MADRID. - La jueza anticorrupción Albania Caballero ha ordenado este jueves que el principal gerente de la aerolínea boliviana LaMia entre en prisión por su implicación en el accidente que tuvo lugar la semana pasada cuando uno de sus aviones, que trasladaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense, se estrelló al sur de Medellín matando a 71 de las 77 personas que viajaban a bordo.

"Se determina la detención preventiva del imputado, Gustavo Vargas Gamboa, por encontrarse evidencias de delito culposo y determinarse algunos riesgos procesales", ha señalado la jueza, según declaraciones recogidas por la agencia boliviana de noticias ABI.

Tras una audiencia que duró cerca de ocho horas, la magistrada autorizó a Vargas a salir bajo custodia para someterse a revisiones médicas, ya que sufre de diabetes, si bien ingresará en la prisión de Palmasola de forma preventiva.

El abogado de la defensa de Vargas, Jerjes Justiniano, ha calificado de "ilegal" esta resolución y ha anunciado que presentará un recurso de apelación a la orden en las próximas 72 horas.

El director general de la compañía fue detenido este martes en el marco de un operativo en el que los fiscales encargados del caso recuperaron una gran cantidad de información de las oficinas tanto de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea de Bolivia (AASANA) como de la aerolínea en el aeropuerto de Viru Viru, desde donde salió el avión, y en las sedes de ambas entidades.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía para ordenar prisión para Vargas se encuentran documentos de LaMia que establecen que habían presentado dos planes de vuelos distintos, con la misma fecha, para dos equipos de fútbol diferentes -el Chapecoense y el Sol de América, de Paraguay-.

Otro de los textos establece que la compra de combustible -el avión se estrelló debido a la falta de combustible necesario para cubrir la ruta- la había realizado el técnico Erwin Tumiri, uno de los seis supervivientes del accidente, pero no para la ruta Santa Cruz-Medellín que tenía previsto realizar el avión antes de estrellarse, sino para la ruta Santa Cruz-Cobija, un vuelo de apenas 2.000 kilómetros de distancia.

Otro de los titulares de la compañía, Miguel Quiroga, era el piloto que volaba el martes y que, además de estar acusado de no haber previsto el abastecimiento de combustible necesario para el viaje, tenía un procedimiento judicial abierto con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), de la que salió de forma irregular.

Además de Vargas, continúa la investigación en torno a Celia Castedo, la funcionaria de la AASANA que había pedido a la compañía que cambiara su plan porque la autonomía de la aeronave era muy ajustada para el trayecto previsto y que, tras huir a Brasil, donde ha solicitado asilo, ha denunciado haber sufrido presiones y hostigamientos por parte de sus superiores.

El avión, en el que viajaban 77 personas -entre ellas, el equipo de fútbol de Brasil Chapecoense-, se estrelló en un cerro al sur de Medellín, a donde se dirigía para que el club se disputara la final de la Copa Sudamericana, dejando 71 muertos y tan solo seis supervivientes.

Según las informaciones de la investigación, el avión se precipitó porque no contaba con suficiente carburante como para cubrir la ruta prevista, desde el aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, hasta la ciudad colombiana.