El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene más cerca su inhabilitación política después de que un tribunal de segunda instancia le condenase ratificase la condena por corrupción y lavado de dinero y aumentase su pena de prisión a 12 años y 1 mes.

Tras casi diez horas de sesión, los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de la ciudad de Porto Alegre decidieron elevar la pena de nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado dinero dictada en julio pasado contra el exmandatario en primera instancia.

"Hay prueba, más allá de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción" que operó en la estatal Petrobras, afirmó el juez Joao Pedro Gebran Neto, instructor del caso, durante la lectura de su voto.

Los jueces mantuvieron un tono duro contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT) con frases demoledoras que echaron por tierra los argumentos de su defensa al considerar que las "violaciones" fueron "gravísimas".

"Lula fue beneficiario personal y directo de los sobornos puestos a disposición del PT", aseguró el juez Leandro Paulsen, presidente de la sala. "No solo había un enriquecimiento personal, también servía para financiar campañas y el proyecto político de un Gobierno", remarcó Gebran Neto.

"Estamos ante pruebas que resistieron a la crítica, al contrapunto. Si las pruebas fuesen débiles no habrían resistido. Si resistieron es que está demostrada la culpabilidad", aseguró el último en pronunciarse, el magistrado Víctor Luiz dos Santos Laus.

Lidera todas las encuestas de intención de voto

En esta causa, una de las siete abiertas en su contra en la Justicia, la mayoría por supuesta corrupción, Lula fue condenado por supuestos sobornos e la constructora OAS, que se habrían traducido en la entrega de un apartamento de lujo en la playa a cambio de favorecer a la compañía en contratos con Petrobras.

La decisión, aunque es apelable, complica las opciones del expresidente (2003-2010) para competir en las elecciones presidenciales de octubre ya que, según la legislación brasileña, los condenados en segunda instancia no pueden ser postulados.

No obstante, la última palabra sobre la candidatura de Lula, que lidera todos los sondeos de opinión y ha manifestado su intención de presentarse, estará en manos de la Justicia Electoral.

El tribunal de Porto Alegre, blindado para el juicio, subrayó que juzgaba "hechos" y no "personajes" ante las reclamaciones del abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, sobre la "motivación política" del proceso.

El letrado intervino varias veces durante el juicio con cuestiones de orden, pero siempre rascó en hueso ante el trío de jueces, que se mostró inflexible.

La Fiscalía afirmó que el presidente más popular de la historia de Brasil "lamentablemente se corrompió" y que la condena está "suficiente probada".

El juicio se desarrolló en medio de fuertes medidas de seguridad, que obligaron a establecer un perímetro alrededor del tribunal, el bloqueo del tráfico en la zona por tierra, mar y aire y un notable número de policías.

La ratificación de la condena, para la que cabe recurso, coincide con un año electoral en un país está polarizado y golpeado por los múltiples escándalos de corrupción que salpican prácticamente a todos los partidos.

Miles de personas se movilizaron hoy en Porto Alegre y en otras ciudades de Brasil, como Río y Sao Paulo, tanto a favor como en contra del expresidente, en un reflejo de la profunda división política del país.

Lula se convirtió el 12 de julio en el primer exmandatario brasileño condenado penalmente desde el restablecimiento de la democracia (1985). "Infelizmente está siendo condenado un expresidente, pero que pactó y cometió crimen", sentenció Gebran Neto.

No obstante, Lula, a sus 72 años, ha prometido batalla hasta el final. "Sólo el día en el que muera voy a parar de luchar", decía el hoy menguado mito de la izquierda latinoamericana.