"La riqueza del 1% más rico se ha incrementado en más de 33,9 billones de dólares en términos reales desde 2015. Con esta cantidad se podría poner fin a la pobreza anual 22 veces, si consideramos el umbral de pobreza más alto establecido por el Banco Mundial de 8,3 dólares al día. La riqueza conjunta de los 3.000 milmillonarios del planeta se ha disparado en 6,5 billones de dólares en términos reales desde 2015, y equivale ya al 14,6% del PIB mundial". 

Estos son los mareantes datos que maneja la ONG Oxfam Internacional y que han llevado, según explicó José Scandiucci, ministro consejero de la Misión Permanente de Brasil ante la ONU, a este país y a España a moverse con la idea de aglutinar a un grupo de países que presione en la dirección de gravar a los ultrarricos. 

La idea, según manifestó en la IV Conferencia de Financiación para el Desarrollo este martes el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, —en la que han venido trabajando la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo y el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad— es que en tres meses esté elaborado un plan de acción que poder aplicar. 

Esta es una cuestión que requiere de coordinación entre estados, porque el dinero se mueve de un lugar a otro con gran facilidad. "Se necesita una actitud global, porque si no, se mueve el capital. El apoyo internacional es indispensable", considera el Gobierno español. "Necesitamos mejores legislaciones para evitar agujeros e injusticias, y que se pueda impedir la elusión fiscal", afirmó Gascón. 

El compromiso de Sevilla, pactado en la cumbre, recoge en su apartado 27e) lo siguiente: "Promoveremos la progresividad y la eficiencia en todos los sistemas fiscales para abordar la desigualdad y aumentar la recaudación. Promoveremos sistemas tributarios progresivos en los países, cuando corresponda, y reforzaremos los esfuerzos para combatir la evasión y la elusión fiscal de las personas con un alto patrimonio y garantizar su tributación efectiva, con el apoyo de la cooperación internacional, respetando la soberanía nacional. También promoveremos un gasto público eficaz y equitativo".

Antes, en la reunión del G20 en 2024 en Río de Janeiro se acordó, según el Gobierno de España, "por primera vez un acuerdo para cooperar en la implementación de una agenda tributaria efectiva para las personas de alto patrimonio". La propuesta hispano-brasileña sigue ahora ese camino y busca profundizar en ese acuerdo.

No obstante, no pasan de ser compromisos que necesita de impulso. Eso es lo que pretenden España y Brasil. Gascón dijo en un encuentro con Scanducci este martes en Sevilla: "Nuestros países necesitan ingresos públicos para hacer frente a las necesidades. Los más ricos pagan menos impuestos [en términos relativos] que la clase media y que los contribuyentes con menos ingresos. Estamos en un momento en que tenemos que actuar. Si queremos gravar a los superricos de manera efectiva y luchar contra la desigualdad, si queremos que nuestros sistemas tributarios sean cada vez más justos, necesitamos coordinación internacional".

Scanducci argumentó: "Estas iniciativas son un motor para el crecimiento, cuando transfieres dinero de los más ricos, [se incentiva] el consumo y al final, [esta fiscalidad] es un instrumento muy importante que mantiene el contrato social y las políticas sociales. La realidad es que [a la vista de los datos de Oxfam] es una moderada y sensata iniciativa. No podemos tolerar la intensidad de la desigualdad que se ha incrementado en los últimos años. Hacemos una llamada a otros países para trabajar juntos en esta línea".

Gascón bajó al barro y se refirió a las dificultades para poder avanzar de manera real y efectiva: "Nos hace falta más información. Tenemos que seguir avanzando. Necesitamos saber los beneficiarios efectivos que están detrás de las sociedades, tener información sobre inmuebles, no solo sobre cuentas financieras, también sobre activos, un registro global sobre la riqueza. Esto es un trabajo ingente para las administraciones tributarias. [Podemos ofrecer] asistencia técnica para quien lo necesite". 

