La Comisión Federal de Energía (CFE), empresa estatal mexicana, considera que Iberdrola vendió de forma irregular electricidad producida en la planta Dulces Nombres, ubicada en Monterrey, una de las principales ciudades industriales del país y cercana a la frontera con Estados Unidos. Según una demanda presentada ante la Comisión Reguladora de la Energía (CRE), esa central vendió electricidad a pesar de tener permiso para el autoabasto, un modelo que prohíbe hacer negocios. Público tuvo acceso a una de las demandas presentadas contra Iberdrola, así como al borrador de la CRE que inicia el procedimiento administrativo de sanción contra la planta de Monterrey y que fue aprobado el pasado 28 de enero. En su querella, la Comisión Federal acusa a Iberdrola México de crear un mercado paralelo, ya que la energía que supuestamente ha vendido tenía un precio inferior por estar subvencionada. Según fuentes federales, por este esquema las arcas estatales habrían dejado de ingresar unos 7.000 millones de pesos (más de 300 millones de euros).

Público ha solicitado a Iberdrola México su versión de los hechos, pero la compañía declinó pronunciarse: "Por el momento, no comentamos", declaró una portavoz de la compañía en Ciudad de México horas antes de publicar este artículo.

El mecanismo investigado por México es el siguiente: la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1993 prevé la existencia de una serie de plantas, denominadas de autoabasto, que solo pueden generar energía para sus socios a condición de que ésta sea sin ánimo de lucro. "Los titulares de los permisos no podrán vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica", dice el artículo 36 de la norma.

Iberdrola México tiene diversas plantas que tienen este permiso de las autoridades, entre ellas la de Dulces Nombres. Según el informe que avala el inicio de la investigación, la eléctrica incluyó como socios de ese autoabasto a un total de 497 empresas, entre las que se encuentran algunas de las compañías más grandes de México, como Cementos Apasco, propiedad de la multinacional suiza Holcim; Kimberly Clark, Nissan, BioPappel o Cemex. Según publicó recientemente La Jornada, estas compañías no habrían sido informadas de que la operación de venta podría constituir una irregularidad.

Facturas entre 2019 y 2020

La demanda contra Iberdrola, que fue presentada por la CFE en septiembre de 2021, analiza la actividad económica de la planta entre el 1 de enero de 2019 y el 20 de agosto de 2020. Su acusación: "Se advierte que la Permisionaria comercializó la energía eléctrica generada por la central vendiéndola a sus socios, en contravención de lo previsto" en la ley. Público tuvo acceso a varias facturas emitidas por Iberdrola a la cementera Holcim y que las autoridades consideran son una prueba del fraude. "Esto muestra que están vendiendo energía ilegalmente, ya que la central es de autoabasto y no lo permite. Si fuera así, estarían estafando a Hacienda, ya que están cobrando el IVA a su cliente", explicó una fuente cercana al proceso consultada por este medio.

El procedimiento de sanción fue aprobado por la CRE el 28 de enero, por lo que Iberdrola ya habría sido notificada. Desde esa fecha dispone de 15 días hábiles para presentar sus alegaciones. La investigación puede concluir con una multa millonaria para la compañía. Según el artículo 40 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la sanción puede ser de "cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, por cada KW de capacidad de la planta de autoabastecimiento". En este caso, el salario mínimo está en 128 pesos, por lo que la multa podría superar los 6.000 millones de pesos (más de 250 millones de euros), ya que la planta tiene una capacidad de 500MW aproximadamente. No obstante, la eléctrica puede recurrir ante la Justicia, por lo que el proceso podría alargarse más de un año.

La investigación no es el único problema que afecta a la planta de Dulces Nombres. El pasado lunes, 31 de enero, venció su contrato -vigente desde 2002-, por lo que dejó de generar energía. Iberdrola solicitó a la CFE un nuevo permiso y dejar de ser una planta de autoabasto, pero las autoridades mexicanas se lo negaron. "Se tenía una relación contractual entre CFE e Iberdrola Monterrey en Autoabastecimiento, el cual venció el 31 de enero a las 23.59 horas, lo que originó la desconexión de las unidades generadoras de la red de CFE", informó la estatal, que eludió hacer comentarios sobre la demanda y la apertura de expediente sancionador.

Iberdrola lleva más de 20 años en México y tiene una capacidad de 9.3GW en 16 centrales de ciclo combinado y cogeneraciones (la de Monterrey es una de ellas), 693 a través de siete parques eólicos y 470MW en tres parques fotovoltaicos, según informa la empresa a través de su página web. Se trata de la principal empresa energética que opera en México ya que genera el 16% de la energía que se consume en el país.

Reforma eléctrica a debate

La investigación a Iberdrola México llega en un momento en el que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo sacar adelante la reforma eléctrica que busca priorizar la energía generada por el Estado frente a la que producen las empresas privadas.

Actualmente, la CFE produce aproximadamente el 38% de la energía del país, mientras que las compañías privadas generan el otro 62%, según fuentes oficiales. Según el nuevo proyecto, que necesita para su aprobación a dos tercios del Congreso, el Estado se reservaría el 54% de la generación energética. Se trata de una de las iniciativas estratégicas del presidente mexicano, que defiende que el cambio normativo evitará abusos por parte de las grandes empresas. "Si no se fortalece a la CFE, las empresas particulares que tienen como propósito el lucro van a abusar de los consumidores, como lo están haciendo en España", dijo López Obrador recientemente en una conferencia de prensa. Sus detractores, por el contrario, consideran que el presidente está apostando por un modelo obsoleto que va a generar más gastos a las arcas mexicanas y advierten de que va a priorizar la energía fósil estatal por encima de las renovables privadas