Chile avanza en la construcción de su historia reciente con certezas judiciales. Un equipo internacional y multidisciplinario ha confirmado que el presidente socialista Salvador Allende acabó con su vida el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda, mientras las tropas del golpista Augusto Pinochet ponían fin a la democracia.

Tras dos meses de exámenes, un equipo del Servicio Médico Legal de Chile, junto a varios científicos extranjeros, concluyó: "La causa de la muerte del presidente Allende fue una lesión perforante en la cabeza por proyectil de arma de fuego de alta velocidad a contacto".

Según explicaron los forenses chilenos, esta causa de muerte es atribuible a un suicidio. El informe fue entregado al juez especial Mario Carroza, que lo había encargado dentro de su investigación del deceso, y también a la familia del presidente socialista.

La de Allende fue una de las 700 denuncias que comenzaron a ser investigadas

El entorno cercano del mandatario chileno siempre creyó que éste se había quitado la vida, no obstante, existían dudas debido a que Allende fue enterrado la misma noche del golpe de Estado sin que su familia pudiera siquiera reconocer el cuerpo. Con el regreso de la democracia, en 1990, se celebró un funeral con honores pero sin practicas periciales que dictaminaran la causa de la muerte.

La senadora Isabel Allende, hija del presidente, agradeció el trabajo, que alabó por ser "muy riguroso". El médico legal español Francisco Etxeberría Gabilondo participó como perito en representación de la familia.

"Podemos asegurar que se trata de una muerte violenta de explicación médico legal suicida, y por ello no tenemos absolutamente ninguna duda", aseguró Etxeberría. Los forenses explicaron que el arma fue un fusil, que Allende apoyó bajo su mentón para poder dispararse. El rifle era un AK-47 que le había regalado Fidel Castro, precisó el perito balístico británico David Pryor.

El cadáver de Allende fue exhumado a comienzos de mayo

A comienzos de mayo, el cadáver de Allende fue exhumado del Cementerio General de Santiago. El juez Carroza afirmó entonces que los restos estaban "íntegros", lo que permitirá al equipo de expertos trabajar sin dificultades.

El proceso por la muerte de Allende se abrió por iniciativa de los tribunales chilenos, que ordenaron realizar un catastro sobre todas las denuncias de crímenes ocurridos durante la dictadura del general Pinochet (1973-1990) que hasta la fecha no habían sido juzgados. La de Allende fue una de las 700 denuncias que comenzaron a ser investigadas. Por su relevancia, a la del presidente chileno se le dio prioridad.