Existe una casta política.. y una casta periodística que lleva treinta y cinco años bailándole el agua. Comisarios políticos que se hacen llamar periodistas y que copan buena parte de los medios, sobre todo las televisiones públicas donde, salvo honrosas excepciones, se han ido turnando según cuál fuese el color del partido gobernante en cada momento.

Este es el pecado original de las teles públicas en España. Que, tal como está diseñado su funcionamiento, permite que quienes ostentan el poder puedan meter en ellas sus sucias manos. Meterlas hasta el corvejón.

Desde 1982, cuando solo existía una televisión en todo el país y a las privadas aún les quedaban siete años para nacer, las cosas han ido ocurriendo siempre de la misma manera: prometiendo los políticos que todo mejoraría cuando llegaran al poder y olvidándose de la promesa la misma noche de su victoria.

Alfonso Guerra, en un famoso desahogo durante sus tiempos de oposición, trajes de pana y gafas de pasta, llegó a decir que cuando los socialistas ganaran, durante dos meses en Televisión Española emitirían solo documentales porque era el tiempo que consideraba mínimo para poner orden en la casa. Una vez llevado a cabo el imprescindible "lavado de cara" ("purga", en roman paladino), a la tele no la iba a conocer ni la madre que la parió. No pasó nada cuando ganaron los socialistas. Guerra nombró a un amigo suyo, José María Calviño, director general y tanto él como sus sucesores, y también los primeros y más notorios jefes de informativos (Sopena, Iglesias...) tardaron escasísimo tiempo en rodearse de afines y gestionar la información en función de los intereses del palacio de la Moncloa. Periodismo, poco; propaganda, mucha; manipulación, toda.

Desde el referendum de la OTAN, Televisión Española no abandonaría la deriva de la manipulación más descarada excepto en una gloriosa etapa que quedará como excepcional para la historia de la comunicación en nuestro país: aquella especie de oasis que la televisión pública estatal vivió durante los años 2004-2012. Un espejismo cuyo ejemplo ninguna televisión autonómica se dignó seguir y que fue desmontado sin piedad y con la mayor urgencia por el gobierno Rajoy apenas el PP recuperó el poder. Se había legislado para que el mangoneo del gobierno en la tele pública fuera difícil, pero se cambió la ley mediante un real decreto y punto. Con un par y sin ninguna vergüenza.

En cuanto a las televisiones autonómicas, a medida que fueron apareciendo en el mapa audiovisual, la perversión en materia de manipulación se fue sofisticando. Demasiado atractivo el juguete para los virreyes de provincias. A mi me tocó vivirlo, y sufrirlo, en Canal Sur Televisión cuando, recién nacida la cadena allá por 1989, ejercí un tiempo como editor de informativos. Duré poco. La presión del director general, un eficaz comisario político llamado Manuel Melero, acabó siendo literalmente insoportable y me tuve que marchar. La casta política quería casta periodística con la que confraternizar y a la que poder confiar el destino de sus intereses... y parecía claro que yo no daba el perfil.

Poco a poco cada autonomía acabó teniendo su propio canal de televisión, perdón su propio instrumento de propaganda para el gobierno de turno. Así llevamos veinticinco años y ahora, tras las elecciones del 24-M, existe la oportunidad de que las cosas cambien por primera vez. Ahora tenemos una oportunidad de oro. Es el momento. Si estamos hablando de un salto cualitatuivo en el voto de la ciudadanía, si los representantes elegidos han tomado nota del mensaje de las urnas, una manera de comprobarlo será lo que los nuevos parlamentos autonómicos hagan con las teles en sus respectivos territorios.

El cambio solo será creíble si se refleja en un funcionamiento completamente distinto de las televisiones públicas: en Madrid, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Baleares... De Andalucía, la verdad es que no espero nada. Y en Valencia, resucitar Canal Nou sería más bien un milagro. ¿Por qué ahora sí es posible? Porque bastaría con desempolvar la legislación que se puso en marcha con Carmen Cafarell como directora ganeral de TVE en tiempos de Zapatero, que posibilitó la pluralidad y que dotó de reconocido prestigio a los informativos de la época.

Recordemos que las televisiones públicas conforman sus consejos de administración en función del número de representantes que cada partido tiene en los parlamentos. Al haberse atomizado la distribución de escaños, los consejos serán más plurales y, como bien explicaba mi compañero Alejandro Torrús en Público el pasado día 4 de junio, en el caso de Telemadrid, por ejemplo, la suma de consejeros del PSOE y Podemos arroja mayoría absoluta. El PP no la alcanzaría ni con los votos de Ciudadanos.

Esto cambia por completo el panorama de lo que ha sido Telemadrid desde que llegó Esperanza Aguirre en 2003. Doce años de vergüenza pueden tocar a su fin. Igual en las demás autonomías donde vuelva a gobernar la izquierda y que solo tienen que copiar el funcionamiento de Televisión Española entre 2004 y 2012.. El nuevo diseño de sus consejos de administración permite afrontar el desafío: una televisión plural, de servicio público, que recupere el criterio de honestidad y de utilidad a los intereses de los ciudadanos... Ahí puede residir la prueba del nueve, ahí sí que podría verificarse que el 24M los ciudadanos de este país fuimos a votar para que las cosas empezaran a cambiar. Para jubilar a la casta política... y también, al menos en parte, a la periodística.

J.T.