Bruselas permitirá a los países compensar el 70% del sobrecoste energético por la guerra en Irán
La Comisión Europea ha aprobado un marco temporal de ayudas por la crisis en Oriente Medio que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.
Bruselas--Actualizado a
La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un nuevo marco temporal de ayudas de Estado para permitir a los gobiernos de la UE compensar el impacto económico de la crisis en Oriente Medio, con medidas que incluyen subvenciones de hasta el 70% de los sobrecostes energéticos y de materias primas en sectores como la agricultura, el transporte o la pesca.
El instrumento, bautizado como Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis en Oriente Medio, estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año y busca dar respuesta inmediata al alza de los precios de la electricidad, el gas y algunos insumos, que, según explica el Ejecutivo comunitario, está presionando los costes de producción y amenazando la viabilidad de numerosas actividades económicas.
En este sentido, las medidas se orientan especialmente a sectores con fuerte exposición a estos incrementos, como la producción agrícola -afectada especialmente por el encarecimiento de los fertilizantes-, el transporte por carretera, ferrocarril y marítimo, y la pesca, donde, señala la Comisión, el aumento de los gastos operativos puede comprometer directamente la continuidad de la actividad.
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La aviación, en cambio, no figura entre los sectores incluidos en este marco, ya que, según aclara el Ejecutivo comunitario, el impacto de la subida de precios no es comparable al de otras actividades, en parte porque muchas aerolíneas cuentan con coberturas de combustible a corto plazo.
Bruselas considera, además, que el sector dispone ya de instrumentos específicos para hacer frente a posibles disrupciones, como la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público en rutas esenciales para garantizar la conectividad.
En la práctica, las ayudas permitirán a los Estados compensar parte de la subida registrada desde el inicio de la crisis, calculado en función de la diferencia entre los precios actuales y los niveles previos, y limitado a un porcentaje del consumo de cada empresa.
Además, Bruselas introduce una opción simplificada para acceder a las subvenciones, que permitirá a los países calcular los importes en función de criterios como el tamaño y el tipo de actividad de las empresas, así como estimaciones generales del uso de combustible en el sector u otros indicadores, en lugar de exigir a cada beneficiario pruebas detalladas de su consumo real, con un máximo de 50.000 euros por beneficiario.
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A partir de esa cantidad, sin embargo, la Comisión sí exigirá que las ayudas se justifiquen sobre la base de los costes efectivamente soportados, de modo que pueda acreditarse el aumento registrado y garantizar que la compensación no supere el 70% de ese incremento.
Más flexibilidad para la industria intensiva en energía
El nuevo marco también introduce ajustes en las normas de ayudas ya existentes para permitir mayor apoyo a las industrias intensivas en energía. En particular, se eleva del 50% al 70% la intensidad máxima de ayuda para compensar los costes eléctricos en determinados sectores.
Estas medidas podrán cubrir hasta el 50% del consumo eléctrico de las empresas beneficiarias, sin exigir compromisos adicionales de descarbonización durante la vigencia del instrumento, con el objetivo de aliviar la presión a corto plazo.
La normativa también permitirá, de forma temporal, que algunas industrias electrointensivas acumulen este tipo de ayudas con compensaciones por los costes indirectos del régimen europeo de derechos de emisión, una combinación que hasta ahora se mantenía separada en los distintos marcos de apoyo, según explica la Comisión.
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Riesgo para la actividad económica
La iniciativa, explica el Ejecutivo comunitario, responde a la escalada de precios energéticos provocada por la inestabilidad en Oriente Próximo desde el pasado mes de febrero, que ha disparado el coste del petróleo, el gas y los fertilizantes y ha generado una fuerte volatilidad en los mercados.
Según su análisis, los precios del gas han llegado a aumentar cerca de un 85% y los del petróleo más de un 50% en las primeras semanas de la crisis, afectando directamente a la electricidad y a sectores con alta dependencia energética.
Este encarecimiento, unido a las disrupciones en las cadenas de suministro, está presionando la rentabilidad de sectores con alta dependencia energética, como el transporte o la pesca, donde el gasto en carburante representa una parte relevante de la actividad, según la Comisión.
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En el transporte por carretera, por ejemplo, donde los márgenes suelen situarse entre el 2% y el 3%, la subida del precio del diésel puede incrementar los gastos operativos en más de un 7%, empujando a muchas empresas a pérdidas.
En la pesca, el precio del carburante ya supera el umbral de rentabilidad de buena parte de la flota europea, lo que podría traducirse en la paralización de actividades si se mantienen los niveles actuales.
Medidas temporales y aprobación en pocas semanas
Las ayudas deberán ser notificadas a la Comisión para su aprobación, en un proceso que puede alargarse hasta dos meses una vez presentada la información completa, aunque Bruselas espera poder "agilizar" su tramitación, como en crisis anteriores, y dar luz verde en cuestión de semanas.
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Una vez autorizados los programas, serán los Estados miembro los encargados de ponerlos en marcha a través de esquemas nacionales, sin necesidad de una notificación individual por cada empresa, y de gestionar la selección de beneficiarios y el desembolso de los fondos.
El marco contempla además la posibilidad de conceder anticipos, con la obligación de verificar posteriormente que se cumplen las condiciones y, en su caso, recuperar los importes indebidos.
El Ejecutivo comunitario subraya que estas medidas son temporales y complementarias a las reglas habituales de ayudas de Estado, al tiempo que insiste en que la transición energética sigue siendo la solución estructural para reducir la vulnerabilidad de la economía europea ante crisis externas.
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