El caso de Dayana G. y su hija vuelve a poner de manifiesto el terrible periplo judicial y la desprotección a la que se enfrentan las madres y sus hijos e hijas cuando lo que se denuncia son las posibles agresiones sexual por parte de los padres. El pasado 23 de febrero, una jueza del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura), decidió denegar las medidas cautelares urgentes para suspender las visitas de la menor con el padre mientras se investigan los hechos. La respuesta judicial ha sido un rotundo no, a pesar de que la Fiscalía apoyaba la medida y de la existencia de numerosos informes que acreditan que la menor está en riesgo y que podría estar siendo víctima de dichas violencias.

Es el último revés en una causa que comenzó en octubre de 2021, cuando la niña tenía solo dos años. Entonces, el servicio de urgencias del Hospital General de Fuerteventura abrió de oficio un protocolo por sospecha de abusos. Pero ni éste informe ni el que realizó el médico forense fueron suficientes para que el juzgado abriera una investigación sobre los hechos, cerrando la causa con un sobreseimiento provisional. 

El pasado noviembre, sin embargo, la Audiencia Provincial de Gran Canaria le dio un tirón de orejas al juzgado al afirmar en duro auto que se aprecia "una falta de motivación" por parte de la jueza "por no tener en cuenta los informes psicológicos ni médicos que no son siquiera mencionados en el auto de archivo". En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la Audiencia afirma que la menor "había sido cuando menos objeto de tocamientos por parte de su padre". Por ello, exige al juzgado reabra la causa e investigue los hechos, teniendo en cuenta que existen nuevos informes que señalan que las agresiones se podrían haber repetido tras la reanudación del régimen de visitas con el padre. La niña tiene hoy cuatro años.

La culpabilización de la madre

Tras la orden de reapertura de la instrucción por parte de la Audiencia Provincial, la madre  y la Fiscalía solicitaron al juzgado de Puerto del Rocío medidas cautelares urgentes para suspender las visitas del padre con la niña mientras la investigación esté en marcha. En el auto de denegación, la jueza no hace referencia en ningún momento a la gran cantidad de informes que existen y que constatan la veracidad de los posibles abusos, sino que se limita a criticar la actitud de la madre con calificaciones propias de un falso Síndrome de Alienación Parental, una supuesta patología que no está reconocida por ninguna institución médica y construida en base a estereotipos que culpan a las madres cuando denuncias violencia sexual hacia sus hijos por parte de los padres.

En el auto de denegación, al que ha tenido acceso Público, la jueza afirma que la madre presenta "un constante estado de nerviosismo y una evidente dependencia de la menor" y la critica por cambiar de opinión en relación a que existieran visitas vigiladas de la niña con el padre, aceptadas en un primer momento "para días después solicitar todo lo contrario, lo cual cuando menos no resulta ni coherente, ni lógico".

También reprende a la madre por no haber solicitado anteriormente medidas cautelares y hacerlo sólo tras la reapertura del caso, un extremo que no es cierto, puesto que desde octubre de 2021 su defensa lo solicitó hasta en tres ocasiones. Por último el auto desecha el último informe pericial por ser "de parte" y "carente de objetividad e imparcialidad" y prima el "derecho [de la menor] de relacionarse con su progenitor no custodio [el padre]".

"Sentimos indignación y tristeza con lo que vemos y no consigo entender cómo no se valora lo importante ni que no se hayan estudiado las pruebas presentadas. Si Fiscalía ve indicios, hay pruebas, informes forenses... ¿Por qué esta desprotección y la continuación de las visitas?", se pregunta Sara Rodríguez, abogada de Dayana.

De hecho, la ley contra las violencias en la Infancia que entró en vigor a finales de junio de 2021 obliga a los jueces a suspender las visita, comunicaciones, custodia o la patria potestad a los padres cuando estén siendo investigados por violencias machistas. La norma establece una salvedad al afirmar que se "podrá no acordar la suspensión mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial", algo que no ha sucedido en esta caso.

Un camino judicial plagado de obstáculos

El calvario judicial de Dayana G. y su hija comenzó en octubre de 2021, cuando la niña tenía solo dos años. La pareja se había separado poco antes y mantenía un régimen de visitas acordada por un juzgado. Pero la madre estaba preocupada. En algunas ocasiones había encontrado pelos púbicos en las bragas o los genitales de su hija, así como irritaciones de la zona de la vulva y el ano. Un día la niña volvió de una visita con el padre con hematomas en la parte baja de la espalda y el glúteo y con una gran irritación en la zona genital. Alarmada, la llevó al centro de salud, donde la derivaron al servicio de urgencias del Hospital General de Fuerteventura. Allí la niña fue examinada por un médico, un pediatra y un médico forense, quienes abrieron un protocolo por posibles abusos sexuales. 

El informe clínico de urgencias reflejó que la menor presentaba "eritema en zona de vagina, el himen no se ve claro. Tiene hematoma lineal en glúteo izquierdo". El médico no apunta a las posibles causas, pero inicia el protocolo marcado para casos de abusos sexuales que se pone en conocimiento de la Justicia. En ese momento, la madre suspende las visitas de su hija con el padre.

