El fallo judicial que permite al presidente de Bolivia, Evo Morales, presentarse a la reelección sin restricciones refuerza la "voluntad del pueblo" para unos sectores, mientras los contrarios denuncian la vulneración de la decisión popular expresada en un referéndum. El oficialismo boliviano ha celebrado la noticia, hecha pública ayer por el Tribunal Constitucional (TC), como si proviniese de las urnas, ya que tanto el mandatario boliviano como sus principales colaboradores han entendido que con ello se cumple "el mandato del pueblo boliviano".

Legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron en septiembre una demanda ante el Constitucional pidiendo que se declarasen inaplicables algunos artículos de la Constitución y otros de la ley Electoral que impedían a Morales volver a presentarse como candidato. El recurso judicial apeló al artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos para que se respete el derecho del presidente a ser elegido y el del pueblo a elegirlo.

El TC resolvió que prevalece ese artículo del tratado internacional sobre la Constitución y la normativa electoral. La exmagistrada Silvia Salame estimó que la parte más importante del fallo es que el Constitucional "ha dejado sin efecto los resultados del referéndum del 2016" y que, a su juicio, se tomó una atribución que no le correspondía. Un criterio similar es el del abogado constitucionalista Carlos Alarcón, quien expresó que con el fallo "se esta violando la soberanía popular" manifestada en dicha consulta.

En febrero de 2016 se celebró un referéndum para autorizar una reforma constitucional que permitiera la candidatura de Morales en 2019, con un resultado que fue adverso al gobernante. A partir de aquello, las organizaciones sociales que le apoyan buscaron vías constitucionales para postularlo, pese a que él señaló que respetaría el resultado del referéndum y al término de su actual gestión volvería a trabajar a su región de origen.

Salame, al ser consultada sobre si el fallo da la posibilidad a Morales para una reelección indefinida, dijo que sí. "No lo dice expresamente, pero así lo decía la demanda", señaló. La sentencia también favorece a otras autoridades nacionales y regionales que no podían presentarse por haber cumplido su segunda gestión consecutiva.

Por su parte, Alarcón planteó que el fallo es una prueba de la "violación de los derechos de los electores" y debe adherirse a la demanda abierta por la oposición de Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, propuso que sea la misma oposición la que presente una denuncia ante la OEA por la violación del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana.

Por contra, el ministro de Justicia, Héctor Arce declaró que el fallo "respeta y desarrolla plenamente" la Constitución y observa la Convención Americana de los Derechos Humanos en torno a la posibilidad que tendría el pueblo de elegir a sus autoridades y de los gobernantes a ser elegidos. El artículo 256 de la Constitución boliviana establece que los tratados que desarrollen cuestiones de derechos humanos de mejor manera que la propia Ley Suprema serán aplicados preferentemente.

La Constitución promulgada por Morales en 2009 permitía antes del fallo del TC únicamente dos mandatos consecutivos. En 2013 el tribunal validó la tesis oficialista de que el primer mandato del gobernante (2006-2009) no contaba por la refundación del país establecida en la Carta Magna de 2009.

La sentencia constitucional, a criterio de la oposición, puso en duda la credibilidad de los actuales funcionarios de justicia y de las elecciones judiciales que se celebrarán el domingo para designar, por simple mayoría, a los magistrados de cuatro altas instancias de la Justicia boliviana. Los candidatos están elegidos por el Parlamento, de mayoría gobernante.

Los detractores de Morales han decidido impulsar el voto nulo para lanzar un mensaje contra la Justicia y el proceso electoral que creen están sometidos políticamente al poder Ejecutivo, mientras que el oficialismo asegura que la medida servirá para iniciar las reformas deseadas.

La oposición se organiza y EEUU le insta a que renuncie

Mientras los principales opositores prometían que construirán una "alternativa de esperanza y unidad" frente a Morales, el Gobierno de Estados Unidos instaba a Morales a que renunciase a otro mandato.

Los exmandatarios bolivianos Jorge Quiroga y Carlos Mesa, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, difundieron un comunicado en el que dejaban claro que, "en estos días aciagos", organizarían "una alternativa de esperanza y unidad para ofrecerle a Bolivia un horizonte democrático plural, alejado del autoritarismo y la corrupción".

Por su parte, la Casa Blanca le pidió a Morales que respetase el resultado de los referendos constitucionales de 2009 y 2016. "EEUU está profundamente preocupado por el fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia de declarar inaplicables las provisiones de la Constitución que prohíben a los cargos electos servir más de dos mandatos consecutivos", afirmó el Departamento de Estado. La decisión, según el Gobierno estadounidense, "menosprecia la voluntad del pueblo de Bolivia confirmada en referendos recientes".