Las ONG piden más ambición tras la cumbre de Sevilla: "Sin recursos públicos no hay derechos humanos"

"People have the power"; "Tax the rich"; "Cancel the debt". El día en el Palacio de Congresos de Sevilla, donde se ha celebrado la IV Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, arrancó con un coro de personas, de la sociedad civil y de las ONG, que reclamaron, en una alegre y festiva protesta, las mismas cuestiones que reclamaban cuatro días antes de que arrancara la cumbre: justicia fiscal, reforma del sistema financiero internacional y un enfoque nuevo sobre la deuda que permita respirar a los 3.400 millones de personas que hoy viven, según Naciones Unidas, en países que gastan más en el pago de la deuda que en salud o educación.

La sensación que se llevan cooperantes y miembros de las ONG y de la sociedad civil, según ha recabado Público, es "negativa", "agridulce", de "pérdida de oportunidad", pero al mismo tiempo, en un contexto internacional en el que la deriva autorreferencial, militarista y de liquidación de la ayuda al desarrollo de EEUU, el pacto de 192 países que han firmado el compromiso de Sevilla "abre ventanas de futuro". 

"Sin recursos públicos, no hay derechos humanos", afirma Nathalie Beghin, copresidenta de Latindadd, que agrupa a 31 organizaciones en 14 países de América Latina. "Las necesidades son mucho mayores que los acuerdos", resume Pablo J. Martínez, de Oxfam. "Hay señales, pero no realidades", abunda Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción. 

Una de las cuestiones que mejor ejemplifica, tal vez, estas reflexiones es el compromiso, perfectamente arrumbado —Noruega, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca son los únicos que cumplieron en 2024— desde hace décadas, de los países ricos de destinar el 0,7% del PIB a ayuda al desarrollo. Las promesas, una vez más, se han renovado. Las palabras que revelan buenas intenciones se han repetido, pero el 0,7% sigue sin ser efectivo. España tiene fijado el año 2030 como horizonte legal para lograrlo.

"En muy pocas ocasiones los países han alcanzado el compromiso del 0,7% del PIB desde que se estableció en el seno de Naciones Unidas en 1970. Se calcula que la cantidad de ayuda oficial al desarrollo no desembolsada que se adeuda al sur global asciende a casi 7,2 billones de dólares hasta la fecha", resume en un documento la coordinadora de ONG, que agrupa a 99 organizaciones de todo el Estado y que hace un balance de la cumbre de "luces y sombras". 

"La conversión —añaden—de estos compromisos incumplidos en una deuda de ayuda al desarrollo impagada proporcionaría el margen fiscal necesario para financiar la erradicación de la pobreza y hacer frente a las desigualdades".

"Pedíamos más ONU", resume Carlos Botella, de la Coordinadora. "En la cooperación internacional, donde se dictan las reglas, es enla OCDE y ahí no está el Sur global", agrega. La idea sería, pues, llevar los espacios de decisión, de gobernanza a la ONU, para evitar que los poderosos sean quienes dicten las normas.

"Ya no queremos el 0,7% como objetivo, sino como suelo", afirma Martínez, de Oxfam. "Que se aporte un mínimo de un 0,7% a un fondo, gestionado a partir de Naciones Unidas", agrega. De esta manera, los países del Sur global podrían participar y el incumplimiento podría tener algún reproche, razona Martínez. Hoy no hay consecuencias ante la falta de compromiso. 

En un contexto de recortes de la ayuda al desarrollo, sobre todo en EEUU, pero también en Francia, España "es de los pocos países" que no la han disminuido. "Ok. Aplauso, pero es que estamos en el 0,25%. No sirve que una vez más anuncies que llegará en 2030. Seguimos sin ver el dinero. Y al mismo tiempo, en un Consejo de ministros, se rescatan 10.000 millones para rearme. Con 10.000 millones te pones en el 0,7%. Podías haberlo hecho en un solo consejo de ministros", expone Martínez. España, añade, aporta hoy unos 4.200 millones. 14.500 millones sería el 0,7%, según Oxfam.

La deuda

Para Botella, de la Coordinadora, el gran asunto que se ha quedado en el tintero, sin resolver, a pesar de su máxima urgencia, es el de la deuda, "sobre todo por la urgencia". "Había mucha necesidad y esperanza de que se avanzase de manera ambiciosa, pero no se ha conseguido. No se ha llegado donde era urgente llegar", a la creación de una convención marco de ONU sobre deuda sostenible. 

Hoy, 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de la deuda que en salud o educación, según la ONU. Según Latindadd, el 35% de los ingresos de los países de América Latina se destinan al pago de deuda, lo que "estrangula las capacidades estatales para garantizar derechos básicos".  Además, "las tasas de interés son hasta 8,5 veces más altas que las que enfrentan las economías del Norte, lo que revela un sistema estructuralmente injusto".

