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Revista Luzes CRTVG: 700 días en negro

‘Defende a Galega’ nació hace dos años para denunciar la manipulación informativa, el desmantelamiento de los medios públicos y las dificultades crecientes para desarrollar el trabajo con criterios profesionales.

Trabajadores de la CRTVG protestan durante un viernes negro.
Trabajadores de la CRTVG protestan durante un viernes negro. (Luzes)

LUZES-PÚBLICO |  Luis pardo

Estimado Sr. Pardo,

Como estamos seguros de que usted conoce, el director general de la CRTVG comparece todos los meses en la Comisión de Control de la CRTVG en el Parlamento de Galicia, que es donde le corresponde hablar y donde lo hace en cumplimiento del marco regulatorio que usted cita. Todas las intervenciones son públicas y están a disposición de toda la ciudadanía, y a ellas se remite la CRTVG. Encontrará abundante información sobre los temas referidos.

Asimismo, le recordamos la existencia de una Comisión de Presupuestos de la CRTVG, también pública.

Sin otro particular reciba un cordial saludo, Departamento de Prensa CRTVG.

Imagen corporativa CRTVG.

Esa respuesta –que uno querría pensar que no es una respuesta tipo, aunque solo fuese por lo de "estimado"– confirmaba una realidad: que Alfonso Sánchez Izquierdo, periodista colegiado –algo que, como se verá más adelante, no es cuestión menor– director general de la CRTVG nombrado por el Parlamento de Galicia, con un sueldo público de 92.333,10 euros –casi diez mil más que el presidente de la Xunta– y que en este 2020 va a gestionar un presupuesto de 111,2 millones, no concede entrevistas. Una manera respetable, pero al menos curiosa de entender, la comunicación por parte del que es el máximo responsable de los medios públicos gallegos. No le toca al autor decidir si eso es o no un síntoma que #DefendeAGalega viene denunciando desde hace más de 700 días y 105 Viernes Negros (86, cuando esto se escribe). La versión de Sánchez Izquierdo que compilamos para este reportaje la vamos a encontrar, únicamente, en la Mediateca del Parlamento.

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Si le damos al play, lo encontramos citando al que había sido director del Manchester Guardian, Charles P. Scott: "Comentar es libre, pero los hechos son sagrados". Vamos luego con los hechos. El 25 de mayo de 2018, unas semanas después de que empezaran a hacerlo sus compañeros de la RTVE, trabajadores y trabajadoras de la Televisión de Galicia y de la Radio Gallega comenzaron a vestirse de negro los viernes para denunciar "la manipulación informativa, el desmantelamiento de los medios públicos y las dificultades crecientes para desarrollar el trabajo con criterios profesionales".

Lo acontecido desde entonces lo resumió en su veredicto el jurado del Premio José Couso. "A lo largo de estos meses, #DefendeAGalega realizó numerosas movilizaciones que incluyen la manifestación Por la dignidad de los medios públicos el 8 de septiembre de 2018, paros parciales en varias jornadas de noviembre y diciembre o una huelga de 24 horas el 19 de diciembre. En ese tiempo, la Comisión de Reglamento del Consejo de Administración de la CRTVG puso en marcha el debate sobre la creación del Estatuto Profesional y el Consejo de Informativos que dispone la Ley de Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia, pero también se produjeron expedientes y desplazamientos de trabajadores críticos que fueron vistos como represalias a la labor reivindicativa de #DefendeAGalega".

Junto a las denuncias por la manipulación informativa –una constante desde el mismo nacimiento de los medios públicos y que ninguna dirección, ni antes, ni ahora, ni en el futuro, va a aceptar–, la creación del Estatuto y del Consejo se convirtieron en los dos principales caballos de batalla de esta movilización. Siguiendo esa máxima que tanto gusta a Sánchez Izquierdo, la manipulación podría ser opinable (algo que "comentar en libertad"), pero los hechos –"sagrados"– muestran que ocho años después de su promulgación, esos dos instrumentos considerados clave, precisamente para luchar contra cualquier tipo de manipulación, siguen sin existir. Algo que impide, de facto, que la Ley de Medios pueda ser, como también le gusta decir al director general, "una ley muy cumplida".

