El avance de lo que se ha denominado "la nube", esto es, almacenar e incluso ejecutar aplicaciones alojadas en Internet en lugar de en nuestros ordenadores o servidores, parece algo imparable. Lo es en el ámbito doméstico y también en el empresarial pero, ¿qué sucede en la Administración Pública? ¿Se aprovechan las ventajas? Y la respuesta es sí, aunque confiar la información gubernamental en manos de compañías como Google, Amazon o Microsoft, que con el caso Snowden han evidenciado que no son muy de fiar, inquieta.

Eso mismo es lo que ha debido de pensar la vicepresidenta del Senado en Bolivia, Nélida Sifuentes, que acaba de proponer en la Cámara Alta que el país disponga de una "nube soberana". Para ello, la senadora se ampara tanto en la Constitución Política boliviana como en la Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, en virtud de la cuales se establece que el Estado Plurinacional debe tener la soberanía y la independencia tecnológica.

Sifuentes está convencida de que el hecho de que Bolivia tenga su propia plataforma cloud computing, como se denomina en inglés a la nube, redundará en la protección de la soberanía de los datos por medio del fortalecimiento de la seguridad informática. Así lo ha manifestado la propia senadora al afirmar que el objetivo es “mejorar los servicios públicos virtuales, fortaleciendo la soberanía y seguridad informática de la Nación, en la gestión de la información digital de las instituciones del Estado y de la privacidad de los datos de las usuarias y usuarios”.

La senadora ha marcado como prioridad nacional la creación de “Sumaj Wakaycha”, convirtiéndose en una infraestructura de servicios de información, comunicación, informáticos, almacenamiento y servicios web nacionales. La iniciativa parece que prosperará en la misma ciudad de Sucre, que es donde se ubica la Corte Suprema.

Si la proposición de ley es finalmente aprobada, Bolivia sería pionera en conseguir que todas sus instituciones públicas centralicen su información a través de Sumaj Wakaycha, que será la encargada tanto de facilitar y optimizar su acceso como de blindarla ante amenazas externas. Habrán de pasar dos años desde que la ley sea promulgada para que éste operativa Es cierto que algunos estados de EEUU han saltado a la nube –la propia CIA tiene una nube en Amazon-, pero no un país entero de la manera en que Bolivia pretende.

Además, desde el Gobierno de Morales tiene clara una cosa: no recurrirá a software comercial y propietario, sino que se apoyarán en estándares abiertos y tecnologías open source, lo que sin duda rebajará extraordinariamente los costes. Según Sifuentes, esa es “la forma más fiel de garantizar la soberanía tecnológica plasmada en la Agenda Patriótica 2025”.

Pros y contras

La principal ventaja que tiene el planteamiento de la senadora Sifuentes es que, efectivamente, conseguiría crear un estándar y una política consistente en materia de seguridad para todas las instituciones del Gobierno. No sólo eso, sino que compartir toda la información sería una realidad, lo que en teoría debería sentar las bases para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, algo que, en países teóricamente más avanzados como España es hoy por hoy pura ciencia ficción.

En cuanto a los riesgos y remontándonos al reportaje sobre terrorismo y centros de proceso de datos, lo cierto es que la nube soberana concentra todos los activos del Gobierno en un único punto, lo que la convierte en un claro objetivo para los criminales y terroristas.

No hay que olvidar que el país que gobierna Evo Morales ha sido objeto de numerosos ataques informáticos en los últimos tiempos, en especial a las webs gubernamentales de la Policía, la Marina y el ministerio de Comunicaciones. Ataques, por otro lado, sobre cuya autoría la mirada se dirige hacia hackers chilenos movidos por el conflicto que existe entre ambos países por los accesos a la costa del Pacífico.

Dicho de otro modo, las medidas de seguridad informática que el Gobierno de Morales habrá de desplegar tendrán que ser extraordinarias. En ese sentido y aunque toda la información esté en la nube, el Gobierno podría optar, por ejemplo, por técnicas de segregación de información y, por supuesto, elevados niveles de encriptación de los datos y sólidos controles de acceso. A fin de cuentas, ya hay entidades financieras y compañías relacionadas con Sanidad que subiendo información sensible a la nube.