MADRID. - Las organizaciones Alianza por la Solidaridad y Amigos de la Tierra han entregado este jueves 23.000 firmas para denunciar la violación de los derechos humanos de la comunidad indígena por parte de la empresa española Ecoener - Hidralia en Guatemala. "La impunidad de la que disfrutan las empresas en América Latina es sistemática" ha denunciado Almudena Moreno de Alianza por la Solidaridad.

A través de esta acción simbólica, exigen la retirada definitiva de la hidroeléctrica gallega en el río Canbalam, en el territorio indígena de Santa Cruz de Barillas, donde estaba prevista la construcción de una presa. "Esta compañía ha irrumpido en la zona sin ningún tipo de consulta y con el beneplácito de las autoridades guatemaltecas, provocando un grave conflicto social" ha declarado Almudena.

Varios miembros de las ONGs han acudido a la embajada de Guatemala en Madrid, con las caras pintadas con la bandera del país, amordazados y con fotografías de las personas indígenas que viven en la zona y que piden el cese de las acciones.

La empresa española se estableció en 2007 con la intención de construir un proyecto hidroeléctrico en el río Canbalam, que es fuente de recursos y trabajo para gran parte de la comunidad de Barillas. 

"No solo se violó el derecho a una consulta previa sobre la obra, sino que Ecoener - Hidalia fomentó la represión contra los líderes de las comunidades que se opusieron", informan las ONGs. En total, 10 personas han sido encarceladas de forma arbitraria y, aunque aún no han sido juzgadas, muchas han permanecido en la cárcel durante más de dos años, denuncia Almudena.

 El despliegue de las organizaciones y las protestas de los indígenas ha logrado que el director para Centroamerica, Humberto López, se comprometiera a paralizar el proyecto. "Sin embargo, aún no se ha retirado la maquinaria y todo sigue igual", ha señalado Almudena Moreno. 

Alianza por la Solidaridad y Amigos de la Tierra comenzaron hace un año la campaña y la recogida de firmas para la retirada de la empresa del territorio y el cese de las acciones contra las poblaciones indígenas. Este jueves 3 de noviembre, presentan al embajador de Guatemala en España, Fernando Molina de Aragón, las 23.000 firmas recogidas.

"Se han llevado a cabo numerosas acciones de solidaridad con las comunidades de Barillas. Ahora que Naciones Unidas ha resuelto establecer un mecanismo vinculante sobre derechos humanos y empresas, esperamos que dejen de existir estos casos como el de barillas e Hidralia", ha señalado Alejandro González, coordinador de Amigos de la Tierra, que ha añadido que está situación no es algo marginal, sino que es práctica habitual por parte de las empresas en América Latina. 

Un año después, la movilización social ha conseguido cesar las agresiones por parte de la empresa gallega Ecoener - Hidralia y la puesta en libertad sin cargos de varios líderes comunitarios que fueron detenidos.