"A día de hoy, poco puede hacer una periodista de los medios públicos si recibe la orden de ocultar una noticia, cuando se le exige una entrevista morbosa en un caso de violencia machista o se le dictan las preguntas que tiene que formularle a un político contra su criterio profesional", aseguran por correo electrónico desde #DefendeAGalega. ¿Cambiaría la cosa con esas dos figuras? "Dependerá de cuál sea finalmente el texto de ese Estatuto y las normas de funcionamiento del Consello, pero en otros medios públicos del ámbito español permiten solicitar amparo por motivos profesionales y garantizan que no haya sanciones ni perjuicios laborales por negarse a elaborar informaciones contrarias a los principios éticos y deontológicos".

La última estimación del director general es que el Estatuto Profesional quedará listo "en cuestión de meses", un plazo que no es nuevo para los diputados de la Comisión de Control de la CRTVG. Atendiendo a las declaraciones de Sánchez Izquierdo, los trabajos de redacción llevan ya cerca de tres años, desde la constitución, a primeros de 2016, de la Comisión del Estatuto en el Consejo de Administración de la Corporación. "Lo dilatado de este proceso revela la dificultad del mismo, porque hacer un corta y pega es bien fácil; pero hacer corta y pega de textos de 2005 o 2006 no es tarea que podamos considerar". La nueva normativa europea del año 2018 y la transformación del periodismo provocada por la aparición de las redes sociales son los argumentos que justifican esta tardanza. "El estatuto de RTVE tiene más de una década, es de 2008. ¿Sabe de cuándo es el Twitter de RTVE? De 2009". A Izquierdo le encanta hablar de la BBC, que a veces –igual que hace con la eich-bi-ou– pronuncia con sus siglas en inglés, quizás recordando sus tiempos como corresponsal.

"Sabe que se está debatiendo ahora mismo en la BBC sobre el uso de Twitter por los periodistas, tanto para dar noticias como para dar análisis de las mismas. Y le recuerdo que la BBC ha despedido a un locutor por hacer burla de la Casa Real británica en un tweet. Ni mucho menos eso sucede en la CRTVG con sus periodistas a día de hoy". Cierto, a día de hoy ningún trabajador de los medios públicos gallegos fue despedido por sus tweets, pero unos cuantos sí fueron llamados a capítulo por sus manifestaciones en redes sociales... "Sabemos que el Estatuto Profesional y el Consejo de Informativos no resolverán por sí solos los defectos informativos actuales de la CRTVG, pero al menos le darán a la redacción voz y participación en las cuestiones profesionales, algo imprescindible para que se atienda debidamente el derecho a la información de la ciudadanía", concluyen en #DefendeAGalega.

La limpieza en los informativos

"No (veo los informativos de la TVG). No porque no me gusten, sino porque mis deberes no me permiten estar delante de una pantalla cada vez que hay un informativo. La gente que me conoce sabe que ni quito ni pongo presentadores de Telediarios". La conflictividad en el seno de la CRTVG llegó a fastidiar al presidente de la Xunta muchas más veces de las que le habría gustado. No solo en entrevistas como la de la Cadena SER donde dejó esta afirmación, sino también en las ruedas de prensa tras el Consello de la Xunta (donde se negó a responder a una pregunta porque se la había formulado un cámara de TVE y no un redactor) o mismo en la Gala de la Asociación Española contra el Cáncer en Compostela, que decidió abandonar antes de la sobremesa, visiblemente molesto por lo que se había dicho desde el escenario. Seguramente Feijóo no pone ni quita presentadores, pero los hechos –de nuevo, los sagrados hechos– demuestran cómo el cambio de rostros en los informativos de la TVG llevó por delante a todos aquellos que se enfundaban los viernes en camisetas negras.

Los primeros fueron, por decisión personal, Alfonso Hermida y Tati Moyano. Coincidiendo con el cuarto Viernes Negro anunciaron que, en el inicio de la siguiente temporada, abandonarían la presentación del telediario de noche por "discrepancias con la línea informativa". Apenas unas semanas después, Moyano copresentaba la Gala contra el cáncer que tenía a Feijóo como invitado estrella. Una broma sobre el hecho de que ese viernes vestía de negro, no solo "porque adelgazara", sino por solidaridad con sus compañeros de #DefendeAGalega, hizo que la cena se le atragantara al presidente de la Xunta, y dio el pistoletazo de salida al calvario de la periodista. Acusada de maquillarse para la gala en la sede de la CRTVG, utilizando medios de la empresa, se enfrentó a un expediente que recogía una sanción de entre 16 días de empleo y sueldo y el despido. "Una persecución", "una represalia irracional", a juicio del movimiento y del comité intercentros. Especialmente, en una casa acostumbrada a ver cómo algunos de sus presentadores estrella acudían al vestuario de la compañía cuando tenían un acto social en el que, al igual que Moyano, "no representaban la empresa". Algún traje llegó de vuelta aún con granos de arroz en los bolsillos. Finalmente, el expediente se archivó sin consecuencias para la trabajadora.

