La Cámara de los Lores británica ha aprobado una enmienda a la ley del Brexit para garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido ante la salida del país de la Unión Europea (UE).

Por 358 votos favor y 256 en contra, el Gobierno ha sufrido su primera derrota durante la tramitación de este proyecto de ley, que recibió el visto bueno de la Cámara de los Comunes a principios de febrero con una amplia mayoría y sin ninguna de las enmiendas de la oposición.

La decisión de los Lores (cámara alta británica), cuyos miembros no han sido elegidos en las urnas y donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría, puede retrasar el calendario previsto por la primera ministra, la conservadora Theresa May, para iniciar la desconexión con Bruselas.

La enmienda insta al Gobierno a asegurar que los ciudadanos del Espacio Económico Europeo (EEE) y la UE que residen legalmente en el Reino Unido, así como "los miembros de su familia", serán "tratados de la misma forma en cuanto a sus derechos como comunitarios" tras el Brexit.

Los cambios introducidos implican que la ley deberá regresar a los Comunes, donde la mayoría "tory" podría eliminar el anexo aprobado, aunque ese proceso impedirá que el texto se apruebe con la urgencia que esperaba May.

El proyecto original presentado por el Ejecutivo, de apenas 137 palabras, otorga a la primera ministra el poder constitucional para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, protocolo oficial para comunicar a Bruselas la salida de la UE, pero no impone ninguna condición para dar ese paso.

Fecha límite

La "premier" conservadora se ha marcado el final del mes de marzo como fecha límite para iniciar el proceso de divorcio, aunque los medios británicos han revelado que su intención es hacer coincidir ese acto formal con el Consejo Europeo que se celebrará en la capital belga el próximo día 9.

En un intento por frenar la rebelión de los Lores, la ministra de Interior, Amber Rudd, había remitido una carta a cada uno de los miembros de la cámara alta en la que asegura que el Ejecutivo tiene intención de "tratar a los ciudadanos de la UE con nada más que el mayor de los respetos".

May ha insistido en los últimos meses en que quiere asegurar los derechos adquiridos por los 3,15 millones de comunitarios en el Reino Unido, siempre que los 27 socios europeos tomen medidas recíprocas para los 900.000 británicos que viven en el resto del continente.

"Asegurar el estatus (de los europeos) será una prioridad tan pronto como activemos el artículo 50 y empiecen las negociaciones", recalcó la ministra de Interior, que alertó de que "un movimiento unilateral" de Londres en ese sentido, "aunque bienintencionado", iría en contra de los intereses de los británicos que residen en la UE.

El proyecto de ley del "brexit" debe atravesar todavía otras dos etapas en los Lores, un proceso que acabará previsiblemente con la tercera lectura del texto, fijada de manera provisional para el 7 de marzo.

Si la Cámara de los Comunes vuelve a aprobar algún cambio, el texto regresaría una vez más a los Lores, una iteración que amenaza con retrasar la aprobación final de la ley.