@Alopezdemiguel

MADRID.- El mecanismo de blindaje de las corporaciones es la arista que causa más dolores de cabeza a la Comisión Europea en sus intentos por vender el TTIP, el polémico tratado comercial que Washington y Bruselas negocian con sigilo. Paralelamente, sin embargo, cinco estados, entre ellos parte del núcleo duro de la UE, plantean extender el uso de un mecanismo similar al resto de los 28.

Olivet: “Una empresa francesa hoy no puede demandar a España ante un tribunal de arbitraje, porque no hay tratado de protección de inversiones. Debe recurrir a las justicias nacionales”

La red Seattle to Brussels (S2B), crítica con las políticas comerciales de la UE, publica este jueves un documento filtrado al que Público ha accedido en primicia en España –mientras que Le Monde o The Guardian han hecho lo propio en Francia e Inglaterra, respectivamente- que prueba que Alemania, Francia, Finlandia, Austria y Holanda maniobran para instaurar una tratado marco que permita derogar los 198 acuerdos de protección de inversiones contraídos entre distintos países de la Unión, conocidos como intra-europeos. 

Como segundo paso, los 28 pasarían a implementar este nuevo acuerdo, que permitiría a las empresas inversoras del Viejo Continente demandar a los estados europeos ante tribunales arbitrales de considerar afectadas sus inversiones por cambios normativos decretados por estos países, algo que hoy no puede ocurrir si no hay acuerdos de protección de inversiones vigentes entre las empresas y los respectivos estados en conflicto.

“Una empresa francesa no puede demandar hoy al Estado español ante un tribunal de arbitraje, porque no hay tratado de protección de inversiones y por tanto hay que recurrir a las justicias nacionales”, explica a este diario Cecilia Olivet, investigadora del Transnational Institute. Olivet ha firmado varios informes sobre los mecanismos de resolución de disputas entre multinacionales y estados (ISDS), y ha participado en el análisis de S2B sobre el documento filtrado, presentado por los cinco países firmantes ante el Comité de Política Comercial de la UE, en el que se sientan los representantes de todos los estados miembros.

"Plantean un mega acuerdo de la misma naturaleza que el apartado de inversiones del TTIP, pero para aplicar únicamente entre los países de la Unión”

“Estos países proponen que los acuerdos intra-europeos existentes sean reemplazados por un nuevo tratado intra-europeo total, que expandiría enormemente los privilegios de los inversores”, reza el análisis. “Lo que plantean es un mega acuerdo de la misma naturaleza que el apartado de inversiones del TTIP, pero para aplicar únicamente entre los países de la Unión”, apunta Olivet, que recuerda que una vez firmado “permitirá a las empresas acudir a los tribunales arbitrales saltándose las justicias nacionales. Algo que no podrán impedir esos países”.

El documento al que ha accedido este diario recoge referencias al reconocimiento del “derecho a regular de los estados” –similares a las que incluye el TTIP o el CETA, el acuerdo con Canadá-, y establece que la opción de recurrir a las justicias nacionales para revolver este tipo conflictos está sobre la mesa, no como ocurre con ambos acuerdos transatlánticos.

La trampa está, afirma Olivet, en el lenguaje vago y abierto a la interpretación que se emplea para acotar estos límites, y en que son las empresas y no los estados quienes deciden si recurrir a los tribunales nacionales o a los árbitros. “Holanda, Alemania y el resto defienden esto para proteger los intereses de sus inversores”. “Estos países han defendido antes que no quieren deshacerse de sus tratados intra-europeos; quieren mantenerlos y esto perpetúa la posibilidad de que las empresas puedan seguir denunciando”, afirma.

Por otro lado, la aprobación de un acuerdo como el que contempla el borrador filtrado supondría la inmediata extinción de los tratados intra-europeos; en su mayoría contraídos entre países del oeste con otros del este y del centro de Europa que se incorporaron más tarde a la Unión. “La Comisión Europea ha tenido una posición muy fuerte en esto: ha dejado claro que el hecho de que los inversores franceses que operan en Rumanía tengan más derechos que los inversores rumanos es incompatible con la legalidad europea”, sentencia la investigadora del Transnational Institute.

Una excepción a la norma es la Carta de la Energía, que permite a las empresas de los estados miembros de la UE demandar ante tribunales de inversión internacionales a los diferentes países de la Unión que la han ratificado. Sin embargo, estas demandas sólo tienen cabida si están relacionadas con el sector energético.
Es el mecanismo usado por la mayoría de las corporaciones europeas que han demandado al Estado español por los recortes a la energía renovable, pero hasta la fecha España no puede ser demandada por empresas de países como Alemania o Francia ante tribunales arbitrales en temas que no estén relacionados con esta materia.

La Patronal europea pide exactamente lo mismo

El documento filtrado resume en apenas cinco páginas las posiciones e ideas de estos países para llegar a un acuerdo. Tiene fecha del 7 de abril de 2016, si bien recoge que el anterior encuentro informal para dirimir cuestiones técnicas tuvo lugar el 1 de octubre de 2015. Se da la circunstancia de que poco más de cuatro meses y medio después, y apenas mes y medio antes de que los cinco países presentaran su plan ante el resto de estados miembros en el Comité de Política Comercial, el 22 de febrero, el director general de la poderosa Patronal Europea, Business Europe, pedía lo mismo a la Comisión Europea.

La Patronal pidió por carta a la Comisión un "mecanismo fuerte y apropiado" que “mantenga un alto nivel de protección para los inversores dentro de la UE”

En una misiva remitida por el director general de la patronal, Markus J.Beyrer, al responsable de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados, Olivier Guersent, el primero pide al Ejecutivo Comunitario un “mecanismo” que “mantenga un alto nivel de protección para los inversores dentro de la UE”. Un “mecanismo fuerte y apropiado” que sustituya los tratados intra-europeos, en línea con lo que defienden los cinco países.

Los mismos reconocen también que la derogación de los tratados intra-europeos debe ser planeada minuciosamente, para evitar que se produzca un crecimiento exponencial del número de demandas privadas.

En el marco del TTIP, el ISDS ya fue rechazado por el 97% de los 150.000 europeos que participaron en una consulta pública de la Comisión en 2014. Un año después Bruselas movió ficha y presentó un sucedáneo de este mecanismo, el ICS, que incorpora la opción de recurrir los laudos, pero que no convence al creciente número de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales críticos con el acuerdo.

El documento plantea tres opciones para lograr una alternativa a los tratados actuales, pero señala como favorita la de recurrir a la Corte Permanente de Arbitraje, en La Haya.  Sin embargo, a juicio de Olivet y del resto de analistas la esencia de la propuesta no se aleja de la de los mecanismos de protección de inversiones convencionales.

S2B advierte que de verse materializado el planteamiento de estos países restaría soberanía a los estados por el temor a ser denunciados por las corporaciones, discriminaría a estados y ciudadanos al dar este acceso a demandar únicamente a las empresas,y repercutiría finalmente en los bolsillos de los contribuyentes, sobre quienes recaería el pago de los costosos procesos arbitrales. Por no hablar de las millonarias indemnizaciones que acostumbran a pedir las empresas.