La siguiente en caer fue Ana Pérez. Procedente del Galicia Noticias, se había hecho cargo desde 2017 de copresentar el matinal Buenos Días, un movimiento motivado por la designación de la redactora jefa, Marta Darriba, como rostro del Telediario Mediodía –lo que desplazó a Marga Pazos al Galicia y envió a las mañanas a Pérez–, quien solo puso una condición: su situación familiar le impedía asumir el horario del Buenos Días, pero el interés de la dirección de informativos por contar con ella hizo que estuvieran dispuestos a mantenerle el horario que ya tenía mientras presentaba el Galicia. Ana cumplía su jornada estrictamente: se incorporaba más tarde que sus compañeros de turno, pero se marchaba después.

En enero del 2019, tres meses después de empezar la temporada, conoció por su sustituta que la dirección había decidido retirarla de la pantalla tras 23 años presentando; algo a lo que, por cierto, ella ya se había mostrado dispuesta cuando le ofrecieron el Buenos Días si eso implicaba un cambio en su horario, pero luego no se lo aceptaron. Parecía que las cosas habían mudado… En un mensaje viralizado en Facebook, afirmaba que "después de 34 semanas vistiéndome de negro (…) lo fácil sería pensar que esta decisión es una represalia hacia mi persona (…). Sería arrogarme una importancia que no me corresponde, además de una decisión tan evidente y burda que prefiero pensar que nadie juicioso tomaría. El tiempo dirá". Los partidos de la oposición no lo entendieron así y pidieron explicaciones en el Parlamento. Sánchez Izquierdo dejó allí otra intervención para la hemeroteca: "Cuando una persona dice que la apartan de la pantalla después de 23 años puede parecer una represalia, pero cuando se explica que esa persona llevaba un año y medio sin llegar a tiempo para presentar su propio programa –ya que entraba a las 7:30 de la mañana y el programa comenzaba a las 8–, pues ya se explica la decisión empresarial, que dista mucho de ser una represalia".

Aquel día, para el director general los hechos no parecían ser demasiado sagrados, pero aún iba a buscar anotarse otro tanto. "Solo hicimos público lo que acabo de contar a raíz de una pregunta en esta Cámara, porque conocíamos que el trabajador no iba a salir bien parado cuando se supiera la verdad, como en tantos otros casos". Si realmente Ana Pérez llevara año y medio llegando tarde sin que nada pasara… ¿quedaría mal ella o la empresa que se lo permitía? La misma, por cierto, que consentía a los editores de informativos marchar para casa mientras el programa aún seguía en emisión… Sin olvidar el expediente sufrido por Carlos Jiménez, una de las voces más conocidas de la radio, el póquer de la tele se completa con Marga Pazos, a quien dejáramos en el Galicia Noticias para hacerle hueco a Marta Darriba en un Telediario Mediodía que nunca recuperó aquellos niveles de audiencia.

El rostro estrella de los informativos de la TVG, la ganadora y presentadora de los Maestro Mateo, la encargada de leer el manifiesto en la gran manifestación de septiembre, se vio inmersa en un gusanillo jurídico y profesional –con tinturas de mobbing– que finalizó primero en una baja y, finalmente, pidiendo la suspensión de su puesto en la televisión. Por el camino quedaba la prohibición de redactar ni una sola línea, ateniéndose a su condición de locutora, categoría obsoleta en proceso de extinción. Ella, que siempre se había encargado de sus entradillas, de los titulares o de lo que hiciera falta en la mesa de edición, se veía obligada a permanecer con los brazos cruzados hasta el momento de entrar en el plató. Hoy, fichada por una consultora de comunicación, habla de la que desde hace más de dos décadas siempre consideró su casa: "Si se observa mínimamente lo que se está haciendo ahora en los informativos entre semana, la manera de trabajar, el hecho de que me notificaran por escrito que no podía volver a escribir ni una sola palabra de mis propias intervenciones, no deja más alternativa que concluir la evidencia: la que sobra allí, en estos momentos, soy yo". La audiencia no parece pensar lo mismo; sus compañeros, tampoco.

