Vox no desaprovecha ninguna oportunidad para cargar contra el sistema de protección hacia las mujeres víctimas de la violencia de género. Este jueves, en el primer pleno de la temporada del Ayuntamiento de Madrid, la concejala y portavoz adjunta de la formación de ultraderecha, Carla Toscano de Balbín, ha pedido que se cree una comisión de investigación sobre los servicios que forman la red municipal de centros contra la violencia de género. Toscano se dio a conocer en la pasada legislatura al afirmar en el Congreso de los Diputados que el único mérito que tenía Irene Montero, la ministra de Igualdad, era "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

En su propuesta, Toscano apuntaba, en especial, al Centro de Atención Psicosocioeducativa para mujeres y sus hijas/os víctimas de violencia de género (CASPEN), que proporcionan apoyo social, psicológico y educativo intensivo y a largo plazo a las mujeres y sus hijos e hijas para su recuperación social y emocional tras la ruptura con la situación de violencia.

Toscano y su partido estiman que estos servicios podrían estar actuando de forma "lesivas en los derechos fundamentales de los varones como la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva e igualdad ante la ley". En la votación final, sin embargo, la representante de la ultraderecha se quedó sola puesto que todos los partidos, incluido el PP, votó en contra de la propuesta.

Antes de la celebración del pleno, por la mañana, las trabajadoras de la red de centros de la red municipal contra la violencia de género de Madrid han denunciado que el objetivo de Vox es desmontar todo el sistema de protección construido para atender a las víctimas de la violencia machista y que la comisión de investigación que proponía supone un paso más en esta dirección.

Un nutrido grupo de ellas, reunidas a las puertas del Ayuntamiento de la capital al inicio del pleno, denunció que "este cuestionamiento de Vox es un principio para un fin: atacar a los servicios de la red, como han hecho ya en otros territorios donde tienen más peso y en donde han conseguido que se retiren programas y casas de la mujer".

"No creemos que lo hagan por el CASPEN de forma específica, sino que van a por todos los servicios de la red", ha afirmado a Público Helena Fernández, trabajadora que ejerce como portavoz de las trabajadoras de la red de violencia del Ayuntamiento de Madrid, quien ha añadido que la protesta no la realizan por temor hacia sus puestos de trabajo, sino porque "no se puede poner en cuestionamiento la seguridad de las mujeres víctimas de esta violencia".

El título habilitante como víctima, en el ojo de Vox

La estrategia de Vox en el Ayuntamiento de Madrid pone su mira  en una medida contenida en el pacto de Estado contra la violencia machista aprobado por todos los grupos parlamentarios en septiembre de 2017. Vox no había entrado aún en las instituciones.

Hacia finales de 2021 este acuerdo fue ratificado por la Conferencia Sectorial de Igualdad, formada por el Ministerio de Igualdad y representantes de las distintas comunidades autónomas, y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en diciembre de ese mismo año.

El acuerdo entre Gobierno y comunidades autónomas incluye la constitución de un título habilitante para acreditar "la situación de víctima de violencia de género sin necesidad de interponer denuncia para acceder a prestaciones sociolaborales", lo que les permite acceder a todo un abanico de de apoyo y ayudas de las administraciones públicas a través de los servicios sociales municipales, sin haber denunciado o haber pasado por un juzgado. 

El hecho de que muchas de las víctimas de este tipo de violencias no la denuncien (se estima que entorno a un 80% de ellas no lo hacen) no significa que no precisen de cuidados y atención para recuperarse o salir de la violencia.

Esta acreditación de víctima no tiene efectos judiciales sino sólo administrativos y no actúa contra el maltratador, sino que supone una amplia serie de medidas para cuidar a las víctimas, contenidas en la ley de violencia de género de 2004.

Entre los servicios que da derecho este reconocimiento de la condición de víctima de la violencia de género, se incluyen el apoyo social, psicológico, jurídico y educativo hacia los hijos menores; servicios de emergencia para mujeres que acaban de salir de su casa o de la comisaría tras denunciar violencia de género o soluciones habitacionales para mujeres que deciden abandonar una relación de violencia y necesitan protección porque no tienen a donde ir.

El doble de víctimas atendidas con los mismos medios

Tal como advierten las trabajadoras de esta red de centros, las necesidades han ido creciendo a lo largo de los últimos años, pero los servicios han permanecido inalterados.

"En el 2022 se atendió a más de 2.000 mujeres víctimas de violencia de género en los distintos servicios de esta red de centros municipales y en 2023 el número se amplió a 4.000. Es decir, en sólo un año se ha duplicado la necesidad de actuaciones, pero se ha tenido que hacer con los mismos fondos, los mismos medios y los mismos espacios. Necesitamos mejoras urgentes para poder seguir dando un servicio digno", afirma Fernández. "Esto no es un servicio de caridad. Tiene que ser un servicio de intervención de calidad con las mujeres, que no pueden esperar tres o cuatro meses a que una psicóloga las vea, porque esta intervención es la que las puede sacar de la violencia que sufren".

En su argumentación ante el pleno del Ayuntamiento, la diputada de Vox afirmó que la petición de una comisión de investigación sobre uno de estos servicios, CAPSEN norte, se debe a que este recurso reconoció a una mujer víctima de violencia de género y le concedió ayudas públicas después de que la justicia hubiera archivado hasta en cuatro ocasiones la denuncia de la mujer contra su maltratador.

En el pleno, todos los grupos parlamentarios, incluido sus socios del Partido Popular, reprocharon a la representante de la ultraderecha su actitud hacia las víctimas de la violencia machista, apartándose de los minutos de silencio y considerando que a los hombres se les está vulnerando derechos fundamentales. 

Desde el estrado, Soledad Murillo, representante del PSOE, recordó que las trabajadoras de la red municipal lo componen profesionales que están formadas en violencia de género y que dedican 150 horas más en su trabajo para fiscalizar y de recopilación de información complementaria, por lo que no es necesaria una comisión de investigación sobre su actuación ni sobre el uso de los fondos.

Todos los grupos votaron en contra, por lo que la petición de Vox fue rechazada.