Emilio Botín encargó a su entonces vicepresidente y mano derecha en el Banco Santander la llamada que hizo saltar por los aires el orgullo de tres todopoderosos y la autoestima de la economía gallega. A media tarde del jueves 23 de septiembre del 2005, apenas 24 horas antes de la cita para firmar el acuerdo, Matías Rodríguez Inciarte comunica al equipo elegido por Amancio Ortega, Julio Fernández Gayoso y Jacinto Rey para negociar la compra del 22% del capital de Unión Fenosa controlado por la entidad, que el precio de la acción acaba de subir de 30 a 32 euros. Los tres se niegan a revisar la oferta que días antes habían sellado en una reunión secreta en Oporto. Ya no se fían del presidente del gigante financiero español, pasmados por el giro inesperado en los acontecimientos que se lleva también por delante el número dos de Inditex.

A José María Castellano le habían ofrecido la Presidencia de la compañía energética de espaldas a Ortega. El enfrentamiento entre ambos provocó el divorcio del fructífero tándem que levantó el mayor imperio mundial de la moda a partir de una tienda de batas. En lugar de la "regalleguización" de Unión Fenosa, la gran noticia de aquel 23 de septiembre fue la espantada de Castellano, que ese mismo fin de semana se vengó posando para el periódico El Mundo sin escatimar reproches. "Se podía cerrar con más agilidad, en menos tiempo", criticó. "Al final, entran otros a negociar y se llevan la operación".

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Los "otros" fueron realmente uno. Florentino Pérez pagó la acción a 33 euros y dejó uno de los epicentros de la producción de la energía en Europa fuera de la etapa más efervescente del sector. Era el nuevo nicho de oro, refugio de la agonía del ladrillo. ACS llegó a acumular el 45% del capital hasta que en junio de 2008 entregó la eléctrica a Gas Natural por la mitad de lo que le costó. De los orígenes gallegos no quedó ni el nombre cuando una década después su nuevo dueño la rebautizó como Naturgy. Ese mismo día, el presidente, Francisco Reynés, advirtió antes de sentarse en la junta general de accionistas que la central de Meirama tenía los días contados si la inversión de 100 millones de euros para adaptarla a la nueva directiva de emisiones industriales de la UE "no se puede recuperar" por el auge de las fuentes renovables y el sobrecoste no asumible de los derechos de CO2.

Endesa arrastró los pies para confirmar el secreto a voces de la sentencia a muerte de su planta de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), líder de la generación con carbón en España. La compañía del grupo italiano Enel presentó la solicitud formal de cese de actividad el 27 de diciembre del 2019, acompañada del Plan Futur y para "promover el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo" en la zona. Lejos de avanzar en la revitalización de la comarca con medidas concretas, la presión de trabajadores, empresas auxiliares, ayuntamientos afectados y Xunta de Galicia abrió el camino a enrocarse en las pruebas para quemar otros combustibles.

Central eléctrica de Meirama

¿En que situación estaría Galicia en la transición energética si la historia de las empresas del sector fuera distinta? La energía es el paradigma de las consecuencias de la descapitalización en sectores estratégicos y de cómo las decisiones que se toman en Madrid o en otro país marcan el día a día de un territorio. No hay otro negocio más monopolizado por empresas foráneas. Concentran el 82% de la facturación, según datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE), y un tercio de las ventas totales de la industria, que perdió 210 empresas autóctonas desde 2014, frente a la nueva veintena de firmas dirigidas desde el resto de España.

El rumbo del naval

El buque de ultralujo Evrima descansa en la bancada del astillero Hijos de J. Barreras (Vigo) con el "mismo estilo de vida lento" con que su nuevo dueño, The Ritz-Carlton Yacht Collection, promociona para las futuras travesías del crucero. "La vida a bordo es relajada y casual, con una sensación de libertad y flexibilidad", asegura la corporación con sede en Malta. ¿Cuándo? Nadie sabe la fecha. El proyecto pone otra vez en la picota el mayor astillero privado de España. El único relajado y flexible son las obras del superyate por los pagos pendientes a las empresas auxiliares después de su segundo concurso de acreedores.

Indemne de la reconversión del naval de los años 80 bajo el paraguas del Instituto Nacional de Industria, el Gobierno presidido por José María Aznar vendió Hijos de J. Barreras en junio de 1998 a Naviera Odiel, Albacora y al empresario José García Costas, por 750 millones de las antiguas pesetas (unos 4,5 millones de euros). "No cambiaría casi nada del proceso, fue perfecto", defendía el presidente del astillero, José Francisco González Venías, en el décimo aniversario de la privatización. Poco después se marchó. La realidad era otra. La desastrosa gestión derivó en una primera quiebra en 2011 con una deuda de 62 millones de euros, arrastrando a 300 empresas de subcontratas y a 2.000 empleados.

