Un juez ordena a una mujer que regrese a la ciudad de su maltratador para cumplir con el régimen de visitas de sus hijos

El exmarido de Marta (nombre ficticio) fue condenado en 2022 por tres delitos de violencia machista contra ella. Dos años antes, en 2020, el matrimonio decidió poner punto final a la relación y en la sentencia de divorcio la jueza consideró que los menores tenían derecho a "mantener a sus figuras primarias cerca". La custodia correspondió a la madre pero al padre se le fijó un régimen de visitas. La resolución también recogía que la mujer debía permanecer en Vitoria-Gasteiz.

Ella, sin embargo, temía por su vida en la capital de Euskadi, lugar de residencia de su maltratador, y se mudó a Gijón. Ahora, a pesar de la condena por maltrato, las medidas fijadas en la sentencia de divorcio han sido ratificadas en una nueva sentencia sobre el régimen de visitas por un tribunal que, analizando los derechos de los menores, obliga a Marta a volver a Euskadi para que sus hijos puedan ver a su padre.

La ley de la infancia prohíbe desde 2021 otorgar un régimen de visitas a los padres condenados por violencia de género. Pero la sentencia por los maltratos llegó después, tanto de la norma como de la resolución del divorcio que establecía las visitas.

No obstante, esta misma ley establece algunas excepciones en pro del "interés superior del menor" y justamente a esta salvedad es a la que se ha referido ahora el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria-Gasteiz, cuatro años después de aquel divorcio de 2020, y sin tener en cuenta la condena por maltrato. 

"Tuve que irme de allí porque era imposible para mí. No tenía a nadie, toda mi familia está en Asturias. Me sentía amenazada todo el tiempo. Él me seguía con el coche, me llegó a reventar los neumáticos", explica Marta a Público. Tras la sentencia de divorcio, Marta se mudó a Gijón para estar cerca de su madre.

Su exmarido la denunció por haberse llevado a los niños fuera de Vitoria y fue condenada por un delito de desobediencia judicial a nueve meses de prisión. "Me condenan a nueve meses por desobediencia pero, ¿qué iba a hacer? No podía aguantar más en Vitoria", cuenta esta madre. Si volviera a desobedecer al juez, podría entrar en prisión.

"En realidad, el juez vela por el interés del padre, y por tanto, del patriarcado", apuntan fuentes jurídicas

El caso despierta el rechazo de las expertas de violencia de género consultadas por Público. Fuentes jurídicas, que prefieren no desvelar su nombre, consideran la sentencia "maltrato y violencia institucional hacia la madre, pero también hacia los hijos". "El juez les niega a los hijos emprender una vida libre de violencias machistas escudado en un falso interés del menor. En realidad, el juez vela por el interés del padre, y por tanto, del patriarcado", apuntan las fuentes.

Marta y su abogada ya han anunciado que recurrirán la sentencia sobre la modificación de medidas. "No entiendo cómo me pueden obligar a vivir en un sitio donde tengo riesgo a ser asesinada. No solo por mí, también por mis hijos. ¿Cómo es posible?", se pregunta Marta en conversación con Público. Esta mujer lo ha intentado todo para quedarse con su familia en Gijón: "Tengo un trabajo fijo, mi gente está aquí, los niños están bien en el colegio. Ellos no quieren volver, tienen miedo a su padre", explica.

El juez considera que mudarse fue una decisión "unilateral" de la madre. Además, según el tribunal, Marta no acredita que haya "amparo legal ni que dicha decisión haya resultado beneficiosa para los mismos (hijos)". La sentencia apunta que la relación con el padre se ha deteriorado a consecuencia del desplazamiento a Gijón y que "deviene imprescindible restablecer y restaurar dicha relación paterno-filial".

Marta aportó en el proceso la evaluación global de las profesoras del nuevo colegio asturiano. Ambas evaluaciones, tanto la del hermano mayor como del menor, mencionan la buena integración en el colegio y el establecimiento de nuevos vínculos.

Sin embargo, las profesoras indican que el menor de los hermanos tuvo una "conducta extraña" tras acudir a dos de las visitas con su padre; se orinó encima en dos "situaciones aisladas" y no quiso hablar del tema. Por otra parte, el mayor, tal y como recogen las profesoras, explica lo "contento que está en el colegio […] haciendo comparaciones con su centro anterior".

La madre ha comunicado a los niños la decisión del juez. "El mayor le ha escrito una carta a los Reyes, a Mamá y Papá Noel y al Ratón Pérez para pedirles ayuda para que no nos obliguen a irnos para allá", dice Marta. En la carta, el niño alude a la nueva sentencia diciendo que "algo muy malo ha pasado".

Condenado pero con régimen de visitas

El periplo judicial cumple ya cinco años. Marta denunció a su exmarido en 2019 después de una de las dos peores agresiones que sufrió con él. No fue lo único: la insultaba llamándole "gorda" o diciéndole que "no valía para nada"; la humillaba y la escupía.

