Los 27 Estados miembros de la Unión Europea alcanzan en una cita pasional, visceral y divisoria un principio de acuerdo para echar a rodar un Pacto de Asilo común tras casi una década de política migratoria inexistente. Bruselas vitorea el acuerdo "histórico" y "equilibrado" que en el fondo sella una posición coyuntura que viene imponiéndose desde hace años en el bloque comunitario: el control fronterizo y la expulsión de migrantes.

Los ministros de Interior comunitarios se dieron cita el jueves en Luxemburgo en un encuentro que se veía como el de la última oportunidad para desenredar el que ha sido uno de los mayores nudos en la UE desde 2015. Por momentos, la fumata blanca parecía imposible. Vetos, recesos, nuevas propuestas de la Presidencia sueca. Y un país en el centro de todas las miradas: la Italia de la ultra Giorgia Meloni.

Finalmente, y tras más de doce horas, ha llegado el esperado acuerdo, llamado a reconciliar las diferencias insalvables hasta la fecha entre solidaridad y responsabilidad entre los Veintisiete. Enterradas las cuotas de acogida obligatorias, la UE ha establecido una especia de "solidaridad flexible" mediante la que los Estados miembros pueden escoger entre reubicar a los solicitantes de asilo de países con más presión migratoria o pagar una suerte de penalización de 20.000 euros por cada refugiado rechazado. Además, el bloque comunitario se compromete a reubicar a 30.000 solicitantes de asilo cada año. Una cifra que choca con los más de cuatro millones de refugiados ucranianos que han recibido amparo en los países europeos desde el inicio de la invasión rusa.

Fricciones entre Roma y Berlín

El gran punto de fricción de la cita lo han protagonizado Italia y Alemania. Para Berlín, Madrid o París era imperativo salir de este Consejo con un acuerdo; para Roma la prioridad era blindar sus prioridades de mano dura. Es decir, acortar el tiempo de responsabilidad de los Estados sobre las personas que llegan, acelerar los retornos de migrantes irregulares en la frontera y establecer más acuerdos con países de origen y de tránsito para que directamente las personas no lleguen a las costas europeas. Replicar el modelo turco o libio. De hecho, este mismo jueves se ha anunciado un viaje de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, junto a la primera ministra italiana a Túnez para reforzar la cooperación en materia migratoria.

Los de Olaf Scholz querían mayor garantías y protección de los menores no acompañados y establecer líneas más claras sobre cuáles son los países de retorno seguros. Finalmente se ha acordado acelerar las expulsiones y será cada Estado miembro quien tenga la potestad de designar qué países suponen o riesgo o no para la vida de las personas que sean deportadas. En la práctica, muchas personas que buscan protección, incluidas niños, quedarán retenidos en las fronteras. "El acuerdo complace a la extrema derecha y tira por la borda los valores europeos", denuncia en un comunicado Philippe Lamberts, presidente del grupo de Los Verdes.

Tras el tira y afloja, Italia estaba en el barco. No se quería ni podía llegar a un acuerdo tan trascendental para el presente y futuro de la UE sin uno de sus principales países y sin el país al que más migrantes llegan en estos momentos. Para la fumata blanca era necesario mayoría cualificada y no una decisión por unanimidad, como si se requiere en política fiscal o de sanciones.

Polonia y Hungría, durante toda la jornada han vociferado que lo que hay en la mesa es una "carta de invitación a personas de África a entrar en la UE". Han votado en contra. Como ya hicieron en 2015 con las cuotas de reparto obligatorias que la Comisión previa capitaneada por Jean-Claude Juncker impuso en el marco de la llegada de más de un millón de personas que huían de Siria. Sendos países iliberales llevaron esta medida ante la Justicia europea, que le dio la razón a Bruselas. Pero en cualquier caso el sistema de reparto se probó fallido y sacó los colores a la UE. Los Estados solo reubicaron a menos del 30% de personas comprometidas.

El acuerdo alcanzado comienza ya a levantar polvo entre los eurodiputados. "Es un trato vergonzoso que no resuelve nada. En lugar de un reparto justo entre Estados miembro, los solicitantes de asilo son encerrados en las fronteras exteriores. Serán negociaciones difíciles con el Parlamento Europeo", advierte Tineke Strik, eurodiputada neerlandesa de Los Verdes.

¿Y ahora qué?

La UE supera hoy un primer escollo. Importante, es el primer salto de altura en los ocho años que ha tardado el Consejo de la UE en fijar su postura. Pero ahora se vienen negociaciones muy arduas en los conocidos como trílogos, el diálogo entre las tres instituciones: Parlamento, Comisión y Consejo.

El Parlamento Europeo fijó su posición recientemente en torno a uno de los dosieres que más ha defendido. Y los eurodiputados no lo pondrán fácil. Por ejemplo, la Eurocámara quiere crear un mecanismo de gestión de crisis para obligar a los países a que abran sus puertas cuando se produzcan situaciones anómalas o de grandes llegadas de migrantes, como ocurrió en 2015. Pero el Consejo no quiere ni oír hablar de ningún tipo de imperativo.

El cronómetro corre sin piedad. La actual legislatura europea concluye justo dentro de un año, con la amenaza de que las elecciones europeas de junio de 2024 dejen un arco parlamentario más fraccionado, polarizado y con mayor paso de las fuerzas de extrema derecha. En esta coyuntura sería todavía más complicado acordar una política europea de migración justa, sostenible y equilibrada.

Por todo ello, la pelota se traslada ya a la Presidencia española de la UE, que inicia su andadura el próximo 1 de julio y que está llamada a pilotar las negociaciones con los eurodiputados para un acuerdo definitivo que ponga fin a años de parches e improvisaciones que han dejaron el año pasado una persona ahogada en el Mediterráneo cada tres horas.