Un mes más tarde, el 12 de noviembre, el juzgado de primera instancia e instrucción de Puerto del Rosario suspendió de forma cautelar las visitas del progenitor con la niña hasta que acabara el procedimiento. Apenas cinco meses más tarde, el juzgado archivó provisionalmente la causa por "no existir suficientes motivos para la continuación del procedimiento por el delito imputado". El principal motivo para este archivo fue que la prueba forense que debía determinar si existía material genético en la niña no apreció en las muestras realizadas sangre, saliva o ADN de otra persona. El juzgado consideró que al no haber autor conocido, no había caso y archivó.

La abogada de Dayana asegura que "raramente se constata la presencia de material genético en los abusos hacia menores, pero esto no significa que los hechos no hayan sucedido".

El juzgado archivó la causa antes de comenzar las investigaciones, puesto que, tal como denuncian la madre y su abogada, lo hizo sin haber oído al médico ni a los forenses que realizaron los informes ni realizó ninguna investigación adicional. El juzgado levantó entonces (marzo de 2022) la prohibición de las visitas del padre con la niña. 

"Lo sorprendente es que en ningún momento se haya llamado a declarar a los médicos y forenses, ni se haya pedido una valoración psicosocial de la niña, pese a los seis informes aportados por la madre. No acabo de entender si hay desidia, despreocupación o falta de interés, pero parece que nadie se ha sentado a mirar el expediente y hay más interés en juzgar a la madre, enmarcando todo en una pelea de progenitores, que en averiguar si la menor está sufriendo o en peligro", dice la abogada. Afirma también que ya han recurrido el auto de la jueza en apelación a la Audiencia Provincial y que pondrán los hechos en conocimiento de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Media docena de informes piden medidas de protección

Tras la reanudación de los encuentros entre el progenitor y su hija, las sospechas de abusos sexuales no cesan. Existen diversos informes que constatan la reaparición de la vulvitis y eritemas vaginales. La falta de actuación por parte del juzgado impulsó a la madre a consultar con diversos expertos en psicología infantil, especialistas en análisis gestual y en un equipo forense que valoró las fotografías de los genitales de la menor. En todos los casos los profesionales consultados constataron la veracidad del relato de la menor con posibles malos tratos o abusos sexuales por parte del padre.

Un informe psicológico realizado a la menor en febrero de 2023 concluye que "su comportamiento no verbal y sus cambios de comportamiento hacen a todas luces verosímiles las presuntas sospechas. El miedo resulta en la menor urgente y claro, además de un nivel aterrador. Cada día que pudiera quedarse el padre con la niña, aumentarían sin duda sus daños psicológicos que, al día de hoy, seguramente, ya estarán presentes". El informe añade que, a la vista de la entrevista con la niña, "no se puede concluir con precisión qué es lo que ocurrió, pero sí que está ocurriendo algo grave que llena de miedo a la niña respecto a la figura de su padre".

Otro informe sobre el análisis gestual de la menor concluye que la niña "muestra indicios de rechazo y animadversión hacia su padre. En virtud de los indicios hallados, se recomienda a las autoridades competentes se inicien las investigaciones que se consideren oportunas ya que existe la posibilidad de que la integridad física y psicológica de la menor esté en riesgo".

También un estudio forense realizado sobre las fotografías de las lesiones en la zona genital y anal de la niña afirma que "las heridas son compatibles con un posible abuso sexual, ya que se han realizado mediante fricción y tanto las cavidades anal como vaginal presentan una dilatación permanente mayor a la esperada".

Ninguno de estos informes ha sido tenido en cuenta por el juzgado que investiga la causa. De hecho, en su auto de denegación de las medidas cautelares, la jueza deja claro que los considera "de parte" (es decir encargados por la madre) y por tanto "carentes de objetividad e imparcialidad", a pesar de estar realizados por profesionales acreditados. El juzgado tampoco inició y solicitó ningún informe sobre la niña, la madre o el padre.

Lesiones en espalda y glúteo hechas con cinturón o una regla

El informe forense de los hematomas que presentaba la niña en espalda y glúteo sí fue analizado por el equipo forense el día en que se abrió el protocolo por posibles abusos sexuales. El experto refleja en su informe que las marcas son compatibles con "el impacto con un elemento semi-rígido como un cinturón o una regla", algo que coincide con uno de los informes psicológicos realizados a la menor, en la que relata que su padre es "malo" porque le pega con "el cinto".

Dayana G. también tuvo que enfrentarse a un juicio por la denuncia de su expareja por haberle denegado las visitas con su hija durante un mes (entre el 21 de octubre y el 22 de noviembre de 2021), mientras el juzgado no había tomado ninguna medida de alejamiento de la niña con el padre tras la denuncia del hospital. El juicio quedó visto para sentencia hace dos semanas. Mientras, la Justicia no ha interpuesto ninguna medida de protección hacia la niña ni ha hecho un seguimiento sobre su estado.