"La gran reclamación —abunda Martínez, de Oxfam— era establecer un mecanismo para el pago de la deuda externa en la ONU, una convención marco para gestión de la deuda externa".  "Ahora mismo todas esas decisiones se toman en club privados de acreedores y los países que se ven en los dilemas de deudas ilegítimas, en una situación de crisis climática muy seria, y con pérdida de recursos, se ven obligados a pagar eso". La gran demanda de la sociedad civil en su conjunto era decir: pongamos en ONU el órgano para la gestión de la deuda externa, se establece la apertura de un proceso para empezar un proceso intergubernamental. 

El compromiso de Sevilla recoge en su articulo 50f): "Basándonos en el trabajo existente, la revisión de la arquitectura de la deuda soberana [...], iniciaremos un proceso intergubernamental en las Naciones Unidas con el fin de formular recomendaciones para cerrar las brechas en la arquitectura de la deuda y explorar opciones para abordar la sostenibilidad de la deuda, incluyendo el diálogo entre los estados miembros de las Naciones Unidas, el Club de París y otros acreedores y deudores oficiales, junto con el FMI y el Banco Mundial, otros bancos multilaterales de desarrollo, acreedores privados y otros actores relevantes".

Para Oxfam, con esta redacción, no hay nada garantizada. Es lo suficientemente ambigua como para que pueda dar inicio, en efecto, de una Convención como la que reclama la sociedad civil, o bien, por otro lado, podría acabar siendo otro foro más de debate, sin efectividad alguna. 

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"El esquema de estas conferencias es un esquema de acuerdos políticos, no un esquema de tratados vinculantes. El impacto que tengan, depende de lo que se haga después", analiza Botella.

"De los resultados de la conferencia, no estamos satisfechos, ha habido una falta de espacio para la sociedad civil. Sin las voces de las personas más afectadas, no hay compromiso sostenible", abunda Beghin, de Latindadd.  

"Una conclusión es que es más que una cumbre, es un escenario. Hemos venido con un texto negociado, y [los Gobiernos] actúan con irresponsabilidad sin llegar a acuerdos", plantea Andaluz, de Ecologistas en Acción. 

"El problema real —agrega Andaluz— es que la participación del Sur en esos consejos, no existe. Esto son declaraciones multilaterales. Son buenas intenciones, no son mecanismos dentro de la ONU. No hay mecanismos que obliguen: es una declaración sin compromisos concretos. Tenemos la voluntad. Es un manifiesto que firman los países, son señales y no realidades". 

La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed reconoció, en rueda de prensa, este jueves, que la sociedad civil no ha estado suficientemente representada en el Congreso. "Os escuchamos", dijo.

"La sociedad civil ha contribuido mucho y no ha tenido el acceso (al Congreso) que deseaba. Lo entendemos y nos esforzaremos, junto con los estados miembros (de la ONU), para que ese espacio se amplíe", agregó.

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Para Mohamed, la Conferencia de Sevilla ha logrado "generar confianza" en tiempos difíciles, porque los participantes han mostrado "pragmatismo, decisión" y voluntad de "aplicación" de las medidas pactadas para reducir las desigualdades.

La sociedad civil reconoce que el hecho de que haya un acuerdo, y más en un contexto en el que EEUU no entra en la ecuación, es en sí positivo. "Valoramos que hay un acuerdo de todos los países y también que en algunas cuestiones, algunos países hayan anunciado que quieren ir más allá del compromiso de Sevilla, como la tasa a los superricos. Está en todas las conversaciones la necesidad de aplicar este impuesto", expone Martínez de Oxfam. 

"El dinero está, existe, pero no está en el lugar adecuado. Que haya un acuerdo de países [España, Brasil y Suráfrica, al que se ha sumado Chile también] que quieren imponer un impuesto global, nos parece una buena noticia. Vamos a ver y vamos a estar atentos y trataremos de impulsar para que sea un acuerdo más amplio posible y se pueda empezar con esa recaudación", agrega Martínez.

A tenor de los datos que maneja Oxfam, una tasa a los más ricos, aparece como imprescindible, en aras del objetivo de reducir las desigualdades: "Nuestras cifras muestras que el Sur global paga, cada hora, 30 millones de dólares al 1% más rico del norte global a través del sector financiero. Y, sin embargo, damos por hecho que es el norte el que da dinero al sur". 

"La riqueza del 1% más rico —remacha Oxfam— se ha incrementado en más de 33,9 billones de dólares en términos reales desde 2015. Con esta cantidad se podría poner fin a la pobreza anual 22 veces, si consideramos el umbral de pobreza más alto establecido por el Banco Mundial de 8,3 dólares al día. La riqueza conjunta de los 3.000 milmillonarios del planeta se ha disparado en 6,5 billones de dólares en términos reales desde 2015, y equivale ya al 14,6% del PIB mundial".