LESBOS.- La firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía no es aceptada por las oenegés que ocupan el centro de detención de Moria, antiguo campo de registro de Lesbos, en el que hoy siguen malviviendo miles de refugiados de guerra. Como medida de protesta, varias instituciones como Médicos Sin Fronteras o Intermón Oxfam abandonaron completamente el campo. La ONG sueca Light House afirma que las autoridades echaron a sus voluntarias del centro de detención. Otras, sin embargo, permanecen dentro, ya sea como observadoras o prestando ayuda humanitaria, ante la gravedad de la situación.

“En ningún momento el gobierno griego expulsó a las organizaciones”, manifiesta Boris Cheshirkov, responsable del departamento de comunicación e información de ACNUR en Lesbos. “Algunas abandonaron totalmente el campo y otras permanecemos para garantizar que se cumplan los derechos de las personas refugiadas”.

Como ACNUR, tienen presencia en el centro de detención, entre otras, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo —EASO—, Danish Refugee Council, International Rescue Committee, Euroreliefe, Médicos del Mundo Grecia, Mensajeros de la Paz-Remar SOS —reparto de comida y té—, y en labores de animación infantil Praksis y Save the Children.

Según voluntarios, “Moria está por encima de su capacidad y hay personas que llevan días durmiendo bajo lonas con mantas”

Aunque el ejército es el máximo responsable en cuanto al reparto de comida, las ONG asumen esta función cuando no hay suficiente alimento. Según voluntarios de las ONG que trabajan dentro del campo, “Moria está por encima de su capacidad y hay personas que llevan días durmiendo bajo lonas con mantas”. Tampoco queda claro si están llegando las raciones de alimento a todo el mundo, lo que podría acelerar el proceso de expulsión.

“No tenemos una bola de cristal, pero Moria tiene una capacidad de dos mil personas. Si ocurre como el pasado octubre, donde Lesbos llegó a contener a diez mil, no habrá espacio suficiente y tendrán que ser acogidos en otros espacios. No podemos abandonar la isla”, advierte el responsable de ACNUR.

El Ministerio de Política Migratoria de Grecia es el responsable de Moria, antiguo centro de internamiento de extranjeros (CIE). El espacio se convirtió en un campamento abierto de registro ante la llegada masiva de refugiados a la isla de Lesbos. Tras la firma del pacto de la UE con Turquía, ha vuelto a cerrar sus puertas para transformarse en un centro de detención, aunque de momento su sistema de funcionamiento es el mismo que antes del pacto.

Cuando los refugiados llegan a Lesbos tienen la obligación de ir a Moria y registrarse con FRONTEX. Dentro del campo, los ahora “detenidos” se dividen en dos grupos: familias y hombres solos. Cada uno ocupa una zona de dormitorios diferentes y separados.

Durante los primeros días de funcionamiento del tratado, ambos barracones permanecían cerrados bajo candado. Pero las presiones de las oenegés al Gobierno griego lograron abrir la “cárcel” de las familias para que pudiesen pasear libremente por la explanada del campo, pero sin salir del muro que rodea el campamento. Se intenta conseguir lo mismo para los hombres solos.

Las personas encerradas tendrán que estar en estas condiciones hasta que se apruebe la solicitud de asilo o la expulsión a Turquía. Los plazos son inciertos, así como el día a día dentro del centro de detención. Según ACNUR, la fecha esperada para que comiencen las devoluciones es este mismo lunes, cuatro de abril.

Tras la firma del pacto de la UE con Turquía, ha vuelto a cerrar sus puertas para transformarse en un centro de detención

Moria es el único centro de detención cerrado en Lesbos. Las ONG y el voluntariado independiente realizan su labor con normalidad en el resto de campos, en las playas y en el puerto de la capital. Los campamentos de Kara Tepe, Pikpa —en el sur de la isla—, y Stage Two y Mandamados —al norte— permanecen abiertos y activos. Aunque la mayoría de personas que alojaban estos campos fueron trasladadas a la península, todavía quedan unos cuantos centenares y el operativo sigue en funcionamiento.

Otros campos como el de Lighthouse Relieve y Platanos, en el norte, continúan su trabajo. En Mitilene, la capital, el campamento de No Border Kitchen mantiene su pelea con la policía ante el anuncio de su desalojo. El espacio de Better Days For Moria, contiguo al campo oficial y construido por voluntarias independientes, recoge sus infraestructuras y prepara nuevos proyectos.

ACNUR, como el resto de oenegés que trabajan en la isla, no está a favor del pacto. Primero, porque “despoja de dignidad a las personas” y segundo porque “se implementó antes de conocer la capacidad de acogida del país heleno”. La Agencia de las Naciones Unidas permanece dentro del campo de Moria, las “24 horas al día”, para proporcionar información y hacer un seguimiento de las peticiones de asilo.

Como medida de protesta ante el acuerdo, la organización ha eliminado el servicio de transporte desde las playas y otros campamentos al centro de detención. Además, ha suprimido el reparto de comida, ropa seca y mantas. “Actualmente, estas labores son cometido del gobierno griego”, destaca Cheshirkov. Las infraestructuras seguirán en pie para el beneficio de los “detenidos”, aunque sin los logos y pegatinas de la agencia.

Las cifras oficiales de ACNUR estiman que hay unas 50.000 personas refugiadas en todo el territorio griego. 46.000 en la península y 5.000 en las islas. A las personas que llegaron antes de la firma del acuerdo se les permite acogerse a las condiciones anteriores y pueden moverse libremente por el país heleno. Por esta razón se vaciaron las islas griegas, con el objetivo de hacer visible la distinción.

Como “detenidos” se entiende a las personas que desembarcaron en la isla después del 20 de marzo. En el caso de ser aceptada su petición de asilo, podrán integrarse en el sistema social griego y europeo. Si no son aceptadas, antes de ser deportados a Turquía, tendrán la oportunidad de reclamar otra vez.

En todo el 2016, “más de seis mil personas pidieron asilo a la Unión Europea”, confirma el responsable de ACNUR. La mayoría de ellas familias sirias —90%—, iraquíes —54%—, y afganas —20%—. Todas con la necesidad de protección, pues no pueden volver a sus países de origen. También llegan personas procedentes de otros territorios como Marruecos, Paquistán, Bangladesh o Congo, que son reconocidas como “migrantes económicos”, a pesar de huir de actos como el atentado de Lahore en Pakistán. Éstos son los más proclives de ser deportados a Turquía.

A pesar de la firma del tratado y de las fronteras cerradas, los refugiados continúan desembarcando en las costas griegas. Más de 1.500 personas cruzaron el Mar Egeo desde la puesta en marcha del tratado. Si sigue así, tanto el voluntariado, como las oenegés tendrán que estar preparados para nuevas emergencias. Las condiciones del pacto pronto verán sus consecuencias más inmediatas.