LuzesContra la nostalgia, memoria

La recuperación y vindicación de la memoria de las víctimas de lo que en Galiza no fue una guerra civil, sino una limpieza ideológica ejercida a sangre y hierro desde julio de 1936, atravesó desde sus comienzos, sobre 1980, varias etapas. De las escasas iniciativas personales o institucionales en el final del siglo XX al ciclo ascendente que caracterizó el albor del siglo XXI, y que dejó paso a una etapa en la que se impone la reformulación del movimiento, en un contexto de crisis económica y liquidación de apoyos institucionales. La Iniciativa Gallega por la Memoria agrupa hoy la mayor parte de los colectivos que siguen en activo, del lado de los investigadores que ya nunca habían esperado soporte ninguno.

Está en discusión si en la Transición y en el contexto estatal se recuperó la memoria inundada y si por parte de la Universidad se favoreció la investigación al respecto. Parece que se publicó mucho, se hicieron documentales revolucionarios y, de manera espontánea, comenzaron a ser excavadas fosas donde quedaban enterradas víctimas del fascismo. En Galiza, por ejemplo, alrededor de 1981 los familiares del que había sido alcalde de Gomesende, Celso Pérez, exhumaron por su cuenta el cadáver del cementerio de Sorga (A Bola). Luego, ya había brotado una literatura testimonial que relataba la persecución que habían sufrido sus autores, caso de Ramón de Valenzuela o Silvio Santiago.

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Hubo, al mismo tiempo, entradas de la Gran Enciclopedia Gallega que tocaron el tema y ciertas muestras de periodismo de investigación sobre la memoria del 36. He ahí el reportaje de Francisco Cerecedo sobre el destrozo de Tui, que apareció en 1979 en la revista Historia 16. También por aquel tiempo surgieron colectivos que, años andados, tendrán protagonismo en este campo. Por ejemplo, la Asociación Cultural Alexandre Bóveda (A Coruña), que coincidió con otras de largo recorrido como El Gallo (Compostela) que, con cautela, iniciaron la transmisión de aquella dañada memoria tras la muerte de Franco.

Sin embargo, en aquel momento la Universidad gallega le dio la espalda a la demanda de investigaciones relativas a la Guerra Civil. Mismo los que, influidos por Tuñón de Lara, pretendíamos estudiar el obrerismo en Galiza y vislumbrábamos la represión franquista en la lejanía, éramos tratados como rara avis. Al final de esta etapa, en 1980, y alejado de las rigideces académicas, Hartmut Heine publicará su libro referencial sobre la guerrilla gallega.

Se publicó, sí, pero quien lo hizo resultó ser mayormente alguien que daba testimonio de apesaradas vivencias o enarbolaba la militancia antifranquista, con recurso a pequeñas editoriales, siempre en desventaja con las prebendas mediáticas de neofranquistas como Ricardo de La Cierva. A falta de mejor cosa, en aquel momento actuó como portavoz del memorialismo una revista, Interviú, calificada de frívola. Esta publicación, además, fue víctima de un aviso a navegantes por parte de la derecha que a diario esgrimía la guerra como espantapájaros.

En 1978, Interviú fue secuestrada por un artículo sobre la presunta implicación de Antonio Rosón, entonces presidente de la Xunta preautonómica, en la represión desatada en el este de Lugo. Toda aquella información sobre el comportamiento faccioso obstaculizaba la pretensión de construir una democracia sin derribar parte de las bases del régimen franquista. Eso fue lo que pactó la mayoría de la oposición antifranquista, que transigió en pagar el precio del silencio verbo de lo ocurrido a partir de 1936. No sorprenderá, pues, que en el affaire Interviú, Carrillo, García Sabell y Ramón Piñeiro habían coincidido en que no había pruebas contra Rosón y convenía olvidar el asunto. Guste o no, el origen del oscurecimiento que en adelante cayó sobre la memoria de los vencidos está en la Transición.