"No podemos analizar —agregó— a un multimillonario como si estuviese solo en el mundo: [hay] estructuras societarias y familiares. Necesitamos estructuras tributarias eficientes. Formemos una coalición y trabajemos juntos en los próximos meses. Hay países que tenemos experiencia de los gravámenes a la riqueza y podemos aprender de éxitos y trabajos. 

Esta es también una añeja, como otras, reclamación de la sociedad civil. La coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales, que agrupa a 92 ONG y asociaciones, sostiene: "El propósito es lograr un estándar global de tributación mínima a las personas más ricas (milmillonarias o ultrarricas) con el horizonte de llegar al 1% más rico y más allá. Esta medida lograría recaudar cantidades importantes (250.000 millones de dólares, inicialmente), lo que sería clave para la redistribución de ingresos y para reducir la concentración de riqueza". 

Oxfam calcula que entre 1995 y 2023 la riqueza privada "se incrementó en 342 billones de dólares, ocho veces más que la riqueza pública, que tan sólo aumentó en 44 billones". En términos relativos, argumenta la ONG, "el peso de la riqueza pública global disminuyó con respecto a la riqueza total durante ese periodo".

Por ello, para Oxfam, "frente al unilateralismo, nuevas alianzas estratégicas de países comprometidos en acabar con la desigualdad extrema: los gobiernos deben unirse y formar nuevas coaliciones para avanzar incluso sin consensos generalizados". "Países como Brasil, Sudáfrica y España ya están asumiendo un liderazgo a nivel internacional, y la nueva alianza global contra la desigualdad promovida por Alemania, Noruega, Sierra Leona y otros países es un buen ejemplo al que otras naciones se pueden sumar", reconoce la ONG.

Lo que procede, según Oxfam es "reinventar la financiación al desarrollo: impuestos a los ultrarricos, revitalización de la ayuda, reforma de la arquitectura de la deuda y diseño de indicadores que vayan más allá del PIB".

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La deuda

Por otro lado, en esa línea de reformas en la deuda que ahoga a las poblaciones del Sur global —el 60% de los países de renta baja está al borde de una crisis de deuda, señala Oxfam— el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó por un "cambio profundo" de la arquitectura internacional de la deuda, mediante "soluciones ambiciosas e innovadoras basadas en la cooperación y la solidaridad internacionales", que conviertan este instrumento financiero en "un motor de inversión, resiliencia y estabilidad" para los países en desarrollo.

Sánchez avanzó, según recoge una nota de la presidencia del Gobierno, sus propuestas en materia de deuda. Así, planteó la creación de una Alianza por las Cláusulas de Suspensión de Deuda, que reúna a países deudores, acreedores, bancos multilaterales, el sector privado y agencias de calificación crediticia, "con el objetivo de dotar de mayor consistencia y alcance a estas cláusulas, que suspenden temporalmente los pagos del servicio de la deuda en caso de catástrofes naturales y crisis, y fomentar su inclusión regular en los contratos de préstamos, tanto públicos como privados, para que los países en desarrollo no entren en crisis de liquidez e impago".

España, además, lanzó una iniciativa para promover los canjes de deuda por desarrollo sostenible, una herramienta que, según Sánchez, permitirá "abordar dos desafíos a la vez: aliviar la carga de la deuda y redirigir recursos hacia inversiones en acción climática, infraestructura sostenible, salud y educación". 

Sánchez afirmó también que España lanzará un "mecanismo nacional que permitirá canalizar hasta 60 millones de euros anuales en alivio de la deuda para los países en desarrollo, que “se reinvertirán de forma directa y transparente en programas de desarrollo sostenible". 

El presidente destacó, por último, que apoya la constitución de un fondo multilateral que permita a los países recomprar su propia deuda con descuento: "En lugar de permitir que estos activos acaben en manos de inversores especulativos, deberíamos ayudar y facilitar que los propios países recompren su deuda a precios reducidos, aligerando así su carga financiera y liberando recursos para el desarrollo".