Lisboa. Por lo tanto, es evidente que una modificación de los tratados suele comportar largas negociaciones y disputas, es una medida completamente excepcional en la Unión Europea. Además, en estos momentos no hay ningún indicio de que la Comisión Europea ni los Estados miembros quieran llevar a cabo una reforma de esta magnitud.

España niega que sea necesario una modificación de los tratados de la UE para incluir en la lista de lenguas oficiales el catalán, el gallego y el euskera. Pero los mismos servicios jurídicos del Consejo de la UE lo desmienten y aseguran que sí que sería necesaria una reforma de este calado. Sea como sea, fuentes diplomáticas españolas subrayan que la posición de los servicios jurídicos del Consejo de la UE no es vinculante. Además, la Moncloa propuso en la última discusión sobre esta iniciativa que su aprobación se condicionara a una sentencia positiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Aún así, Alemania, gobernada ahora por el conservador Friedrich Merz, mantiene su oposición a la propuesta española.

Más allá del encaje legal, hay muchos países que no ven claro que España pueda legalmente asumir los costes de la traducción y la interpretación del catalán, el gallego y el euskera. El Gobierno asegura que sería un apartado de los presupuestos de la UE que irían solo a cuenta suya, pero no se fían de que esto pueda ser posible y, además, temen que un cambio de color en la Moncloa podría hacer que España se desentienda y lo acaben pagado todos los países del bloque comunitario.

Por otro lado, aún hay muchos Estados miembros que temen que dar el máximo reconocimiento a lenguas como el catalán, el gallego y el euskera puede provocar que comunidades lingüísticas minorizadas que se encuentran en sus respectivos territorios reivindiquen un mejor trato. Este temor está extendido especialmente en países donde hay minorías rusófilas, como los Bálticos, y en países con una larga tradición de represión contra las lenguas minorizadas, como puede ser Francia o Italia.

Moncloa señala al PP  

A pesar de estas reticencias de algunos países de la UE, Moncloa insiste en que ha aplacado todas las dudas legales y económicas del resto de socios europeos, y atribuye su oposición a motivos políticos. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, tildó de "inaceptable" que algunos países digan que tienen dudas pero no expresen cuáles son ni se sienten con España a trabajarlos. "Esto no son dudas legítimas; es simplemente una táctica dilatoria", dijo en una entrevista en la Ser Catalunya.

En la misma línea, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, acusó en el Consejo de la UE a algunos países de "secuestrar" y "retrasar" de forma innecesaria la tramitación de la propuesta. Además, hace tiempo que el Gobierno español acusa al Partido Popular de aprovechar la influencia de la familia política conservadora a escala europea, que es la que tiene más gobiernos en el bloque comunitario, para poner trabas a la iniciativa. De hecho, la gran oposición de Alemania a la iniciativa empezó precisamente cuando los conservadores, con Friedrich Merz al frente, recuperaron la cancillería germana en detrimento de los socialdemócratas, que parecían mostrarse abiertos a aceptar la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea.

Cabe recordar también que el PP catalán ya admitió que su formación política a nivel estatal había intercedido para evitar que la iniciativa fructificara en la Unión Europea. Además, por ejemplo, varios eurodiputados del Partido Popular Europeo enviaron una carta a la secretaria general de las Escuelas Europeas para intentar evitar que aceptaran enseñar en catalán, tal como pidió el Gobierno y aprobó finalmente esta institución educativa.