España arde. Lo hace cada verano. Éste se quema sobre quemado y no me refiero solo a los bosques.  

El fuego puede ser inevitable. El año que viene volverá a quemarnos. Nadie está a salvo. Las cifras de hectáreas calcinadas recientes nos permiten decir que Europa y el mundo entero también lo sufre y lo pasa mal hasta apagarlo. Cada vez habrá más incendios incontrolables e inextinguibles por las condiciones climáticas y ambientales. El cambio climático empeora y está tan confirmado como el éxodo a las ciudades.    

Pero más allá de esto la pregunta que acecha estos días es: ¿Cómo es posible que no nos pille preparados? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por si tenemos las condiciones materiales necesarias y por cuántos son y cómo trabajan los profesionales en prevenirlos y apagarlos en esta España nuestra? ¿No somos la cuarta economía de la Unión Europea? ¿No hace ya tiempo que el fuego nos quema con saña y que se ha llevado vidas por delante? ¿Por qué nos vuelve a pillar en bragas?  

En el panorama informativo agostero éste ha sido y será el gran tema. Como dijo Ángel Malanda, un bombero forestal de Castilla y León, a Javier Ruiz en Televisión Española, son "la canción del verano; no nos invitáis en noviembre ni en enero". Ruiz le contestó que "la precariedad laboral es para todos", pero que si sigue donde está le promete que esta vez será distinto y sellaron la promesa con un apretón de manos y con Ángel conteniendo las lágrimas.    

No es ningún secreto que la situación de los bomberos forestales en España es dispar, por decirlo fino. Por eso se aprobó el Estatuto Básico de estos profesionales en noviembre de 2024, tras años de lucha de este colectivo. Ninguna comunidad autónoma lo aplica todavía. Y cuando lo hagan tampoco terminará con el problema. Es una ley tímida. Solo por poner un ejemplo, dice que "para favorecer la estabilidad del empleo y la mejor atención a la prevención y extinción de incendios forestales se considerará preferente la contratación pública". 

La tabla de salarios y de tipos de contrato de estos profesionales fundamentales en las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas no es transparente y, además, los medios de comunicación de masas casi nunca damos informaciones completas sobre todos los territorios porque serían soporíferas y dependemos de las audiencias. Eso echa leña a otro fuego peligrosísimo que socialmente ya quema mucha base electoral. Me refiero al provocado por la ultraderecha, pirómano del sistema de las autonomías. Aprovecha que muchas veces es fuente de generalizaciones, de falta de transparencia, de justificaciones en el mal de muchos y de desinformación y desigualdad.

La competencia en Emergencias es autonómica desde tiempos de Franco. Hasta el Régimen entendió que no tenía sentido que viniera alguien desde El Pardo a contarle a otro cómo era su monte y cómo había que apagarlo.  

La cuestión no es poner en duda lo obvio: que el sistema autonómico funciona y que hay que cuidarlo. Lo fundamental ahora es no negar que hay que mejorarlo y hacerlo, que seguimos sin tener unos servicios públicos de prevención y extinción de incendios a la altura de la dimensión del problema y que hay comunidades autónomas en las que son desastrosos.  

El bombero mencionado, Ángel Malanda, lo dejó claro con su testimonio: "Nos mandan a un incendio por 2,20 la hora". Su salario base es mínimo y su plus de peligrosidad por jugarse la vida ante un fuego insulta. En Castilla y León, cuando te contrata Tragsa (una empresa pseudopública) puede ser aún peor: ese plus de peligrosidad es de 1,69 euros por hora. El convenio laboral de esta comunidad autónoma, además, impone descansos inhumanos cuando llega la hora de la verdad. He visto con estos ojitos esas nóminas con ese plus insultante, ese convenio y el comunicado de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León donde denuncian que siguen teniendo contratos de entre cuatro y nueve meses al año, en contra de las promesas del consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, tras el grave incendio de la Sierra de la Culebra de 2022, cuando prometió que acabaría con los eventuales. 

Así que creo que ha llegado el momento de legislaciones que terminen con esta precariedad y que cuiden a la profesión. El Partido Popular no las va a aprobar porque limita su sistema de privatizaciones, su idea de cómo gestionar. Necesitamos servicios públicos claros, visibles y fiscalizados cada año. Es imprescindible una ratio de bomberos forestales contratados y bien remunerados por cada hectárea de superficie forestal -según los diferentes tipos- para toda España, con unos mínimos salariales y unas condiciones laborales a la altura del trabajo trascendental que les encargamos. Es urgente armonizar los presupuestos y los trabajos para la prevención y el cuidado del campo en todo el territorio imponiendo unos mínimos. Los ayuntamientos tienen la obligación de controlar los cortafuegos indispensables alrededor de sus cascos urbanos, pero ¿disponen de los medios para hacerlo? ¿Controlamos y premiamos o censuramos a quienes lo hacen o no? ¿Y no podemos compartir medios entre países europeos, entre comunidades autónomas y entre ayuntamientos? ¿La UME podría incluir a más Ejército? ¿Los mecanismos para que acuda a una emergencia podrían ser más automáticos para evitar que llamarla o no sea material arrojadizo en la batalla partidista?   

Esta vez hablamos de incendios pero ya ha habido y habrá más aprietos. Las emergencias que sufrimos y sufriremos lanzan un guante a la cara de la política. Las fuerzas de la naturaleza no tienen ideología ni pasaporte ni saben nada de comunidades autónomas.  

Necesitamos orden y progreso y que los protocolos y los técnicos reconocidos linden los caminos que los políticos pueden o no transitar. La prevención y la gestión de las emergencias no pueden ser decisión política al margen de la dimensión de los peligros.  

Ya sabemos que confiar todo a la responsabilidad y la autonomía de los políticos de turno no es suficiente: no siempre funciona.  

Y con esto no propongo que el Gobierno, con su presidente al frente, entre con la caballería en cualquier comunidad autónoma cuando le dé la gana. No defiendo la vuelta al ordeno y mando de los de Abascal, ni entiendo a quienes se escudan en esta idea cada vez que un presidente autonómico no da la talla. España no es solo una, grande y libre. Hay 17 y hay que respetarlas a todas.  

Lo que digo es que los españoles necesitamos más transparencia y control sobre la equidad en los servicios públicos; y que la gestión de las emergencias y la prevención y extinción de incendios es trascendental. Y añado que no debemos soslayar ningún debate, ni siquiera el que enfrenta la defensa de los parques naturales con la prevención del fuego; quizá no es tan buen idea que sean del todo intocables. Nada debería serlo para hacer frente de la mejor manera posible a estos fuegos que sí o sí nos amenazan y nos amenazarán... El fuego no va a dejar de quemar nuestros bosques; la ultraderecha no va a dejar de atacar las grietas del sistema que o mejora o caerá en sus manos.