Nicolas Sarkozy busca desde hace meses lo que él llama "balizas" tajantes de su quinquenio presidencial para intentar reconquistar al electorado ultra y poder aspirar a la reelección. Más que balizas, ayer plantó una pica en la nuca de la sociedad civil. La fiscalía de Bobigny (periferia norte de París), que obedece instrucciones del Gobierno, solicitó archivar la causa contra los policías implicados en la muerte de dos jóvenes en octubre de 2005, un incidente que originó la insurrección de las banlieues (los suburbios) durante tres semanas de aquel otoño.

"Nos van a esconder la verdad, cuando habría que decir la verdad algún día para que nuestro dolor sea menos duro". Premonitorias sonaban, ayer, esas palabras de un rap compuesto en 2006 por la asociación Au-delà des Mots, creada por las familias y amigos de los dos jóvenes fallecidos, y con participación benévola de algunos de los mejores raperos franceses.

La fiscal considera que no hay "cargos suficientes" para juzgar a los agentes

27 de octubre de 2005. Un grupo de adolescentes juega al fútbol en pleno Ramadán en la periferia noreste parisina de Clichy-sous-Bois. La mayoría se ha dejado la documentación en casa y evita volver tarde a casa por temor a la reprimenda paterna. Así que los jóvenes corren despavoridos al ver desembarcar a varias patrullas de policía, sinónimo en las barriadas francesas de horas de dolor de cabeza, desde el giro policial protagonizado por Sarkozy, entonces ministro de Interior desde 2002.

Tres de los jóvenes escalan una valla y se refugian en un recinto. Un transformador eléctrico. Los policías, en lugar de alertar de inmediato por megáfono del peligro, y de avisar sin tardar a bomberos y a equipos de urgencia de la red, siguen con su redada. Según intercambios de la central de radio de la policía, dos frases pasan por las ondas reservadas de los agentes: "No podrán ir más lejos" y "No doy un duro por sus pellejos". Zyed Benna, de 17 años, y Bouna Traoré, de 15, perecen electrocutados, mientras que su amigo Muhittin Altun, de 17 años, resulta con quemaduras graves.

Ayer, la fiscal Sylvie Moisson dijo que había "solicitado definitivamente sobreseer" la causa contra dos de los policías. Estima que no hay "cargos suficientes" para juzgar a los agentes implicados por el presunto delito de "puesta en peligro deliberada de la vida de terceros". Es más, estima que ni siquiera es necesario procesarlos por "no asistencia a persona en peligro".

Perseguidos por la policía, Zyed y Bouna murieron electrocutados

De hecho, muchos agentes ya habían sido exculpados en una primera investigación interna efectuada durante los disturbios que inflamaron toda Francia y ocasionaron la instauración del estado de emergencia, algo que no se había producido ni en Mayo del 1968, y sí durante la guerra de Argelia (1954-1962).

Luego, la causa pudo ser abierta gracias a una investigación en profundidad de la Inspección General de Servicios la policía interna de la policía en 2006, que determinó que algunos agentes habían mentido al afirmar que nunca hubo persecución policial de los chicos.

El sumario abierto entonces, a petición de las familias de los fallecidos, fue cerrado en julio de 2009 sin condenas, y luego reabierto sólo gracias a un recurso. El actual dossier queda ahora en manos de los jueces instructores, que deben pronunciarse en el plazo de un mes tras el alegato de la fiscalía. En Francia es poco frecuente que el juez, al que corresponde la decisión final, se oponga a un alegato tan frontal del fiscal, figura que, en principio, tiene la obligación de participar en el intento de "manifestación de la verdad".

Los abogados de las familias de los fallecidos, Jean-Pierre Mignard y Emmanuel Tordjman, publicaron un comunicado calificando la posición del fiscal de "verdadero salvoconducto destinado a cubrir de impunidad una acción contraria a la ley y a la deontología policial".

Denuncian que la fiscalía de Bobigny argumenta que los agentes desconocían que los chicos estaban en el lugar peligroso, cuando estos habían sido "literalmente rodeados por unos 15 policías" que observaron sus movimientos y fuga. Y subrayan que no formulan "una acusación contra la policía" en general, sino que exigen el enjuiciamiento de agentes concretos que faltaron a su deber de socorrer a una persona en peligro.

Llueve sobre mojado en Francia en materia de relaciones entre jóvenes y policías bajo la batuta de Sarkozy. Larga es la lista de jóvenes con apellido africano o magrebí muertos o heridos en incidentes con la policía. La muerte de Moushin y Lakamy en otoño de 2007, atropellados por una patrulla en Villiers-le-Bel (periferia norte de París) al término de una persecución, se ha saldado con varias absoluciones de agentes. Por el contrario, decenas de jóvenes de ese barrio han sido condenados a penas de cárcel, por supuestas agresiones e incluso disparos a policías durante las noches de disturbios que siguieron. En la mayoría de los casos, la única prueba para condenarlos fueron testimonios anónimos remunerados, autorizados recientemente por ley.

Nicolas Sarkozy completó ayer su baliza del doble rasero en que está incurriendo la Justicia con las barriadas populares. Diputados ultraconservadores muy próximos al Elíseo anunciaron que el presidente francés reflexiona sobre la instauración de jurados populares en los tribunales corrientes encargados de juzgar delitos, y no sólo como es el caso actualmente en las cortes que juzgan crímenes graves.

Un endurecimiento a la americana más en el sistema penal y policial francés, de los muchos ya protagonizados por Sarkozy, todos ellos reservadas a los ciudadanos de las banlieues.