MADRID.- El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Ricardo Lewandowski, ha anulado la orden judicial que suspendió este martes el servicio de mensajería WhatsApp en todo el país, por lo que la aplicación volverá a funcionar apenas unas horas después de su inesperado cierre.

La jueza Daniella Barbosa Assumpção de Souza había acusado a Facebook, empresa propietaria de WhatsApp, de incumplir una orden judicial previa para entregar una serie de mensajes relativos a una investigación en curso. Facebook, que se había negado a revelar las comunicaciones de sus usuarios. argumentó que no podía acatar la orden porque los mensajes están encriptados desde el pasado mes de abril.

La jueza había acusado asimismo a la firma estadounidense de demostrar "un total desprecio" por las leyes brasileñas. En este sentido, había recriminado a Facebook que trate al país suramericano como "una república bananera". La magistrada también había impuesto una multa de 50.000 reales (unos 15.150 dólares) por cada día en que la compañía retrasase la entrega de las informaciones solicitadas. De Souza alegó que el servicio de intercambio de mensajes amenaza la seguridad debido a que los delincuentes ya no usan el teléfono para comunicarse, sino WhatsApp, con la garantía de que la Justicia no tendrá acceso a sus comunicaciones.

Los operadores de telefonía recibieron la orden de bloquear el servicio a partir de las 11.30 (hora local), pero la decisión de Lewandowski finalmente ha anulado dicho cierre. La Justicia ya dictó medidas similares en diciembre de 2015 y en mayo de este año, también en esas ocasiones por la supuesta falta de colaboración durante una investigación.

La aplicación fue bloqueada por primera vez por orden de un juez penal de la ciudad de Sao Bernardo do Campo y sólo volvió a operar doce horas después por decisión de un tribunal de apelaciones. El siguiente bloqueo fue ordenado por un juez de Lagarto, una ciudad en el interior del estado de Piauí, y el cierre fue suspendido 24 horas después por un tribunal de apelaciones. En las dos ocasiones, Anatel consideró las decisiones judiciales desproporcionadas, por castigar a los 100 millones de brasileños que usan el servicio.