La UE busca la cuadratura del círculo en su asignatura más visceral, divisoria y pasional: la migración. Los 27 ministros de Interior se dan cita el jueves en Luxemburgo con la posibilidad de alcanzar un acuerdo político en torno al escollo que más les ha separado y enfrentado en los últimos siete años: el equilibrio imposible entre solidaridad y responsabilidad. La fórmula que se estudia es sencilla. Reubicación de refugiados o pago. "Hay un 50-50 de probabilidad de que lleguemos a un acuerdo", anticipan fuentes diplomáticas.

La sensación que impera en Bruselas es que por primera vez desde 2015, tras la bautizada como crisis de refugiados, hay voluntad política de alcanzar un acuerdo a nivel europeo que ponga fin a años de improvisación, de parches en el Mediterráneo, de acuerdos a medias con base voluntaria y de cruces de acusaciones. La ambición es cerrar ya la base legislativa que permita avanzar en la gestión y el procedimiento de asilo, algunos de los temas más espinosos del Pacto Europeo de Asilo y Migración.

El punto de partida del borrador sobre el que debaten los Veintisiete es claro: la solidaridad entre Estados miembros debe ser obligatoria, pero la reubicación no puede serlo. Es decir, se da la alternativa a los países anti-inmigración a "comprar" su negativa a través de aportar asistencia financiera o logística. 

El fondo de los desencuentros de los europeos no ha cambiado a lo largo de estos años. Los países en primera línea, con fronteras externas como España, quieren blindar la solidaridad. Que el resto de los socios aliados se comprometan a repartirse a los refugiados que llegan a sus costas.

Otros están intrínsecamente preocupados por los movimientos secundarios, es decir, los que se producen de unos Estados miembros a otros. Unos exigen obligatoriedad de acogida; otros no quieren ni oír hablar de ello. Norte-sur; ricos-menos; este-oeste; gobiernos populistas-progresistas; acceso al mar-fronteras terrestres. El debate sobre migración tiene muchas arterias y todas ellas generan disparidad de visiones.

Para llegar a un punto de encuentro, la fórmula que se está cocinando es la de obligar a los países que se niegan a acoger a refugiados a pagar una penalización. Medios europeos como Político apuntan que la cifra que se baraja asciende a 20.000 por inmigrante rechazado. No obstante, en la capital comunitaria son reacios a hablar de números concretos porque las negociaciones están muy abiertas.

Otra de las cuestiones a debate es el concepto de responsabilidad de personas que han llegado a través de una vía irregular. Los detalles, la operabilidad del acuerdo o la reacción de países como Hungría o Polonia, el eje iliberal antimigración, se desconoce. Pero la estrategia de cuotas obligatorias adoptada en 2015 para repartir a los refugiados que llegaban, especialmente huyendo de la guerra de Siria, recibe ya la estacada final. "Lo único claro es que no habrá reubicaciones obligatorias", reconocen fuentes diplomáticas.

Las ONG se revuelven en contra. "Estas propuestas no resolverán las deficiencias crónicas de la UE en su sistema de asilo. Por el contrario, envían la señal del deseo de la UE de convertirse en una barricada para solicitantes de asilo. Los países europeos quieren librarse de la responsabilidad de acoger a refugiados", denuncia Stephanie Pope, experta de migración en Oxfam.

Entretanto, ante este impasse de casi una década, buena parte de los Gobiernos europeos han radicalizado sus posturas y discursos migratorios. Se ha impuesto en la mayoría de ellos el mantra de que una política migratoria exitosa es aquella que devuelve pocas cifras de llegada. España se proyecta como un ejemplo porque las cifras a través del Estrecho han caído en los últimos meses y otros como Dinamarca quieren expulsar a los solicitantes de asilo a países como Ruanda.

Qué cambia ahora y qué pasa después

Casi todas las Presidencias rotatorias del Consejo de la UE han intentado en algún momento avanzar en el acuerdo migratorio. Finalmente han acabado rindiéndose ante la evidencia de que es un debate muy encendido que requiere mucha energía y que puede restar mucho capital político.

"Es uno de los dosieres más complicados desde el punto de vista político. Cada Estado miembro puede ganar o perder unas elecciones en torno por la inmigración", reconocen en Bruselas. La sensación que impera ahora es que existe una ventana de oportunidad única, de que hay voluntad política por parte de la mayoría de países y de que se ha superado la falta de desconfianza entre países que imperaba en 2016. Sin embargo, no todos están en el barco.

Los Gobiernos ultranacionalistas de Hungría y Polonia, que rechazan de forma contundente la acogida de refugiados y llevan a cabo una política de puertas cerradas, se oponen. Sin embargo, a diferencia de otras políticas como las sanciones o la fiscal, el migratorio es un tema que no requiere unanimidad en la mesa del Consejo de la UE. La ambición es poder sacar adelante sendas propuestas legislativas por mayoría cualificada. Aunque al cierre de esta edición, los países no están ahí todavía. Cada capital está peleando por obtener concesiones que se acomoden a sus circunstancias individuales.

"La unanimidad nunca ha sido una posibilidad. Algunos siempre votarán en contra. Hoy —la mayoría cualificada— no está asegurada", resumen fuentes conocedoras de la negociación previa al encuentro de ministros. Muchos ojos miran a la Italia de la ultra Giorgia Meloni, que estaría presionando para obtener concesiones internas y frenar las llegadas vía Túnez. El eventual acuerdo en Luxemburgo supondría un paso más hacia la culminación del Pacto de Asilo y Migración. Pero el camino por recorrer hasta ese punto es todavía pedregoso.

Quedan todavía muchas legislaciones pendientes. Y, sobre todo, arduas negociaciones interinstitucionales. Una línea roja del Parlamento Europeo es establecer un mecanismo de gestión de crisis que obligue, bajo el análisis y la batuta de la Comisión Europea, a la acogida a todos los Estados miembros en caso de situaciones límite o de llegadas masivas. Pero el Consejo Europeo rehúye cualquier propuesta que vincule obligación y acogida de refugiados.

La gran batalla se librará en los próximos meses. Queda exactamente un año para que concluya la actual legislatura europea. Y un no acuerdo supondría volver al punto de casilla con un probablemente arco parlamentario más conservador. Por todo ello, sacar adelante el Pacto de Asilo completo será uno de los grandes desafíos de la Presidencia española de la UE, que arranca el próximo 1 de julio.