El PP quiere acelerar aún más las negociaciones del polémico Tratado de Libre Comercio que Bruselas y Washington negocian con sigilo, a pesar de las críticas de otras fuerzas políticas y de organizaciones y movimientos sociales, que conciben el acuerdo como un arma de las multinacionales y como una herramienta para seguir implantando políticas neoliberales en la UE.Si todo va según lo previsto, el Congreso de los diputados aprobará este martes una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular, en la que pide al Gobierno que presione a Bruselas para concluir cuanto antes las negociaciones sobre el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

El texto del Partido Popular se centra en resaltar las supuestas bondades del acuerdo, apuntando que "fomentará el crecimiento sostenible y el empleo" en la UE y en Estados Unidos, que las negociaciones "son muy prometedoras, o que tendrá "efectos positivos para nuestras sociedades y para terceros". También menciona que las negociaciones "cuentan con un amplio apoyo político en ambos lados", pero omite que el tratado que abanderan conservadores, socialistas y liberales en la Eurocámara cuenta con la oposición de otras tantas fuerzas políticas, como la Izquierda Unitaria Europea (GUE/ NGL) o Los Verdes.

Omite también que las negociaciones se han visto empañadas por las críticas a la opacidad de estas reuniones, por el enorme peso de los lobbies en el proceso, o por la existencia de una cláusula de protección de inversiones (ISDS) que permitirá a las multinacionales demandar a los estados en los que realicen inversiones, si considera que los cambios normativos que estos apliquen perjudican a sus inversiones. Podrán hacerlo ante tribunales arbitrales privados, saltándose los tribunales nacionales para poner estos procesos en manos de un puñado de empresas que gestionan la mayoría de procesos arbitrales en todo el planeta, obteniendo beneficios millonarios por su labor. Y, desde luego, tampoco hace mención alguna a que el número de voces críticas con el TTIP sigue creciendo, por lo que el Parlamento Europeo se vio obligado recientemente a desarrollar un nuevo encuentro para vender las bondades del TTIP, que fuerzas como Podemos, IU o Equo calificaron como un mero acto de "propaganda".

El PP pide "animar a la Comisión Europea para que concluya en plazo oportuno las negociaciones de un acuerdo ambicioso y completo", "velando por que ello se haga de acuerdo con los intereses generales de España". Precisamente, y para garantizar que esta última idea fuese tenida en cuenta, IU pidió en mayo al Congreso que paralizara las negociaciones, que realizase un referéndum o, al menos, que crease una comisión parlamentaria para explicar los efectos del tratado en España, donde todavía no existe un estudio de impacto del tratado. De hecho, hasta la fecha Bruselas sigue tirando de las cifras más positivas de un estudio encargado en 2013 que incluye otras estimaciones no tan positivas, y resta credibilidad a otros informes que alertan sobre los peligros del TTIP para el medio ambiente, para el empleo y para el sector público.

Para tumbar las dos primeras peticiones de IU el PP contó con el apoyo de otros grupos, entre ellos el PSOE, pero su mayoría absoluta bastó para acabar con el tercer requerimiento de la formación que aún lidera Cayo Lara. Está por ver qué grupos secundarán al PP este martes, pero aún en el caso de no contar con apoyo, el rodillo de la mayoría absoluta del partido que gobierna servirá para dar luz verde a la iniciativa, que pone sobre la mesa la urgencia del Partido Popular por lograr la aprobación del tratado.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado dos enmiendas a la proposición no de ley del Partido Popular. En primer lugar, pide añadir un párrafo en el que el texto haga mención a la "falta de transparencia, la opacidad y la mínima participación de la ciudadanía con que se están llevando a cabo las negociaciones".

La segunda enmienda, en línea con la petición de IU, plantea la necesidad de celebrar un referéndum vinculante para que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre el polémico acuerdo. En teoría las negociaciones deberían concluir a finales de 2015, pero previsiblemente se extenderán hasta 2016, cuando deberá ser ratificado, a no ser que las voces de expertos críticos con el acuerdo, la falta de transparencia de la Comisión y el resto de caras ocultas del TTIP lleven a los españoles y al resto de europeos a exigir su paralización.