El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido el pasado día 16 de septiembre un auto por el que inadmite la querella presentada por Juana Rivas contra el juez Manuel Piñar por "delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral (maltrato institucional)". Hace unos días la Fiscalía de Granada realizó un informe en el que solicitaban a dicho tribunal que inadmitiera el escrito de Rivas y que además le impusiera un multa de 5.000 euros por "abuso de derecho". 

El TSJA emite su decisión, que, tal como había adelantado Carlos Áranguez, abogado de Rivas, acataría al petición de la Fiscalía. En su auto, el Alto Tribunal afirma que los hechos por los que se denuncia a Piñar no han quedado acreditados y que "los delitos de prevaricación exigen como elemento objetivo la absoluta notoriedad en la injusticia, faltando tal elemmento cuando se trata de apreciaciones que en uno u otro grado son discutibles en Dreecho".

Según el tribunal, de la documentación aportada, no puede considerarse que las resoluciones de Manuel Piñar "tenga un contenido torticero o aritrario, con apartamiento del derecho".

El TSJA estima que "todas las decisiones adoptadas por el

querellado en el auto de 27 de mayo de 2021, estaban perfectamente

ajustadas a Derecho y no pueden ser consideradas constitutivas de un

delito de prevaricación".

Tanto la defensa de Rivas, las organizaciones de la sociedad civil, como medios de comunicación llevan años llamando la atención sobre las sentencias y las prácticas de Manuel Piñar, que es magistrado de la sala de lo penal número 1 de Granada. En sus sentencias ha repetido los mismos argumentos contrarios a las leyes de protección de las mujeres contra la violencia de género y en sus redes sociales se ha posicionado contra el Gobierno y las leyes por la Igualdad. También algunas asociaciones de juristas han elevado quejas contra él ante el Consejo General del Poder Judicial, el órgano que gobierna a los jueces, sin ningún éxito. 

"Toda la verdad cuando sus hijos hablen"

Desde la defensa de Rivas afirman que no se rendirán y que "seguiremos luchando y que toda la verdad sobre el caso Juana Rivas se conocerá cuando los niños sean mayores edad, y puedan relatar su historia en primera persona". 

Aránguez afirma que "es muy negativo que no se haya impuesto ninguna sanción por abuso de derecho (querella temeraria), porque si nos hubieran multado un juez de lo contencioso-administrativo habría revisado el caso, y en el fondo, analizaría si hay prevaricación o no".  Y concluye que recurrirán la decisión. "Por supuesto, vamos a recurrir. Primero, ante el TSJ, luego en el Tribunal Constitucional, y si si fuere necesario, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Los representantes legales de Rivas acusaban en la querella que Piñar, además, de falta de imparcialidad y objetividad y de haber tramitado en paralelo un expediente de indulto "careciendo absolutamente de competencias para ello" con la única intención de "informar negativamente de dicho beneficio, alterando intencionalmente la realidad y ocultando la existencia de dicho expediente a la defensa".

La defensa de Rivas afirma que seguirán adelante. Las alternativas son pocas en nuestro país. El aforamiento que protege a los jueces implica que cuando se denuncia a uno de ellos y la querella se inadmite, no existe ningún otro tribunal donde se pueda continuar el trámite. No se puede ir al Supremo. El caso queda en Granada. "La única actuación posible es presentar un escrito de súplica ante el mismo tribunal y las mismas personas que han inadmitido la causa. La otra posibilidad es presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y luego acudir a los tribunales internacionales de derechos humanos.