Tal y como cuenta Marta, y recoge la sentencia condenatoria, su entonces todavía marido la cogió por el cuello y la ahogó mientras sujetaba a su hijo pequeño, recién nacido. El mayor empezó a gritar a su padre que dejara de hacer daño a su madre y entonces la soltó.

Antes de este episodio hubo más agresiones. En una ocasión le pegó un puñetazo en la boca mientras conducía. En otra, mientras Marta tenía a su hijo en brazos, le dio una patada que la tiró al suelo. Los dos menores han presenciado los momentos de violencia. "Ahora ellos son más conscientes y tienen miedo de él. Antes no me contaban lo que hacían cuando estaban juntos por miedo a sus represalias, los tenía atemorizados", explica.

Su estado físico y mental se vio fuertemente deteriorado por la relación de maltrato que sufrió, llegó a desarrollar bulimia nerviosa por la "situación de amenaza constante".

El exmarido de Marta fue condenado a cuatro meses y 15 días de prisión por un delito de violencia de género y a 80 días de trabajos a la comunidad, 40 por un delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género y otros 40 por un delito leve continuado de vejaciones.

Asimismo, se le prohibió acercarse a la víctima por un periodo de dos meses. "Rompió la orden de alejamiento en reiteradas ocasiones. El juez me dijo que era coincidencia porque era un sitio pequeño. Pero después de la denuncia, él se mudó a 300 metros de nuestra casa", relata Marta.

El padre tiene derecho a ver a los hijos dos días por semana y un fin de semana cada 15 días, según recoge la sentencia. "Él me llama de todo durante los intercambios, me insulta llamándome 'puta' o me amenaza con quitarme a mis hijos, todo delante de ellos", explica. La última sentencia obliga a esta madre a hacer el intercambio en el Punto de Encuentro estipulado en Vitoria-Gasteiz.

Incongruencias del proceso judicial

Informes psicosociales del proceso, a los que ha tenido acceso este medio, mencionan la incapacidad del padre para "mantener a los menores al margen de su estado emocional y sentimientos para con la otra parte".

Se alude también a su "pobre control de impulsos y comportamiento agresivo en el contexto de pareja, con señales de exposición de los menores a episodios de violencia". Incluso, la psicóloga del exmarido testificó en el juicio de 2020 que había un "riesgo grave" de que la volviera a agredir nuevamente.

El informe psicosocial de 2020 abogaba porque la custodia estuviera en manos de la madre pero, con respecto a los hijos, añadía que, para "mantener a sus figuras primarias cerca […], deviene poco beneficioso para las mismas trasladarse a Asturias". El informe considera las continuas agresiones a la madre, pero se refiere al traslado de Marta como una "necesidad personal de la figura materna" y no como una necesidad de supervivencia.

Marta llevó su caso a la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz, que en 2021 le denegó el traslado a Gijón con los hijos. Ella había expresado que el entorno paternal no era "feliz, seguro y saludable". "Me dijeron que me apoyase en la familia de mi maltratador cuando sus padres me insultaban durante los intercambios porque le apoyan a él", explica.

La Fiscalía Provincial de Álava respaldó uno de los recursos de Marta ante las medidas estipuladas alegando que no veía beneficio en mantener el régimen de visitas con el padre maltratador. "No acreditándose en ningún momento cuál o en qué medida beneficia a los menores el contacto con el padre que, en reiteradas ocasiones, se ha mostrado violento hacia su madre", explica la fiscal en el documento de adhesión.

La falta de apoyo en Vitoria y la merma económica

El informe forense que valoró su caso en 2020 estimó que el padre ejercía un control absoluto sobre la vida social de Marta en Vitoria-Gasteiz y que, incluso, él rechazaba que la madre de la víctima viniera a visitar a la familia. Esto hizo que Marta y sus hijos dependieran exclusivamente de la familia de él como red de apoyo.

Como ya se expuso en este medio, en contextos de violencia machista, uno de los menoscabos que provoca el agresor suele ser el de la pérdida de vínculos en el entorno social de la víctima.

Marta explicó a las peritas que él ponía "obstáculos" para que su madre fuera a visitarla a Vitoria o para que ella se desplazase a Gijón. No le dejaba tener amigos ni quería relacionarse con la otra parte familiar. La mujer perdió sus lazos propios en Euskadi y se relacionó solo a través de su pareja.

Pasó lo mismo cuando ella quiso retomar su vida laboral tras una excedencia por cuidado de hijos menores. El informe forense lo recoge de la siguiente manera: "[...] no facilitando ningún cambio que le permitiera compatibilizar el trabajo externo con el cuidado de los hijos comunes. Sin embargo, era habitual que cuando se enfadaba le reprochara que no trabajaba".

Marta seguirá recurriendo a la Justicia para intentar que su caso sea reconsiderado y que la dejen volver a vivir cerca de su entorno familiar en Gijón. "Mi miedo sigue siendo el mismo que cuando me fui de Vitoria, que ellos se queden sin madre", explica.