Hubo quien no asumió el coste y comparó la desmemoria. Y vino la bofetada final. En la mañana en que Tejero asaltaba el Congreso, el documental Rocío, brillante muestra de un discurso crítico con la pérdida de la memoria en el franquismo, era denunciado en un juzgado de Sevilla y sería el primero film secuestrado tras el mutis de la censura. Mientras, la carrera de su director, Fernando Ruiz Vergara, daba en quiebra. Rocío se nos presenta hoy como símbolo del que pudo ser y no fue. Recordar continuaba siendo peligroso, el silencio ganaba la batalla y la esperanza de un relato transgresor, libre y plurinacional de la naciente democracia resbalaba hacia las alcantarillas.

Los años 80 y la mitad de los 90 del siglo XX fueron casi un yermo para el conocimiento de la represión franquista. Ni el gobierno del PSOE en España, ni el del PP en Galiza, desarrollaron políticas públicas de memoria democrática. Tampoco la Universidad, fuera de los avances en Catalunya en el campo de la historia oral, se dio por aludida. En esa disciplina se registra la única aportación de la institución académica gallega: entre 1989 y 1993, el proyecto Historga conformó un nutrido fondo de relatos personales, antes de que los protagonistas murieran en el desamparo.

Sin embargo, en el campo municipal hubo avances en cuanto a la simbología fascista, pues corporaciones de izquierdas, primero en el Ferrol, en 1981, y después con mayor ánimo en Compostela en el mandato de Xerardo Estévez, comienzan a desgranar el espacio simbólico franquista y, poco a poco, a erguir referentes alternativos. He ahí el monumento que en Ferrol desde 1990 recuerda el 10 de Marzo de 1972. En esa tarea coincidieron en el tiempo con iniciativas ciudadanas que, mediante suscripciones populares, se apropiaron de algunos lugares de memoria vinculados a las víctimas, como la fosa del camposanto de Sestás (A Guarda).

En la sociedad, fue el rato de los francotiradores, que en el país tienen nombre propio: Isaac Díaz Pardo, pilar de la colección Documentos de las Ediciones del Castro, cuyos 210 títulos publicados entre 1981 y 2009 recogieron testimonios de la barbarie a mansalva.

A su lado, la colección Crónica de Ediciones Generales y los Cuadernos Nuestra Historia difundidos a partir de 1986 por A Nosa Terra, dieron a conocer autores pioneros que aún hoy son cita obligada para el estudio de la Segunda República, la contienda civil y la guerrilla posterior: Víctor Freixanes, Carlos Fernández, Bernardo Máiz, Carlos Reigosa, Luis Lamela, Marc Wouters…; mismo lo local tuvo cabida en estas publicaciones, pues hubo aportaciones al estudio del golpe militar en Tui, Betanzos, Viveiro, Noia, etc.

Desde 1996 cambia la tendencia. El vaciamiento del sistema político en llave antidemocrática por los gobiernos de Aznar allanó el camino para una crítica de los pactos de otrora. En Galiza, el auge del nacionalismo, que erradicó los rótulos franquistas de Pontevedra en 1999, le dio ánimo al activismo de la memoria. Al fin y al cabo, una nueva generación —la de los nietos de las víctimas— se hizo notar por la reivindicación de los abuelos represaliados. Este viento portante posibilitó un mayor interés por la Guerra Civil. Nuevos autores y flamantes iniciativas editoriales, tal que la colección El Fardel de la Memoria de A Nosa Terra, se sumaron al universo pro-memoria. También el tejido asociativo se enriqueció al brotar colectivos de persistente andadura: la Fundación 10 de Marzo y los ourensanos Amigos de la República fueron algunos de ellos. Al fin y a la postre, hubo un hecho relevante: la Universidad dio señales de vida, ora por el apresurar el grupo Histagra en 1996, debruzado en el estudio del rural durante el franquismo, ora por las primeras tesis de doctorado centradas en la represión.

