"No queremos un Estado-papá"

"Si las mujeres no denuncian, a menudo no es por miedo, es por la cantidad de riesgos que viven cuando rompen el silencio. Los riesgos se multiplican: físicos, sociales, económicos. Las respuestas del Estado son tardías y prejuzgadas, las culpabilizan y ponen la seguridad en sus manos. En un tono paternalista, el Estado las desprotege y las invisibiliza como humanas. En mi organización consideramos que cuando no da garantías de seguridad, el Estado es cómplice y copartícipe del delito".

"Las guatemaltecas no queremos un Estado-papá, sino un Estado al que, si como ciudadanas hemos delegado en él la autoridad, le podemos exigir que dé respuestas a nuestras necesidades".

"La cuestión de la responsabilidad del Estado permeó desde el principio el debate sobre la ley de Guatemala. La norma aprobada se llama Ley contra el Femicidio, aunque las organizaciones de mujeres queríamos que el término empleado fuera feminicidio. La diferencia no es baladí. Femicidio es un término legal, feminicidio es un término político. El primero describe el delito contra la mujer, mientras que el feminicidio es casi una política de Estado que no garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y, de ese modo, es copartícipe del delito. Por supuesto, el Estado guatemalteco no quería admitir esa responsabilidad y la existencia de una política de Estado de impunidad y en la tramitación de la ley se cambió el término".

"Pero, en general, es una buna ley. Es viable y es oportuna; reconoce el fenómeno y crea figuras delictivas, como la violencia psicológica, la patrimonial y hasta el acoso sexual. Y si un funcionario retrasa el proceso, permite que se demande al Estado".