La ampliación de capital puso en bandeja la entrada de la petrolera mexicana Pemex como máximo accionista, un movimiento ahora bajo la lupa de la Fiscalía del país por los casos de corrupción de su ex director, Emilio Lozoya. Él y el jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, avanzaron tras la rúbrica del "acuerdo estratégico" una lluvia de contratos, en la antesala de las elecciones autonómicas de 2012, para la supuesta resurrección del naval. "El éxito de Barreras es el éxito de Galicia, la Xunta y su presidente", elogió José García Costas, socio minoritario durante décadas y máximo ejecutivo del astillero hasta su forzada salida hace un año. Sin rastro de los flotele de Pemex, con un fracaso de los gordos por el errado proyecto de dos cruceros para la noruega Havila Kystruten y los graves problemas de los sobrecostos del Evrima, la instalación entró en otro concurso de acreedores y The Ritz- Carlton, que no se cansaba de repetir que su vocación no es construir barcos, es su nuevo propietario.

Cosiendo heridas durante décadas

El naval es "un buen ejemplo" de la falta de rumbo para muchas grandes compañías gallegas truncadas por el retraso tecnológico, los malabarismos con los riesgos y la metamorfosis del mercado en el último medio siglo, como detallan el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Santiago, Xoán Carmona Bahía, y el profesor e investigador Adrián Dios Vicente, en el libro Mortalidad empresarial en Galicia 1972-2008. Factores de impacto y gestión del riesgo, que presentaron con el apoyo de la Fundación Inade. Más raro les pareció que también el textil fuera una víctima tan representativa porque "es la época precisamente en la que aparece el sector de la confección moderna en Galicia". "Pero es que en períodos de reestructuración hay ganadores y perdedores –subrayó Carmona en la presentación– y la idea es que aquí hubo muchos perdedores".

Tantos como todas las empresas y talleres, muchas cooperativas de costureras fueron devoradas por la deslocalización. De las once empresas de moda con más de 100 trabajadores en los 36 años analizados por Bahía y Dios, solo una llegó viva a 2008. Desde entonces y sin discriminar tamaño, otras 670, tres de cada diez, no aguantaron la reconversión del sector, cada vez más comercial y menos industrial a imagen y semejanza del fenómeno Inditex. En ese mismo período, el volumen de manufacturas textiles importadas (sobre todo desde Turquía, Portugal, China, Italia, Marruecos, Bangladesh y Pakistán) creció casi un 200%.

Cointega-Clúster Textil Moda de Galicia trabaja para tejer colaboraciones entre las firmas, la inmensa mayoría pymes, para salvarlas del precipicio del coronavirus y no perder el enorme valor de marcas que llevan muchísimos años en el mercado. Está aún muy próximo lo sucedido con Caramelo y Antonio Pernas. Después de tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), dos concursos de acreedores y millones en ayudas públicas de la Sociedade para o Desenvolvemento Industrial de Galicia (Sodiga) y del Instituto Galegvo de Promoción Económica (Igape) en alianza con Manuel Jove, en 2016 fue la liquidación, y la insignia y símbolo del bum de la moda gallega en los años 80, se adjudicó por solo 362.000 euros a Transfleet, una compañía de telecomunicaciones.

La peor de las fusiones

El deterioro de la marca fue, precisamente, lo que más preocupaba a Juan Carlos Escotet cuando ganó la subasta por Novacaixagalicia (NCG) el 18 de diciembre de 2013. En una cena a principios de mes para darse a conocer con un reducido grupo de periodistas en su casa a las afueras de Caracas (Venezuela), el dueño de Banesco desveló que su baza para medirse con los grandes bancos españoles y fondos internacionales especializados en pescar en ríos revueltos era ir a por todas desde el principio y dejar sin margen de mejora al resto en una eventual segunda ronda. Lo consiguió: 1.003 millones de euros a plazos por casi la mitad del mercado financiero gallego. Justo seis meses después nació Abanca, el nombre elegido para romper con la tortuosa trayectoria de la fusión de las cajas gallegas.

"¿A quién iba dirigido?", contestó, impasible, el exdirector general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, cuando le leyeron, durante su comparecencia el 21 de junio de 2013 en la comisión de investigación de las cajas en el Parlamento gallego, las conclusiones del informe de supervisión del Banco de España, que declaraba "inviable" a la entidad en el 2009 por la "desafortunada expansión" y la dependencia inmobiliaria. Mirada perdida. Hilo de voz. Cero gestos. No quedaba rastro de aquel banquero adicto a dar lecciones sobre lo bueno y lo malo, estandarte, junto a su colega del sur, Julio Fernández Gayoso, de una época de usos y costumbres en el poder más típica del siglo XIX que del XX. Pocos en Galicia decidían tanto como ellos.

