Una agenda jurídica progresista

El V Congreso de Gentes del Derecho, esta vez denominado Para la Democracia, celebrado en Barcelona el viernes 23 de octubre, surgió de las experiencias de las asociaciones coorganizadoras y colaboradoras y de los Congresos de Gentes del Derecho celebrados en Madrid en 1987, Valencia en 1990, Galicia en 1993 y Sevilla en 1998, así como del análisis preocupante y compartido sobre el retroceso de garantías y derechos, la necesidad de seguir promoviendo la igualdad, la necesidad de poner límite al clima de odio que existe hacia colectivos vulnerables, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

Tras veintiocho años transcurridos desde su última edición, este reencuentro progresista ha proyectado una imagen de extraordinaria cohesión y elevada solvencia técnica. El riguroso nivel exhibido en las sesiones ha permitido articular un frente común orientado a impulsar el desarrollo continuo de los derechos, acelerar la modernización de la Administración de Justicia y reafirmar la centralidad irrenunciable de los derechos humanos frente a las ofensivas reaccionarias.

Han confluido más de diez asociaciones de juristas demócratas y han participado más de 170 asistentes. La unión de estas diversas sensibilidades ha evidenciado que el trabajo colaborativo conjunto y la activación de la inteligencia colectiva, resultan instrumentos indispensables para salvaguardar y seguir desarrollando la justicia como un servicio público, regido por la separación de poderes y expresión de un Estado social y democrático de Derecho.

Relacionado con este tema

El 'Congreso Gentes del Derecho' se reúne después de 28 años para dar respuesta a "la ofensiva reaccionaria"

Pilar Araque Conde

Si bien en fechas próximas se trasladarán unas conclusiones pormenorizadas y más completas, los debates han consolidado un firme consenso sobre la necesidad del respeto de los derechos humanos y de profundizar en la eficacia material de los derechos fundamentales.

Magistradas de la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE) destacaron como indispensable seguir desarrollando los derechos de la infancia y la adolescencia, especialmente cuando se discrimina a madres en materia de protección social, o la falta de tutela de las mujeres que sufren un daño por motivos de género sin que haya existe responsabilidad penal ni resarcimiento del mismo. En materia de género, también fueron importantes las intervenciones del Grup de Dret del Treball i de la Seguretat Social (GREDTiSS) de la UPF, que coincidieron en la necesidad ineludible de seguir aplicando el ordenamiento jurídico para detectar y desactivar las discriminaciones multisistémicas, perseverando en leyes y resoluciones la igualdad efectiva.

Entre otras aportaciones significativas destacaron la exigencia de reconocer a las personas migrantes la totalidad de sus derechos condicionados a la inscripción en el padrón, incluido el voto, para equiparar de forma plena su estatus jurídico al de cualquier ciudadano, restituyendo su condición de verdaderos sujetos políticos y electores, y no de meros objetos de estigmatización y odio. También se habló de la necesidad de enjuiciar los delitos de corrupción antes que a los periodistas que investigan la noticia o las personas que representan las instituciones cuando buscan preservar la verdad. Asimismo, se discutió sobre la importancia de recuperar la justicia universal como requisito fundamental para pugnar por la justicia sin fronteras y la separación de poderes.

Es sumamente importante la defensa de la democracia y la eliminación de todas las formas de violencia y represión dentro del respeto a los que son disidentes. La democracia es una institución humana, y como tal, se ha de cuidar entre todas, sobre todo teniendo presente la mirada feminista y con la responsabilidad del conjunto de la sociedad.

Asimismo, se ha expresado la más profunda preocupación ante los discursos políticos que defienden planteamientos que pretenden irrogar un perjuicio económico directo a la clase trabajadora por motivos de salud y, se ha elevado una seria advertencia ante las tentativas de privatización de las pensiones públicas y frente a cualquier vector de deterioro de la arquitectura del Estado del bienestar. Para el conjunto de los juristas demócratas, la ampliación y fortalecimiento del sistema público de protección social no constituye únicamente un imperativo de justicia distributiva, sino un presupuesto insustituible para consolidar una democracia de mayor calidad.

Seguimos trabajando en unas conclusiones que haremos públicas para la totalidad de la ciudadanía y que remitiremos a los partidos políticos y a las instituciones muy pronto. Pero es indudable que numerosas asociaciones quieren volver a refundar la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas y será una realidad próximamente.