Dirige uno de los semanarios más prestigiosos de Colombia y de América Latina: la revista Semana, que destapó varios de los escándalos que jalonaron la era Uribe. Ha sido galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

¿Qué balance hace de los primeros meses de la presidencia de Santos?

Santos es una gran paradoja porque si bien es el delfín de Uribe, ha dado un gran viraje ideológico a su Gobierno. Uribe es un hombre con una visión conservadora y de derechas y Santos es un hombre liberal de centro. Uribe es un caudillo que se comunica directamente con el pueblo y Santos es un gobernante que respeta las instituciones. El estilo de ambos es antagónico.

En campaña no era así...

Santos se subió en la cresta de popularidad uribista para llegar al poder. Fue una estrategia electoral efectiva, pero aparentemente coyuntural.

¿En qué se nota el cambio?

En todos los frentes. Primero, en el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y Ecuador. En segundo lugar, el Gobierno de Santos le ha dado una prioridad a la región por encima de las relaciones con EEUU y eso explica que su primera visita oficial haya sido a Brasil. En tercer lugar, hay una nueva relación con la Justicia de respeto, frente al claro enfrentamiento del Ejecutivo anterior. En cuarto lugar, hay una actitud de tolerancia frente a las opiniones, aún si son críticas, lo que no pasaba con Uribe, que tenía una visión claramente maniquea, donde toda crítica se veía como una persecución política. Y hay puntos de la agenda política del nuevo Gobierno opuestos a lo que planteaba Uribe.

¿Por ejemplo?

El tema de la redistribución de la tierra y el tema de las víctimas. Para Santos son temas prioritarios y antes no lo eran.

'El organismo de inteligencia acabó convertido en una policía política'

Ejercer el periodismo en Colombia es una profesión de riesgo. Hay muchos profesionales amenazados.

Lo que ha vivido la prensa en Colombia en los últimos diez años es una combinación de amenazas por parte de los violentos guerrilleros, narcotraficantes, mafias políticas locales o paramilitares y de presión de un Gobierno intolerante y paranoico frente a la crítica, lo que se vio a través del escándalo de las chuzadas del DAS, donde el organismo de inteligencia terminó convertido en una policía política.

Precisamente, su revista sacó a la luz ese escándalo. ¿Recibieron amenazas?

Semana siempre ha ejercido el periodismo independiente y ha sido crítica del poder político. Denunció lo que consideró excesos, pero nunca recibimos explícitamente presión ni llamadas ni chantaje ni amenazas. Sí fuimos víctimas de seguimientos, de escuchas telefónicas por parte del DAS. ¿Quién dio la orden? Es la gran pregunta.

'Fuimos víctimas de seguimientos y de escuchas telefónicas del DAS'

¿Quién cree usted?

Yo no sé quién dio la orden, lo único que sé es que la decisión de esta campaña de espionaje que incluía no sólo periodistas y líderes de oposición, sino magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no se incubó en mandos medios del DAS. Eso venía de más arriba y no sé hasta dónde llega, para eso está la Justicia.

Tras el golpe al Mono Jojoy, ¿cree que el fin de las FARC está cerca?

Es el golpe más duro a la guerrilla en toda su historia. Pero eso no debe llevarnos a la falsa premisa de que la lucha contra las guerrillas se gana con la claudicación total del adversario. Es una falacia. Se necesita una presión militar que lleve a una negociación política donde no haya otra opción para ellos que entregar las armas y sentarse a negociar, y donde lo que se va a negociar es muy poco. Creo que estamos en un punto de inflexión y la lucha contra la guerrilla, tal y como la hemos conocido, va a cambiar. Espero que el futuro no sea la fragmentación de una guerrilla en grupos criminales financiados por el narcotráfico, que defiendan un negocio y que fortalezcan un crimen organizado que ya tiene actores muy poderosos. Espero que se pueda reintegrar a esas personas a la vida civil.

Pero otros experimentos de reintegración, como fue el partido Unión Patriótica (UP), acabaron fatal. Muchos dirigentes de UP fueron asesinados.

El problema de la guerrilla es que su aislamiento les impide ver la evolución que ha tenido el país. La Constitución de 1991 fue un gran pacto social donde el 30% de los constituyentes pertenecía a movimientos guerrilleros, que se habían reintegrado a la vida civil. Creo que gran parte de los miedos legítimos que se tuvieron en los ochenta, gran parte del genocidio que se cometió contra la UP en los ochenta, hoy no sería posible.

¿Eso se tiene que combinar con políticas radicales?

Totalmente. Para cerrar el capítulo de la violencia política no sólo hacen falta fuerzas militares efectivas, sino una agenda social agresiva que resuelva el problema de la tierra y que cierre la brecha entre ricos y pobres.