El silencio mediático

Y todo esto sucede entre el silencio atronador de los medios tradicionales. Un ejemplo clarificador de este apagón informativo lo encontramos en el debate electoral de los candidatos gallegos a las elecciones generales del 10-N. Un debate que se emitió por la TVG y la Radio Gallega el último día de campaña, el 8 de noviembre, viernes (negro) a las 10 de la mañana y en el que cuatro de los cinco participantes (con la única excepción de la popular Marta González, a la que Pablo Casado ya había desposeído de su fugaz vicesecretaría de comunicación) iniciaron su intervención denunciando el horario elegido y la imposición, sin negociación posible, de los bloques temáticos. "Este debate es una muestra singular del nivel de manipulación obscena de los medios públicos gallegos que hace ese vendedor de preferentes de la política gallega que es Alberto Núñez Feijóo", aseguró el socialista Pablo Arangüena, con la chapa de #DefendeAGalega en la solapa.

Yolanda Díaz, flamante ministra de Trabajo y de aquella cabeza de lista de Galicia En Común por Pontevedra, mismo enarboló uno de los carteles con los que los participantes habían sido recibidos por una delegación de trabajadores: "A las 10 de la mañana no hay compromiso para formar una opinión pública plural». Hasta Beatriz Pino, periodista y candidata de Ciudadanos, denunció encontrarse "en una televisión manipulada". "Desgraciadamente esta es la televisión del señor Feijóo", aseguró antes de afirmar que la apuesta de su partido en esos comicios pasaba por un pacto de gobierno con el PP en Madrid. Por último, el nacionalista Néstor Rego esperó al inicio de su segundo turno para sumarse al clamor. "Esto no es un debate electoral normal. En ningún país democrático se debate a estas horas. Aquí lo que se pretende es ocultar las propuestas que tenemos para Galicia".

El único debate gallego en las últimas elecciones generales fue visto solo por 13.000 personas. Difícil de defender para un director general que hizo suya la máxima "sin audiencia no hay servicio público"

Si eso era lo que se pretendía, la estrategia funcionó. El debate electoral pasó completamente desapercibido. Y eso que, según Sánchez Izquierdo, su objetivo era justo lo contrario. Aspiraba a "marcar la agenda del día". "El razonamiento es el mismo que se hace en la Radio Gallega y en otros medios cuando cualquiera de los líderes políticos gallegos viene a grabar entrevistas" que se emiten "a primera hora de la mañana». "¿Por qué? ¿Es horario de máxima audiencia? Posiblemente no, pero garantizador de que las declaraciones estén desde primera hora en todas las agencias y medios de comunicación, que se desparramen y sean parte del debate de ese día". Un argumento que sí puede funcionar para la radio. Cuando Pedro Sánchez acude a la Cadena SER lo hace a las 9 de la mañana, pero si se va a sentar con Ferreras lo dejará para 12 horas después.

Todo esto, más que sabido, no hace abandonar a Sánchez Izquierdo su argumento. "La audiencia no se garantiza por emitir un espacio en uno o en otro horario. Influye, pero no lo garantiza. Si fuera tan sencillo, que fácil sería programar…". Este argumento indignó en el Parlamento a la diputada del BNG Olalla Rodil. "¡Si le parece que el horario no importa, emitan el Land Rober a las cuatro de la tarde!". El único debate gallego en las últimas elecciones generales fue visto solo por 13.000 personas. Difícil de defender para un director general que hizo suya la máxima "sin audiencia no hay servicio público". La noche de ese 8 de noviembre, sin ir más lejos, 74.000 espectadores se sentaban delante de la TVG para ver un Luar con Melody y Davide Salvado… En Euskadi, 316.000 espectadores siguieron el debate de ETB, una cadena que ofrece peores cifras de audiencia que la gallega. El debate de TV3 hizo un "indiscutible" 24,8% de share y fue visto por 643.000 personas. "¿No tengo que explicarle por qué, verdad, señoría Rodil?", inquirió el director general.

