MADRID.- Un tribunal de Río de Janeiro ha ordenado la suspensión del servicio de mensajería móvil WhatsApp en todo el país, en el que es ya el tercer bloqueo que sufre la aplicación en Brasil por orden de las autoridades judiciales.

La jueza Daniella Barbosa Assumpção de Souza ha explicado en su dictamen que Facebook, empresa propietaria de WhatsApp, ha incumplido una orden judicial previa para interceptar mensajes en el marco de una investigación policial cuyo contenido no ha revelado, según informan medios locales. La compañía se habría negado a revelar las comunicaciones de personas que son investigadas por diferentes delitos.

Según la jueza, la firma estadounidense se ha limitado a responder en inglés que no entregaría ningún mensaje compartido entre sus usuarios, lo que demostraría en su opinión "un total desprecio" por las leyes brasileñas. En este sentido, ha recriminado a Facebook que trate al país suramericano como "una república bananera".

La magistrada también ha impuesto una multa de 50.000 reales (unos 15.150 dólares) por cada día en que Facebook retrase la entrega de las informaciones solicitadas. De Souza ha alegado que el servicio de intercambio de mensajes amenaza la seguridad debido a que los delincuentes ya no usan el teléfono para comunicarse, sino WhatsApp, con la garantía de que la Justicia no tendrá acceso a sus comunicaciones.

Los operadores de telefonía recibieron la orden de bloquear el servicio a partir de las 11.30 (hora local) hasta nuevo aviso. La Justicia ya dictó medidas similares en diciembre de 2015 y en mayo de este año, también en esas ocasiones por la supuesta falta de colaboración durante una investigación.

La aplicación fue bloqueada por primera vez por orden de un juez penal de la ciudad de Sao Bernardo do Campo y sólo volvió a operar doce horas después por decisión de un tribunal de apelaciones. El siguiente bloqueo fue ordenado por un juez de Lagarto, una ciudad en el interior del estado de Piauí, y el cierre fue suspendido 24 horas después por un tribunal de apelaciones. En las dos ocasiones, Anatel consideró las decisiones judiciales desproporcionadas, por castigar a los 100 millones de brasileños que usan el servicio.