El que fue presidente de Caixanova se hartó de decir en su cita en O Hórreo, la sedel del legislativo gallego, que la integración fue la única opción por el veto de la Xunta a cualquier otra. Era eso "o la muerte instantánea". Gayoso recordó la promesa incumplida por parte de las autoridades reguladoras de la venta de la red exterior de Caixa Galicia para aligerar los muchos lastres con los que nació Novacaixagalicia por culpa de los más de 800 millones de euros pendientes de sanear en la caja de Méndez, después incluso de los 1.162 millones de euros de ayudas iniciales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de reducir al mínimo los recursos propios para limpiar. Se necesitaron 9.000 millones de fondos públicos para rescatar aquella entidad que Feijóo y y su por entonces conselleira de Hacienda, Marta Fernández Currás, forzaron al amparo de una supuesta due diligence de KPMG, que a decir verdad era un "diagnóstico acelerado" sobre la fusión que aconsejaba la absorción de Caixa Galicia por Caixanova.

"La única razón por la que el FROB intervino fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba en 2010 Caixa Galicia antes de que se produjera la fusión", señala la Audiencia Nacional en dos autos de octubre del 2020 relativos a una de las operaciones inmobiliarias investigadas por Anticorrupción en Caixanova que, remarcan los tres magistrados de la Sala de lo Penal, "nunca habría sido intervenida si no se vise obligada a fusionarse con Caixa Galicia".

Además de las ventas de R (hoy Euskaltel), Geriatros (en el holding francés Domus Vi) y el resto de joyas participadas (incluidos los bancos Gallego y Etcheverría, lo que, junto con la desaparición del Pastor dentro del Popular y luego el Santander, borró el mapa financiero del país con mayor tasa de ahorro del Estado), el fracaso de la unión colocó a Galicia durante buena parte de la reestructuración financiera a la cabeza de la sequía de crédito al tejido productivo. Entre 2009 y 2014 cayó casi el 40%, unos 26.400 millones de euros.

Vecinos de lejos

El municipio de Xove (Lugo) fue pionero en tener piscina municipal climatizada en Galicia. Y un equipo de natación importante. Y una orquesta de cámara con ayudas para la compra de instrumentos. Y premios para los estudiantes con mejor nota al acabar el instituto. El de Cervo, también en Lugo, está en los puestos altos de la clasificación en Producto Interior Bruto (PIB) per cápita gracias a los impuestos locales que paga Alcoa, el banco particular de los dos ayuntamientos. "A Mariña no se entiende sin ella y la empresa tampoco se entiende sin A Mariña", cuenta Orestes Currás, hijo "sociológico y demográfico" de la industria del aluminio como muchos otros de su generación en el norte de Lugo.

Al periodista, reportero de la delegación de TVE en Galicia, le cuesta dejar los sentimientos de lado cuando tiene que informar de la delicada situación que atraviesa la comarca por la decisión de la multinacional norteamericana de cerrar. Como el sábado 11 de octubre pasado, cuando cientos de alumnos de secundaria salieron a la calle pidiendo una solución. "Sentí un gran dolor de corazón porque podría ser yo", recuerda. "En este tiempo que tanto se habla de asintomáticos, lo asintomático de A Mariña es que en una provincia relevante aún en el sector lácteo no haya, desde Viveiro a Burela, el área de influencia de Alcoa, ni una granja de leche", explica. Eso y "un poco de pesca" dibujan una comarca donde la industria demostró ser un antídoto para la despoblación. ¿Alcoa es para A Mariña como PSA para Vigo? "Sí y no, porque en el norte de Lugo no hay otra vaca que dé tanta leche como el aluminio", responde Currás. "Ni nunca se planificó –añade– qué se haría si dejaba de darla".

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) prohibió a Alcoa apagar las cubas de San Cibrao. Eso solo sucedió durante el naufragio del Casón en 1987, cuando el personal de la entonces pública Alúmina-Aluminio huyó de las instalaciones, lugar elegido para almacenar los 5.000 bidones y sacos de productos químicos inflamables del buque. Parece que esta vez la multinacional no dará marcha atrás, aferrándose a las pérdidas de 2018 y 2019, aunque muchos creen que la verdadera descapitalización de la factoría son los veinte años que van desde su privatización sin apenas nuevas inversiones. ¿Cómo es posible que una empresa de estas dimensiones, y que siempre presumió de la altísima calidad del aluminio de San Cibrao, carezca a estas alturas de un plan de contingencia para la balsa de 87 hectáreas con los lodos generados nos sus procesos a punto de desbordarse, por ejemplo? La respuesta está en su cuartel general de Pittsburgh, en Pensilvania, o en la Bolsa de Nueva York, a 5.300 kilómetros de distancia de una comarca con la que según sigue presumiendo en su web corporativa mantiene "estrechos vínculos" y un "profundo compromiso con las relaciones a largo plazo" para ser "un buen vecino".