Nicolas Sarkozy reclamó este lunes la anulación de la instrucción que condujo a su condena por corrupción y que le valió en marzo de 2021 una condena a tres años de cárcel, de los cuales uno de obligado cumplimiento, al considerar que se hizo de forma desleal, sin poder ejercer los derechos de la defensa.

La abogada del expresidente francés, Jacqueline Laffont, subrayó, durante la primera audiencia del juicio ante el Tribunal de Apelación de París, que esa instrucción fue "una violación irreversible" de los derechos de la defensa y "debe conducir a su anulación integral".

"El conjunto de la instrucción está viciado" porque entre otras cosas se escondieron a los inculpados "elementos exculpatorios muy importantes" y no se les comunicó el dossier hasta poco antes de empezar el juicio en primera instancia, señaló Laffont al formular al tribunal, presidido por la jueza Sophie Clément, una cuestión prioritaria de constitucionalidad.

Se trata de intentar elevar al Consejo Constitucional ese asunto para que decida si se violó la Carta Magna antes de que el Tribunal de Apelación de París pueda continuar examinando el recurso del que fue presidente de Francia entre 2007 y 2012 y de los otros dos encausados.

Sarkozy busca la intervención del constitucional

Laffont planteó una segunda cuestión prioritaria de constitucionalidad referida a la validez de las escuchas a las que Sarkozy (que tiene ahora 67 años) y su abogado en el momento de los hechos (2013 y 2014), Thierry Herzog, fueron sometidos durante siete meses.

Para la letrada, se violaron varias normas que protegen la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente, en particular una reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Sarkozy y Herzog son dos de los inculpados junto a Gilbert Azibert, antiguo alto magistrado en el Tribunal Supremo al que, según la acusación, intentaron corromper con promesas de un puesto en Mónaco a cambio de unas informaciones confidenciales y una intervención sobre otra instrucción en la que estaba implicado el expresidente francés.

Los tres fueron sentenciados en marzo de 2021 por el Tribunal Correccional de París a la misma pena, de tres años de cárcel, uno de los cuales en firme que tendrían que cumplir en arresto domiciliario con un brazalete electrónico.

"Nunca he corrompido a nadie"

Sarkozy, que acudió a esta primera jornada del proceso –que debe prolongarse hasta el 16 de diciembre– con un traje negro y el gesto serio, aprovechó cuando le dio la palabra la presidenta Clément para clamar su inocencia con un discurso vehemente en el que no dudó en subir el tono de voz en algunos momentos clave: "Nunca he corrompido a nadie".

Aseguró que se explicará de forma pormenorizada sobre las 3.500 escuchas que se le hicieron durante siete meses y cuya validez como pruebas acusatorias quiere invalidar. Pero, sobre todo, se esforzó en presentarse como víctima, porque según su versión, este asunto le ha "perjudicado gravemente". Se quejó, en particular, de que la sentencia en primera instancia se asentaba, a su parecer, en "un haz de indicios" y no en pruebas, e hizo hincapié en que tiene intención de "defender un honor que ha sido burlado".

Su condena por el Tribunal Correccional de París del 1 de marzo de 2021 fue la primera en la que un expresidente francés era sentenciado a una pena de cárcel firme, es decir, que implica una privación de libertad efectiva.

Pocos meses después, en septiembre del pasado año, volvió a ser sentenciado a un año de cárcel, de nuevo firme, por la financiación ilegal de su campaña electoral de las presidenciales de 2012, en las que fue apartado del Elíseo por el socialista François Hollande. También la ha recurrido esa segunda condena, y el proceso de apelación está programado para noviembre y diciembre de 2023.