El aforamiento ante el Supremo es una garantía de blindaje para el rey emérito, pero ha resultado ser una trampa -veremos si mortal en su cargo y con este Gobierno- para el fiscal general del Estado. Un juez instructor, que se negaba a ver la corrupción del PP en la Gürtel que el resto del tribunal veía y que fue elegido como cuota por ese partido en el Supremo, ha querido sentar a Álvaro García Ortiz en el banquillo sin indicios, sin pruebas y con teorías paranormales sobre envíos clandestinos desde el despacho del presidente Sánchez. Hurtado ha condenado a García Ortiz desde que fue nombrado fiscal general por un presidente que no es Alberto Núñez Feijóo porque no quiso ("El que pueda hacer que haga") y este martes le han dado la razón dos de los tres magistrados de la Sala que estudiaban la apelación del fiscal general, por lo que García Ortiz se va al banquillo, salvo que dimita; no lo va a hacer, ha trasladado, y no debe. 

Llegadas a este punto, dejar expuesta la institución para que carguen contra ella ese puñado de jueces del Supremo -con Marchena al fondo- que no buscan pruebas ni justicia, sino a un fiscal de su agrado ideológico que, sobre todo, no avale amnistías a independentistas, sería una temeridad, salvo que García Ortiz dé un portazo legítimo, harto como debe de estar de un lawfare tosco y de manual. 

Al anhelo lleno de agujeros negros y carente de indicios de Hurtado, dieron la razón un magistrado que fue fiscal general con el PP de Mariano Rajoy y un segundo juez con un hijo presente en las listas electorales municipales del PP de Madrid y hoy, alto cargo del ídem en un pudiente municipio madrileño. El tercer magistrado, conservador y sin adscripción asociativa (¿o debería de decir "partidista"?), se quedó solo en su rechazo a la teoría onírica de Hurtado, dentro de cuya cabeza cuadraba muy bien el relato diligente de Isabel Díaz Ayuso sobre la "operación de Estado" contra el defraudador confeso Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, ordenada -dijo ella sin rubor- por el mismísimo presidente del Gobierno y ejecutada por el fiscal general del Estado. Como si Alberto Quirón no se bastase y sobrase para defraudar él solito y con toda su avaricia en tiempos de pandemia a la Agencia Tributaria.

Ningún indicio de culpabilidad del fiscal general del Estado en la revelación de secretos de la que se le acusa por parte de González Amador ha aparecido durante los ocho meses que ha durado la instrucción de Hurtado. Para este juez y sus dos corifeos de Apelaciones, la prueba de esta revelación es que García Ortiz ha destruido la prueba porque ellos lo dicen, esto es: ha borrados sus mensajes y correos antes de que Hurtado entrara en el despacho del fiscal general como un elefante en el Culiacán del cártel de Sinaloa. Sus mensajes y correos, para los despistados, son los de quien representa a la Fiscalía General, así que sí: alégrense quienes creen en la democracia de que García Ortiz lo hiciera, por otro lado, como debe hacerlo según normativa.

Hurtado ha sido incapaz de encontrar un solo indicio que merezca este nombre contra el fiscal general del Estado, pero no solo eso. Se ha empeñado en descartar todos aquellos hechos que demostraban la inocencia de Álvaro García Ortiz, como la declaración de varios periodistas confirmando que, antes del fiscal general, ellos ya habían tenido acceso al correo del abogado de González Amador donde admitía el fraude fiscal. Tampoco le ha importado a sus colegas de Alto Tribunal, como decíamos, sacudirse como cagada de mosca, al final del auto, algo tan grave como que Hurtado señalara al jefe del Ejecutivo como ideólogo de la "operación de Estado" de los sueños de Hurtado y Ayuso y pasara orden de filtración al Ministerio Fiscal. "No hay pruebas de eso, así que pelillos a la mar", parecen razonar los magistrados mientras ignoran que tampoco hay pruebas de revelación de secretos alguna cuando ni siquiera había secreto. El fiscal general es culpable aunque se demuestre lo contrario, y desde 2018 es así.