"Compañeros, no teman. Vamos a luchar para poder aplicar nuestra justicia como indica la Constitución de nuestro país", asegura ante una asamblea de indígenas quechua Ricardo Chaluisa, el dirigente de la comunidad La Cocha. Este líder de 40 años, vestido con su poncho y su sombrero de fieltro marrón, reunió a finales de julio a los 185 habitantes de la zona para una sesión muy especial. Situado a 3.600 metros de altura en los Andes, el pueblito de La Cocha, en la provincia del Cotopaxi, vive momentos de tensión. Su comunidad está en el ojo del huracán de las autoridades ecuatorianas por haber aplicado la justicia indígena a un supuesto asesino.

El juicio puso a prueba el sistema judicial del país y despertó un vivo debate sobre los límites de la justicia ancestral. Un tema que preocupa hoy en día a los países de la región, entre ellos Perú y Bolivia, estados cuyas constituciones plantean el respeto a la aplicación tanto de la justicia ordinaria como de la justicia indígena.

Orlando Quishpe recibió latigazos, baños de agua fría y azotes con ortigas, además de una multa

El caso de La Cocha comenzó el pasado mayo, cuando tras una asamblea con la participación de todo el pueblo, se organizó en la plaza el juicio contra Orlando Quishpe, un joven acusado de matar a un vecino.

Inicialmente, la comunidad se inclinaba por aplicarle la pena de muerte, una sanción no contemplada en la legislación ecuatoriana. Pero hubo un cambio de veredicto y Quishpe recibió varios castigos y cinco años de trabajos comunitarios, además de una multa de 5.000 dólares. Entre los castigos que se le impusieron, Quishpe fue obligado a cargar, semidesnudo, un quintal de tierra al hombro, tras lo cual recibió latigazos, baños de agua fría y azotes con ortigas.

La Constitución reconoce la jurisdicción ancestral para "todo lo que rompa la armonía comunitaria"

Para los indígenas, ese castigo es simbólico. "Es un ritual antiguo que responde a nuestra cultura. Ayuda a purificar y limpiar el alma. El agua fría y las ortigas reactivan las buenas energías", explica Chaluisa.

En Ecuador no hay una sola justicia indígena, sino que cada comunidad la aplica según sus propios conceptos. En la Amazonia, el castigo clásico es frotar los ojos del acusado con ají, un chile muy picante.

Pero en el caso de La Cocha, el acusado no respetó las tradiciones y puso una denuncia contra los dirigentes de la comunidad ante un juzgado de Latacunga, la capital de la provincia. "Quishpe quiso vengarse de nosotros porque no podía pagar la multa", comenta el líder de La Cocha.

El fiscal sostiene que los líderes indígenas no son competentes para un caso de este tipo

 Desde entonces, el caso se ha convertido en asunto de Estado con la intervención del fiscal general, Washington Pesántez, para quien el castigo público no procede porque no está contemplado en la normativa legal ecuatoriana. Según el fiscal, los líderes indígenas que propinaron latigazos al implicado no son jueces competentes para un caso de este tipo.

Pesántez anunció dos investigaciones: una para esclarecer la muerte del indígena que se le atribuye a Quishpe y otra a los líderes indígenas por haber presuntamente "secuestrado" a Quishpe durante 15 días.

Para la dirigente indígena Lourdes Tibán, del Partido Pachakutik (PK), lo sucedido en La Cocha ya es cosa juzgada y no puede ser tratado por la justicia ordinaria. Según Tibán, la Constitución de 1998 prohíbe juzgar dos veces la misma causa, y la única instancia que puede revisar el caso es la Corte Constitucional. "De todas maneras, este caso muestra otra vez una falta de respeto a nuestras tradiciones y leyes", asegura.

El caso de La Cocha ilustra uno de los debates más sensibles en Ecuador: el papel de los indígenas y sus derechos en la sociedad. De los 14,5 millones de ecuatorianos, el 35% son considerados indígenas. En total hay 18 pueblos indígenas.

Con la llegada al poder en 2007 del socialista Rafael Correa, defensor de lo que él denomina la "plurinacionalidad", los indígenas, hasta entonces muy marginados por los mestizos y blancos de la alta sociedad, consiguieron ciertos avances sociales. Se multiplicaron las escuelas de lenguas autóctonas, la medicina tradicional fue reconocida como legal, pero la justicia sigue siendo el punto más delicado. "Es lo mas difícil de tragar para el Gobierno. La Justicia es un poder y el Gobierno de Correa no quiere para nada perderlo", comenta en Quito Fernando García, profesor de sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Para organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el caso La Cocha pone de manifiesto una peligrosa coyuntura: la criminalización de las tradiciones indígenas.

"Se nos asimila con los casos de linchamiento que se dan en los barrios, pero no tiene nada que ver con lo nuestro", considera Chaluisa. Los indígenas aseguran que su método está basado en una justicia con el universo: "Para la justicia ordinaria, puede parecer muy cruel bañar a una persona en agua helada, pero es más inhumano mantenerla en una cárcel sin condiciones adecuadas de rehabilitación y privándola de su libertad".

Según la Constitución, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales basadas en sus tradiciones ancestrales y en su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con la garantía de participación y decisión de las mujeres. Pero el texto es ambiguo sobre a qué delitos se aplicaría esta justicia: "Todo lo que rompe la armonía de la comunidad", indica. Para los detractores de la justicia indígena, esa condición deja la puerta abierta a todo tipo de abusos.

El jurista Ramiro Aguilar interpreta que la Constitución no permite a la justicia indígena tratar asuntos en los que el Estado tiene la responsabilidad de intervenir, como es un asesinato o terrorismo contra el Ejecutivo, ni ir en contra del respeto a los derechos humanos, como puede ocurrir con ciertos castigos.

Delimitar las competencias de cada justicia es el propósito del Ejecutivo, que ha tramitado una consulta a la Corte Constitucional. El criterio que defiende el Gobierno de Correa es que los delitos como el homicidio no sean tramitados por la justicia indígena, sino por la justicia común, "porque la muerte de un ser humano, de un ciudadano, no afecta sólo a una comunidad indígena, afecta a toda la sociedad".