El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha vuelto a la sede del Poder Ejecutivo tras el asalto al Palacio del Planalto perpetrado por los seguidores de Jair Bolsonaro.  Decidido a revertir la marea golpista, en un gesto de fuerte peso simbólico, se ha dirigido a pie este lunes por la noche al Supremo Tribunal Federal (STF) en el centro de Brasilia. En su marcha por la plaza central de la capital, lo acompañaron la titular del STF, Rosa Weber, el vicepresidente Geraldo Alckmin, algunos gobernadores, senadores y diputados.

Esta suerte de marcha cívica se ha iniciado tras una reunión con los gobernadores para tratar la crisis causada por las invasiones a los palacios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El presidente se ha referido a los hechos del pasado domingo indicando que se va "a investigar" quiénes fueron los manipulados y quiénes los responsables intelectuales que no se hicieron presentes en el Palacio del Planalto para realizar las tomas y generar un clima de ruptura institucional. "¿Qué estaban reivindicando, aumento de salario?. No, ellos estaban reivindicando un golpe".

El presidente ha agregado que "hubo una convivencia de la policía apoyando a los manifestantes, mientras los soldados conversaban con las personas como si fuesen sus aliadas".

La temprana llegada al Planalto

Temprano, a las nueve de la mañana de este lunes, el flamante jefe de Estado llegó al Planalto, sede del Gobierno, donde casi nada ha quedado en pie. La turba de extrema derecha había descargado el día anterior su ira antidemocrática destruyendo todo lo que encontraba a su paso, desde muebles y computadoras hasta la pintura Las Mulatas de uno de los padres del modernismo nacional, el inmortal Di Cavalcanti. La obra de 1962, tasada en 1,4 millones de euros, ha sido destrozada por los invasores.

¿Por qué tal ensañamiento con esa joya pictórica? Quizá porque retrata unas muchachas afrodescendientes, mal vistas por esta derecha racista y reivindicadas por el nuevo Gobierno responsable de recrear el Ministerio de Inclusión Racial, a cargo de la joven negra Anielle Franco. Quizá porque Di Cavalcanti fue afiliado al Partido Comunista.

En su regreso al Planalto, un Lula con traje gris y camisa oscura sin corbata observa a decenas de empleados recoger vidrios, apilar muebles, sacarlos en contenedores y limpiar las heces dejadas por ese grupo de fascistas tan escatológicos como políticamente iletrados.

Una de las pocas oficinas a salvo de la plaga ha sido el despacho presidencial, en el tercer piso, donde el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) y su vicepresidente Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño (PSB) se sentaron uno junto al otro. Los acompañaban el titular del Congreso, senador Veneziano Vital do Rego, el jefe de Diputados, Arthur Lira y la presidenta del STF, jueza Rosa Weber.

El Gobierno brasileño está unido

"Estamos unidos para que las medidas institucionales sean tomadas, instamos a la sociedad a que mantenga la serenidad en defensa de la paz y la democracia, el país precisa de normalidad", señala un documento firmado por Lula, Vital do Rego, Lira y Weber. "Los poderes de la República, defensores de la Carta Constitucional, rechazan los actos terroristas, el vandalismo, las acciones criminales y golpistas que ocurrieron en la tarde de ayer en Brasilia", explica el texto firmado.

Que el primer documento de los representantes de los poderes de la república escoja la palabra "terroristas" para aludir a la horda de militantes que han depredado las instituciones dice bastante sobre la gravedad del intento de golpe de Estado. Un plan sobre el cual Bolsonaro comenzó a hablar y a agitar desde hace dos años, en enero de 2021, cuando el presidente norteamericano del momento, Donald Trump, persuadió a los suyos para que asaltaran el Capitolio en Washington. La aventura del oligarca del Partido Republicano naufragó, en parte, porque le faltó el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Al revés de Estados Unidos, en Brasil las Fuerzas Armadas se afiliaron al bolsonarismo y comulgaron con el plan para desestabilizar a Lula. Por eso el Cuartel General del Ejército fue cedido como guarida donde 2.000 extremistas montaron un campamento desde donde lanzaron operaciones de terrorismo urbano, la última de ellas el domingo pasado.

Según avanzan las investigaciones, se advierte cómo los militares utilizaron a los manifestantes para generar el caos e instalar la ingobernabilidad. Con los palacios capitalinos en llamas y la policía bolsonarista inmóvil, Lula se vería obligado a decretar la intervención militar en la seguridad interna. Es decir: abdicar ante la corporación castrense una semana después de asumir el Gobierno.

El plan fracasó porque el presidente, en lugar de pedir que los militares salieran a patrullar las calles, optó por intervenir el Gobierno de Brasilia y tomar el control de su policía para volver a la "normalidad", como dice el documento presentado este lunes.

Campamento frente al Cuartel General

La intensa agenda presidencial de este lunes ha buscado ampliar las alianzas políticas que permitan aislar al núcleo concentrado del golpismo formado por Bolsonaro, los militares y los activistas zombies. Después de hablar con los jefes de los poderes Legislativo y Judicial por la mañana, por la noche Lula se reunió con los gobernadores para acordar medidas en común contra los sediciosos.

Mientras se realizaban los encuentros en el Planalto en fase de reconstrucción, Lula ha enviado a un par de ministros al Cuartel General del Ejército para pactar la evacuación de los revolucionarios de derecha. Al principio, los generales pusieron objeciones, pero con el paso de las horas y la presión de la opinión pública, se vieron obligados a consentir la salida de 1.200 acampados y su traslado a una sede de la Policía Federal para ser interrogados.

Dos ministros salen victoriosos

Con esta presión sobre la cúpula militar bolsonarista, el Gobierno ha conquistado una victoria transitoria e importante. El rédito político es para el presidente y su ministro de Justicia, Flavio Dino, partidario de hacer justicia con los autores materiales e intelectuales de los actos "terroristas". Si la tesis de Dino avanza, las investigaciones podrían revelar los nombres de los empresarios que financiaron el levantamiento del domingo. Y no solo eso: también echarán luz sobre la probable complicidad de los militares y la casi segura responsabilidad de Bolsonaro desde Estados Unidos, donde algunos diputados demócratas pidieron al Gobierno de Joe Biden que lo expulse.

El triunfo del ministro de Justicia, Flavio Dino, con la expulsión de los militantes acampados frente al Ejército, ha sido una derrota para el contemporizador ministro de Defensa, José Mucio, que ha propuesto una salida conciliada con los militares en la que se incluye la tolerancia con los grupos amotinados a los que no trata de golpistas sino de manifestantes con derecho a expresar sus ideas. El titular de Defensa apunta hacia una amnistía, que también abarcaría a Bolsonaro. Ese proyecto ha perdido una batalla con Lula caminando hacia el STF y Dino haciéndose fuerte en la búsqueda de justicia.