El debate catalán también superó el gallego en eco mediático. Mientras aquí las denuncias de cuatro candidatos (que acabarían representando un 56% de los votantes en la comunidad) no llegaron a los periódicos, medios autonómicos como La Voz de Galicia sí recogían lo acontecido tres días antes en Sant Joan Despí. "Inés Arrimadas y Álvarez de Toledo cargan contra TV3 y su director". Sánchez Izquierdo tuvo suerte de que su madrugador debate fracasara en el objetivo de marcar agenda… ¿o fue algo más que suerte?

"Creemos que, a estas alturas, todo el mundo sabe que los medios de comunicación privados son rehenes de las subvenciones del Gobierno gallego". En #Defende no dudan de las causas. "No se hacen eco de nuestras reivindicaciones porque se arriesgan a perder el dinero, es así de claro. Y hay que ser conscientes de que esa es una decisión de las direcciones de los medios, no responsabilidad de las periodistas que en ellos trabajan. Muchas nos han dado su apoyo a nivel particular (y muchas tuvieron que dejar de hacerlo por presiones de sus jefes)".

Una muestra clara de la diferencia entre la opinión de los medios y la de sus trabajadores fue el último Premio José Couso de Libertad de Prensa, un galardón que deciden con sus votos los miembros del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y del Club de Prensa de Ferrol, las entidades que lo coorganizan. "Este año, votó un porcentaje de gente similar al de ediciones anteriores y lo hicieron en sentido claro por la candidatura de #DefendeAGalega", cuenta el decano del Colegio, Paco G. Sarria. La movilización "sin precedentes" del plantel de los medios públicos se imponía a los otros finalistas (Diario de Mallorca y las delegaciones baleares de EFE y Europa Press, Carole Cadwallder y Juan Moreno) y sumaba su nombre a una lista de premiados abierta por Ali Lmrabet y en la que ya figuraban Le Monde Diplomatique, Rosa María Calaf, WikiLeaks, el Consejo de Informativos de RTVE (que ya existía en un alejado 2012), Jordi Évole o Julia Otero. Ni la TVG ni la Radio Gallega informaron del ganador del premio.

En otra de sus polémicas intervenciones, Sánchez Izquierdo defendió abiertamente en el Parlamento la censura de esa información

"El día del anuncio, la radio dio la previa en los boletines y en cuanto se conoció la concesión del Premio Couso, una orden verbal silenció el veredicto, del que ya nunca se habló", recuerdan desde #Defende. "Lo habitual, en los años anteriores, fue dar cobertura a esa información; una información que se escondió cuando los premiados fuimos nosotros. En los demás medios el eco fue dispar, seguramente menor que en ediciones pasadas en la inmensa mayoría. Y, aun así, algunas cabeceras o emisoras aplicaron además un tratamiento de blanqueo: solo se hicieron referencias como informar en libertad o al derecho a la información de los ciudadanos y obviaron demandas tan concretas como el cumplimiento de la Ley de Medios y la denuncia de la manipulación política".

En otra de sus polémicas intervenciones, Sánchez Izquierdo defendió abiertamente en el Parlamento la censura de esa información. "Fue una decisión corporativa y lógica para los que sabemos qué hay realmente detrás de todo este ruido". "A la hora de tomar decisiones de lo que se emite o se deja de emitir tú tienes que balancear el derecho de la información con otro tipo de derechos. Y, en este caso, entre la protección del derecho a la información, legítimo, y la protección de la marca y de la reputación de la propia organización de la CRTVG, fue lo que se tomó en consideración en esta ocasión". El director general no quedó ahí y disparó, sin nombrarlo, contra el Colegio de Periodistas del que –cómo señalábamos al principio de este texto– él también forma parte.

"La paradoja respecto a esa entidad que adjudicó el premio es notable. Allí se expiden y se reparten los carnés de periodista, previo pago de una cuota, pero para ser colegiado o mismo para ser directivo no es necesario tener formación reglada. No imagino otra profesión en la que alguien se erija en faro de la ortodoxia sin tener acreditados conocimientos". "La ignorancia mostrada por el director general es fruto de un malestar que, dado su cargo, yo hasta podría entender", responde Paco Sarria, quien recuerda los argumentos dados por el colegio en su respuesta. "Los carnés de colegiados se expiden tal y como marca la Ley 2/1999 de 24 de febrero, aprobada por el Parlamento de Galicia, con la unanimidad de todos los grupos políticos". La "paradoja" de la que hablaba Sánchez Izquierdo solo podía ser la disposición transitoria de la ley, donde se establecía un período en el que "los profesionales que probaran el ejercicio del periodismo como actividad principal, habitual y retribuida, podían solicitar el ingreso". Pero esa vía cerró hace casi veinte años, "y desde aquella solo pueden colegiarse los periodistas titulados". "Por lo tanto, el Colegio no da ni quita carnés de periodista, y Sánchez Izquierdo, que es colegiado, lo sabe".