Un tercio de los colectivos activos en la década siguiente ya existían en Galiza. La concurrida inauguración en 1996 en la Alameda de Tui del conjunto de Silverio Rivas encargado por la Comisión Ciudadana por la Verdad del 36 del bajo Miño daba cuenta de lo que sin ayudas públicas se era capaz de hacer. El impacto mediático y simbólico de la excavación de la fosa de Priaranza por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), en 2000, fue notorio en el país. Desde aquella, la exhumación de los "desaparecidos" fue un altavoz de los ejes del movimiento en llave humanitaria, pero también comparada con el franquismo. Sin embargo, no debe confundirse el todo por la parte.

Antes de que comenzaran las excavaciones en Galiza, tuvo lugar en 2003 en Narón el 1º Congreso de la Memoria, organizado por la asociación Memoria Histórica Democrática de Ferrol. En él quedó claro que el diálogo entre memorialistas y sociedad estaba maduro y los colectivos eran quienes de acordar un programa que empeñaba en la construcción de una identidad basada en la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas, en la recuperación de los valores republicanos y, no sin tensiones, la consideración de la corriente nacional de conciencia colectiva que mantuvo hasta hoy un discurso propio. Al mismo tiempo, el debate de los relatos presentados mostró que las aportaciones de los años 80 y 90 estaban en la base del movimiento y que este con su expansión influía dialécticamente en los trabajos en curso sobre el ciclo 1931-1975. En suma, el movimiento a favor de la memoria, que en sus mejores momentos integró en Galiza más de 60 asociaciones y colectivos, estaba definido por su diversidad, mas también por la fragmentación y tensión interna respecto de la "cuestión nacional" y las diferentes lecturas verbo de la impunidad consagrada en la Ley de Amnistía de 1977.

Cuando el PSOE y el BNG entran en la Xunta, en 2005, este tejido posibilitó que por vez primera se articulara una política pública de memoria democrática en Galiza. La Dirección General de Cultura ocupada por Luis Bará catalizó un proceso participado que, con los objetivos de "saber, contar, recordar", pretendió que la sintonía entre el movimiento pro-memoria y la sociedad se ampliara a la Universidad y al sistema educativo, bajo una perspectiva gallega y de género. El empleo de medios públicos para promover las actividades de los colectivos, de los creadores, de los investigadores, socializó el movimiento de una manera inédita. El trabajo realizado en el período fue ingente: a las múltiples publicaciones, homenajes, exposiciones, conferencias, jornadas…, hace falta añadirles la realización de unos 20 audiovisuales, así como el emplazamiento de 35 monumentos e incontables placas de recordatorio de las víctimas esparcidas por todo el país. Hubo iniciativas como el Barco de la Memoria o el Memorial de la Libertad que atrajeron muchos millares de personas.

También la excavación de fosas continuó a buen ritmo y no menos de 35 fueron exhumadas hasta el año 2012, la grande mayoría de ellas por la ARMH. Al tiempo, se promovió un programa interuniversitario de pesquisa de la represión denominado Nombres y Voces, que estableció un diálogo entre historia y memoria a través del activismo memorialista. Sus resultados, la base de dados con 15.000 personas represaliadas entre 1936-39, un fondo oral de 571 entrevistas y otro gráfico de 22.000 fotos y documentos digitales, aseguran futuras investigaciones sobre el castigo franquista y los mecanismos de reproducción de la dictadura en Galiza.

En este mismo intervalo, en 2007, hubo en el movimiento memorialístico un encendido debate sobre la Ley de la Memoria que el PSOE llevó adelante. Fruto de las conversaciones, surgió la Iniciativa Gallega por la Memoria (IGM), punto de encuentro de los colectivos que pretendían el reconocimiento integral de las víctimas. El objetivo no se consiguió plenamente y tanto la impunidad de los represores como la anulación de los Consejos de Guerra continúan siendo materias pendientes, mas el espacio de acción común perduró y permitió enfrentar poco a poco los ataques que el derecho a saber de la ciudadanía padeció en forma de cierre de páginas web, censura de publicaciones y denuncia de historiadores y historiadoras.

