Este domingo, Brasil se enfrenta a un día crucial para su futuro. Los brasileños están llamados a las urnas para elegir entre dos claras opciones: la candidatura progresista de Luiz Inácio Lula da Silva (44,9%) y el proyecto ultraderechista del actual presidente Jair Bolsonaro. El líder del Partido de los Trabajadores regresó al tablero político después de haber sido encarcelado y sufrir un claro caso de guerra judicial (lawfare). 

Las encuestas otorgan al representante izquierdista una holgada mayoría frente a su rival, que lo convertiría de nuevo en el presidente del país, evitando incluso la segunda vuelta. Concretamente, la candidatura de Lula cosecharía entre un 45% y 50% de los apoyos mientras que Bolsonaro conseguiría entre el 33% y el 37%. 

Este escenario plantea la derrota del líder de extrema derecha, que ya ha sugerido que el resultado no será legítimo. Bolsonaro manifestó que ganará los comicios el que "tenga amigos en el Tribunal Superior Electoral (TSE)". Por no hablar de que en julio trasladó a un grupo de embajadores que el sistema electoral no era fiable, aunque no proporcionó ningún dato que lo avale. 

La organización Human Rights Watch ha denunciado que se lleve a cabo este tipo de ataques a las instituciones brasileñas, especialmente a la encargada de velar por el buen desarrollo de la jornada, como es el TSE. De hecho, ya señaló que impugnará el resultado si no consigue el 60% de los votos. El presidente dijo que si no alcanza esa cifra es porque algo "anormal ha ocurrido dentro del TSE".

En la misma línea, Amnistía Internacional ha subrayado la ofensiva del candidato radical para "poner en duda instituciones públicas fundamentales" encargadas de resguardar "los derechos de las personas y las garantías del debido proceso, como el Supremo Tribunal Federal y del Superior Tribunal Electoral".

El organismo ha reprochado, además, la campaña de desprestigio que ha emprendido Bolsonaro contra los medios de comunicación y el derecho a la información. Para la entidad, "ese derecho está bajo ataque cuando uno de los candidatos, y actual presidente, utiliza un discurso anti-derechos humanos consistentemente". Y ha recordado que "no solo ha persistido en este discurso, sino que lo ha profundizado con su actuar durante su Gobierno".

El problema de la violencia

Por este motivo, Human Rights Watch ha pedido explícitamente a las autoridades del país garantizar que la población pueda votar de forma "libre y segura". La directora para las Américas del grupo, Juanita Goebertus, ha lamentado que "las expresiones de odio tanto en internet como fuera de internet, así como el hostigamiento y casos graves de violencia política, han hecho que numerosos brasileños teman manifestar opiniones y ejercer sus derechos políticos".

El organismo recuerda que el Observatorio de Violencia Política y Electoral de la Universidad Federal de Río de Janeiro recogió información de 214 casos de amenazas y violencia contra políticos y sus familiares entre enero y junio. Se destaca la violencia que sufren especialmente las candidatas mujeres, sobre todo, las mujeres negras y trans. Ellas tienen mayor probabilidad de sufrir amenazas y hostigamiento en internet. 

La ONG ha recuperado cómo tres partidarios de Lula da Silva fueron asesinados "aparentemente" por sus posturas políticas. Uno de los simpatizantes fue asesinado en julio y los otros dos en septiembre. Al mismo tiempo, advierten del riesgo que sufren los periodistas a la hora de cubrir las elecciones, pues están sometidos a campañas de "hostigamiento". Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Universidad Federal de Espíritu Santo indicaron que más de 2,8 millones de publicaciones en redes sociales son "contenidos ofensivos" contra los medios de comunicación. 

Por ello, HRW ruega a todos los candidatos "condenar la violencia política, abstenerse de hostigar a periodistas e instar a sus simpatizantes a que respeten el derecho de los brasileños a elegir de manera pacífica a sus representantes y a postularse a cargos públicos sin temor".