Llegó a la presidencia en 2002 con una votación arrolladora que le permitió ganar en primera vuelta con un 53%. Se presentaba a los colombianos como el único capaz de derrotar a la guerrilla y acabar con la "politiquería". Hoy, en medio de escándalos sobre su gestión, Álvaro Uribe asiste a la elección de su sucesor entre quien se declara heredero del uribismo, Juan Manuel Santos, en el que nunca ha acabado de confiar, y un candidato verde, Antanas Mockus, que intentará una radical renovación de la política de los últimos ocho años en Colombia.

Aun con un porcentaje de popularidad personal estimable, Uribe se va con un desgaste considerable: ineficacia en el Gobierno, procesos por escuchas ilegales ordenadas desde la presidencia, falsos positivos, denuncias de organismos de derechos humanos... Y con la espada de Damocles de la Corte Penal Internacional sobre su cabeza si continúa la impunidad sobre estos crímenes en Colombia. El último informe de la ONU, difundido el pasado jueves por su relator Philip Alston, estima que el 95% de las ejecuciones extrajudiciales "sistemáticas y controladas" durante su mandato, cifradas en al menos 3.084 víctimas, sigue sin resolverse.

Queda por resolver su vínculo con las escuchas ilegales y los falsos positivos

Durante prácticamente dos años, hasta la sentencia denegatoria de la Corte Constitucional en el pasado febrero, Uribe mantuvo en vilo al país y paralizada la política, con el intento de presentarse a un tercer mandato, retorciendo la Constitución mediante un referéndum. Ahí comenzó su desprestigio, nacional e internacional, y el abandono de sus más fieles.

Desde Estados Unidos y Europa, la prensa más influyente y hasta el propio Barack Obama de forma elegante, le enviaban mensajes para que dejara el poder y no se convirtiera en un caudillo bananero más. A nadie hizo caso: toda la agenda de Gobierno estuvo orientada hasta hace pocas semanas hacia su reelección para un tercer

Según la revista Semana, Uribe ha sido presa de un "delirio mesiánico" que le indicaba que sólo él podía detener la "hecatombe" que se produciría en Colombia si dejaba a los colombianos solos. Algunos filósofos de vía estrecha, como su consejero José Obdulio Gaviria, le aportaron la tesis de que el "estado de opinión", que representaba su alta popularidad, estaba por encima de los formalismos de la política institucional del Estado, y, llegado el caso, de la propia Constitución.

Colombia celebra hoy la primera vuelta de las presidenciales

La Corte Constitucional le frenó en seco. Pero además, la fiscalía está demostrando que incluso su segundo mandato desde 2006 habría partido de un fraude realizado comprando los votos necesarios para que pudiera ser reelegido reformando la Constitución. El voto decisivo en la Comisión correspondiente del Parlamento lo aportó la entonces congresista Yidis Medina, hoy en la cárcel tras admitir que fue comprada con prebendas. El presunto comprador, el entonces ministro de Justicia de Uribe, Sabas Pretel, acaba de dimitir como embajador en Italia para presentarse a la Justicia en Colombia. Según fuentes jurídicas consultadas por Público, no es descabellado que se demuestre que la investidura de Uribe para gobernar en los últimos cuatro años podría quedar invalidada en su origen, aunque ello no tenga ya efecto práctico alguno.

Los últimos días antes de conocer a su sucesor en el Palacio de Nariño están suponiendo un calvario para Álvaro Uribe. A los escándalos sobre la "empresa criminal" en que según la fiscalía se convirtieron los servicios secretos (DAS) bajo su mando, se han unido declaraciones claras desde EEUU en el sentido de que no se enviarán a Colombia más ayudas para combatir el narcotráfico mientras no mejore el respeto por los derechos humanos y se siga persiguiendo y eliminado a activistas de ONG y del sindicalismo. El último trago amargo ha sido la reapertura del caso de su hermano Santiago, acusado por un ex jefe de policía de haber sido un sanguinario dirigente paramilitar durante los años 90.

Mientras, el desempleo, la pobreza y las desigualdades se han ido acentuando durante la gestión de los gobiernos de Uribe, hasta el punto de que en las elecciones presidenciales de hoy, estos problemas han pasado al primer plano en todas las encuestas de opinión por delante de la seguridad y la lucha contra la guerrilla, que no arroja ningún resultado estimable desde hace meses. A las cifras sociales desastrosas, se suma en el legado de Uribe la estabilidad del narcotráfico unido al paramilitarismo que, mediante las "bandas emergentes", sigue asolando el país y provocando que el desplazamiento forzado siga incrementándose hasta alcanzar a más de 3,5 millones de personas.

Uribe se despide también dejando a Colombia en pésimas relaciones con sus vecinos: rotas con Ecuador, prácticamente rotas con Venezuela y tensas con Brasil, Argentina y Bolivia.