Tras la victoria del PP en las autonómicas del 2009, el retorno a la ley del silencio por parte de la derecha evidenció las carencias de la política de memoria del bipartito, lastrada por el desigual compromiso de las diversas instancias gobernativas y la falta de voluntad política para cumplir íntegramente el programa. De ahí defectos tan importantes como la precariedad de las propuestas dirigidas a la juventud, o el no nato Centro de la Memoria, que había sido ideado como receptor de los materiales cosechados por Nombres y Voces.

De resultas, en un clima de liquidación de toda la labor de reconocimiento y divulgación de la memoria de las víctimas, agravado por la crisis económica que afectó de sobra a los compañeros de viaje del mundo editorial y de los medios de comunicación propios, tanto los colectivos como Nombres y Voces solo pudieron contar con las ayudas del Estado que, luego de la victoria del PP en las elecciones a Cortes del 2012, también desaparecieron. El memorialismo entró, pues, en decrecimiento, envejecido tras el agotamiento de un cierto activismo teñido de nostalgia y dividido por desafortunados episodios como el protagonizado por el juez Garzón. Y la dejadez respecto de los monumentos refleja también el estado de la memoria, tal y como denunció John Thompson refiriéndose al lamentable estado en el que se encuentra lo concebido por Xosé Vizoso en el Monte Furriolo.

¿Qué queda de aquel audaz movimiento a favor de la memoria? La IGM, que agrupa la mayor parte de la veintena de colectivos que siguen en activo en el país, pudo coordinar una resistencia de mínimos a la quiebra de las políticas de memoria. Y ahora se empeña en aclarar los propios objetivos, en la línea de las prioridades que el ponente de Derechos Humanos de la ONU, Pablo de Greiff, apuntó en su visita a Galiza: conquista del derecho a la verdad, la reparación, la justicia y las garantías de no repetición. Es tiempo también de visitar espacios poco transitados, tal que el sistema educativo y el ámbito sindical, de depurar territorios "vírgenes" que despiertan tras la derrota municipal de la derecha, o rendir el trabajo hecho, caso de la CRMH de A Coruña, verdadero factotum de la retirada de la simbología franquista en la urbe, meta largo tiempo perseguida.

En cuanto a la ARMH, superada la parálisis que le impuso la falta de ayudas públicas a partir de 2012, continuó con la excavación de cinco fosas en Galiza. La Universidad, a pesar de las dificultades para socializar parte del legado de Nombres y Voces, cuenta ahora con sólidas líneas de investigación para acercar en el futuro respuestas que expliquen la longevidad de la dictadura. Al fin y a la postre, en el gremio de francotiradores acostumbrados desde siempre a investigar sin soporte ninguno, en absoluto hay intención de retirada a los cuarteles de invierno. El movimiento pro-memoria, acredito, apresura y con disposición de recoger lo sembrado.

Llegados a este punto, acaso sería pertinente acechar hasta qué punto el activismo de la memoria desbordó el relato amable del franquismo en Galiza, que presenta un país entregado a los facciosos sin más represalias que las provocadas por las manías personales y sometido de buen grado a un régimen paternalmente autoritario. Las cifras de víctimas aportadas por Nombres y Voces niegan semejante visión, pero hay dificultades para que la sociedad descarte la dejadez o la "memoria de los vencedores" en los que fue mayormente educada. Entonces, si el conciliador relato del franquismo sigue siendo hegemónico es urgente deslegitimarlo, ora con una victoria política que arroje en la escombrera de la historia su impunidad, ora identificando y denunciando las herencias que nos condicionan aún hoy, desde la Audiencia Nacional que empeña en ilegalizar el independentismo, hasta el continuismo de las prácticas de la dictadura en el rural. Entiendo además que una perspectiva semejante posibilitaría el contacto del memorialismo con amplias capas de la población, que hasta este rato consideraron las motivaciones de estas cosas del pasado.

En definitiva, el movimiento a favor de la memoria de las personas vencidas, que no derrotadas, es portador de un imperativo de firme humanidad que, por boca de Walter Benjamin, manifiesto que nada está cancelado: luego, que nos devuelvan lo robado, lo que unos no pudimos construir y otros sí podrán llevar a cabo. En palabras del cantante Pablo Guerrero, otro damnificado de la Transición, paraíso, ahora.