Esa protección de la marca, que justifica hasta pasar por encima de un derecho fundamental, tampoco está dando los resultados deseados. Una de las últimas incorporaciones a la parrilla, el supuesto programa de humor Malicia Noticias –que se nutre de las informaciones que se emiten el resto del día– provocó una queja de la redacción. "Ya tenemos que soportar improperios bastantes de quien descarga en nosotros su enfado con la gestión de la TVG, como para que los pocos que se prestan a atendernos y hablarnos nos den la espalda al ser objeto de burla".

"Las que hacemos calle sabemos muy bien lo que piensa la ciudadanía de nosotros. Con más o menos respeto, recibimos las quejas de los que se sienten ignorados por la radio y la televisión públicas de este país, sobre todo cuanto más críticos con el partido del gobierno o con la acción gubernamental. Ignorados o retratados siempre en negativo (…). Mas allá de la gravedad de que haya una Galicia invisible en los medios públicos, esta ocultación deliberada acaba pasando factura. No es solo que se cierren las fuentes, es que mismo gestionar un permiso de grabación en territorios que la CRTVG marca como hostiles acaba convirtiéndose en una odisea", valoran desde #Defende.

Al tiempo que una parte de Galicia es invisible para la CRTVG, la CRTVG se va haciendo invisible cada vez para más gallegos

Al tiempo que una parte de Galicia es invisible para la CRTVG, la CRTVG se va haciendo invisible cada vez para más gallegos. Aunque la RG celebra unos datos de audiencia "históricos" que la hicieron adelantar en verano a la Cope para convertirse –fugazmente– en la segunda emisora más escuchada por los gallegos; el buque insignia, la TVG, no deja de perder espectadores. "Y más que perderá", asegura Sánchez Izquierdo que culpa tan sólo "la fragmentación" de las audiencias tras la aparición de la TDT y las plataformas de streaming. La resignación del director general choca con el autobombo de la empresa que, en redes sociales, se promociona como "el canal más visto de Galicia y de todas las autonómicas". ¿La fuente? El EXM, el Estudio General de Medios, basado en encuestas telefónicas y no en audímetros, un dato que no utiliza ninguna otra televisión del Estado. De hecho, los canales de Mediaset (Tele5 y Cuatro) están fuera del EXM y por eso, en su propio gráfico, la gallega aparece de primera, por encima solo de los dos canales de TVE, laSexta y Antena 3.

En los medidores oficiales de audiencias, Tele5 es la cadena más vista en Galicia y la TVG tampoco es la segunda; algunos meses, ni siquiera la tercera. Tampoco es la autonómica con más audiencia del Estado, puesto indiscutible para TV3 –que cerró 2019 con un 14,6%, un 0,7 más– y que sí es líder en su comunidad. La gallega se conforma con la plata y un 9,3, lo que supuso caer seis décimas en un año de recuperación para estas cadenas. Además de la catalana, media decena de canales autonómicos mejoraron sus datos en los últimos doce meses. La TVG, por el contrario, llegó a encadenar varios meses por debajo del 9 y tocó fondo en septiembre con un 8,1 de share. El 10% de audiencia, las dos cifras, suponen también una frontera psicológica. En San Marcos se repite como un mantra que caer por debajo del umbral supone volverse irrelevante, y eso implica el riesgo de desaparecer. "Sin audiencia, no hay servicio público". Tampoco influencia, pensarán los que ven estos medios solo como un instrumento partidista. Decir que, de continuar por esta senda el futuro es incierto, podía parecer una opinión. Pero, a estas alturas, ya es un hecho.

Este artículo se publicó originalmente en gallego en la revista Luzes. Ahora Público lo reproduce como parte de un acuerdo de colaboración con la revista. Aquí puedes encontrar más artículos de Luzes en Público

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