MADRID.- La guerra política en Brasil sigue más viva que nunca. El Senado, en un gesto de desafío, ha decidido obviar la última resolución del Congreso de anular el proceso contra Dilma Rousseff y mantener el calendario previsto para la destitución de la presidenta del país. Será el Tribunal Supremo quien decida la disputa entre las dos Cámaras.

Apenas unas horas después de la decisión de la Cámara de los Diputados, el presidente del Senado, Renan Calheiros, ha rechazado el dictamen, que ha calificado de "absolutamente intempestiva". "Aceptar este juego en la democracia sería comprometerme personalmente en un retraso del proceso, y no corresponde al presidente del Senado decidir si el proceso es justo o injusto", ha esgrimido.

De esta forma Calheiros ha desestimado la decisión del presidente del Congreso, Waldir Maranhao, de celebrar una nueva votación en la que se decida sobre la continuidad del impeachment contra Rousseff tras el ajustado resultado de la primera ronda. De continuarse el proceso, según pretende Calheiros aunque no lo ha aclarado, el próximo miércoles arrancará la votación en el pleno del Senado para decidir ─con una mayoría simple de al menos 41 de los 81 senadores─ si abre un juicio político contra Rousseff por irregularidades contables, acusaciones que no han podido ser demostradas.

En este escenario, Rousseff quedaría cesada temporalmente y su vicepresidente, Michel Temer ─también amenazado con otro proceso por autorizar créditos públicos sin el consentimiento del Congreso─, asumiría el cargo de forma interina. Tras una investigación de un máximo de 180 días, se celebraría un juicio político en el Senado dirigido por el presidente del Tribunal Supremo. Si dos tercios de los senadores (54), habiendo un quórum de 42, respaldan la destitución, ésta será definitiva.

El presidente del Congreso aceptó la demanda de la Abogacía General del Estado, que ejerce la defensa de Rousseff en este proceso y que había pedido la nulidad de la votación en la Cámara Baja sobre la base de supuestos "vicios" procesales. Maranhao entiende que los diputados revelaron el sentido de su voto antes de conocer el alegato del Abogacía General del Estado, José Eduardo Cardozo, a favor de Rousseff y que apenas le dejaron hablar, lo que vulneraría el derecho a la defensa.