En menos de un mes, la policía griega ha desalojado a siete edificios okupados en el barrio de tradición libertaria de Atenas, Exarchia, y sus alrededores. Cinco de ellos, okupados entre 2015 y 2016, alojaban a más de medio millar de refugiados. Esta cifra es escasa en comparación con la población refugiada en Grecia, que suma alrededor de 88.000 personas según ACNUR, pero el cierre de estos edificios marca el final de una etapa.

Las conocidas como ‘squats’ llegaron a alojar a entre 3.000 y 4.000 personas y se convirtieron en un símbolo de solidaridad con los refugiados en la pico de la llamada ‘crisis de refugiados’ de 2015 y los meses posteriores. Entonces, el tejido social se organizó para responder a la falta de soluciones estatales y, con los años, estas okupaciones se habían consolidado. Su cierre da pie al inicio de una nueva etapa, marcada por el endurecimiento de las políticas migratorias tras el cambio de gobierno en julio.

En menos de tres meses desde que se puso al frente del gabinete, el nuevo primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, ha reforzado la vigilancia fronteriza, ha aumentado los controles dentro del país y ha anunciado que hasta finales de 2020 deportará a Turquía a 10.000 personas cuya petición de asilo sea rechazada.

Angeliki Dimitriadis, investigadora de la Fundación Helénica para la Política Europea y Exterior, pone en duda que el gobierno pueda efectuar 10.000 deportaciones a Turquía en estricto cumplimiento de la ley internacional. “Esta cifra es sorprendentemente alta en comparación con los datos de años anteriores. Si no se llega a un acuerdo político específico con Turquía, que implicaría importantes contrapartidas, es improbable que ocurra”.

En los cuatro años y medio de mandato de la izquierdista Syriza, las devoluciones a Turquía han sido de apenas 1.800.

El fin de una etapa de autogestión

En el centro de Atenas abundan los edificios abandonados, privados y públicos, un estrago más de la crisis económica que aún se palpa en el país. En 2015, con la llegada de más de un millón de refugiados a Grecia, algunos de ellos fueron okupados para alojarlos. Era una situación de emergencia, los alojamientos oficiales escaseaban y, en general, la gente estaba de paso. Antiguas escuelas y hoteles se convirtieron en la casa provisional de millares de refugiados. El epicentro de las okupaciones era el barrio ateniense de Exarchia, con un fuerte tejido social.

Las conocidas como ‘squats’ llegaron a alojar a entre 3.000 y 4.000 personas y se convirtieron en un símbolo de solidaridad

Conocido por su tradición libertaria, la policía no entraba de forma regular al distrito desde 2008, cuando el asesinato del adolescente Alexis Grigorópulos a manos de un agente desató la rabia popular y motivó unas revueltas que se alargaron varias semanas. Pero nada más llegar al poder, Mitsotakis desplegó a la policía por el barrio y empezaron los desalojos.

Las condiciones de vida en estos edificios okupados eran precarias, pero ofrecían la posibilidad de vivir en la ciudad, cerca de servicios públicos, ONGs y, en general, integrados en la sociedad. Su modelo de autogestión las colocó como una alternativa a la respuesta estatal.

Ahora, los alrededor de 500 refugiados desalojados en las últimas semanas viven en campos fuera de Atenas. El más cercano está en Corinto -a hora y media de la capital- pero otros se encuentran mucho más alejados, en el norte de Grecia.

Las personas que estaban en situación irregular han sido trasladadas a centros de detención, donde deben pedir asilo o serán deportadas. Organizaciones como la Federación griega de Profesores de Secundaria han lamentado que los desalojos provocan, una vez más, el desarraigo de sus ahora exalumnos y que el traslado a campos alejados dificulta su acceso a la educación.

Las islas, una situación insostenible

Paralelamente, el incremento de llegadas en los últimos meses ha agravado la situación ya precaria de las islas, cuyos campos cuentan con una superpoblación crónica. El motivo es que los recién llegados deben esperar a que su solicitud de asilo sea admitida a trámite antes de trasladarse al continente, en virtud de la declaración conjunta entre la Unión Europea (UE) y Turquía. En el último mes, llegaron a las islas 10.000 personas, la cifra mensual más alta desde 2016.

Médicos sin Fronteras (MSF) denunció en septiembre, cuando eran 24.000 los refugiados en las islas, que en estos campos Grecia y la Unión Europea “desatienden deliberadamente” a los migrantes, que “pagan el precio el precio de las inhumanas políticas del acuerdo UE-Turquía”.

En el último mes, llegaron a las islas 10.000 personas, la cifra mensual más alta desde 2016

El domingo, un incendio en el campo de Moria, en Lesbos, provocó la muerte de una mujer y, según algunos medios locales, también de su hijo recién nacido. Esto no cogió por sorpresa a nadie, ya que la superpoblación de Moria -aloja a 12.000 personas pero está diseñado para 3.000- la convierte en un polvorín. Apenas unos días antes, un niño que dormía fuera del campo en una caja de cartón murió arrollado por un camión. En total, en las islas viven 30.000 solicitantes de asilo, aunque los campos están pensados para alojar a 6.000.

Después de una reunión de urgencia ante el fatal incendio, el lunes el gobierno anunció nuevas medidas migratorias. Entre ellas, una nueva ley de asilo que prevé acelerar el proceso y finalizarlo en tres meses. “Esto requiere un incremento importante de personal, recursos y apoyo financiero, pero no hay indicios de que esté en consideración”, apuntó Dimitriadis, experta en políticas migratorias. Si, aún así, el proceso se acelera, podría ir en detrimento de sus garantías legales.

Durante la presentación de las medidas, el portavoz del gobierno griego, Stelios Petsas, afirmó que por la nacionalidad de los que llegan, Grecia se encuentra “ante un problema de migración, no de refugiados”. Actualmente, un 38 % de los recién llegados son afganos, mientras que un 20 % son sirios. Para Dimitriadis, relacionar nacionalidad con derecho al asilo “crea un sesgo” porque predetermina quien tiene derecho a él. “Es una forma indirecta de rodear la Convención de Ginebra sin violarla del todo”, apunta.

“Siria no es el único país que produce refugiados. Pedir asilo es un derecho individual y necesita ser examinado caso por caso”, aclara Ioanna Kotsioni, jefa del área de Incidencia, Investigación y Políticas de la ONG Solidarity Now.

Grecia se encuentra "ante un problema de migración, no de refugiados", según el portavoz del gobierno griego

Otros cambios previstos en la ley que el gobierno presentará en las próximas semanas son la modificación del concepto de ‘vulnerabilidad’ para eliminar el Síndrome de Estrés Postraumático como una de sus variables y también la obligación de alojarse en el centro designado para que continúe el proceso de petición de asilo.

Kotsioni señala que “la urgencia de trasladar personas de las islas debe ser una prioridad” pero al mismo tiempo hay que evitar que las personas trasladadas al continente acaben en campos con “malas condiciones similares” a las de las islas. Por eso, se decanta por la ampliación de plazas en pisos y hoteles, antes que los campos militarizados: “Hay una gran diferencia cuando la infraestructura está cerca de un entorno urbano, sino, la gente está muy excluida”.

La integración en el tejido urbano era uno de los objetivos que perseguían los edificios okupados en Atenas. Kotsioni no entra a valorar su idoneidad, pero apostilla: “La verdad es que, a día de hoy, aún no hay plazas de alojamiento para cubrir a todos [los refugiados]. Hay personas sin techo”.