Unos carajillos en el Palacio de Justicia

Este lunes 6 de septiembre, a mediodía, tendrá lugar en el Palacio de Justicia uno de los actos más bochornosos de la agenda política del siglo XXI, con tres actores que representan a la perfección el déficit democrático que aqueja todavía al España, a 46 años de la muerte de Franco y a 43 del nacimiento de la Constitución Española en vigor. Este lunes 6 de septiembre se celebra, con la pomposidad propia de los actos togados y eminentemente masculinos, la apertura del Año Judicial 2021-2022, presidida por el rey Felipe VI y en la que intervendrán únicamente el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Para cualquier persona de bien, el papelón sería de tal envergadura que requeriría un carajillo previo para pasar el trago; o dos.

Se han cumplido mil días del bloqueo de la renovación del CGPJ que está ejecutando el PP con absoluto descaro, en un ejercicio de inconstitucionalidad sin precedentes. Pablo Casado -que estará en el acto poniendo luz sobre su lado más ultra- ha esgrimido mil excusas para evitar esta renovación: Pablo Iglesias, Unidas Podemos, el juez que condenó al PP por la Gürtel y, ahora, el sistema de elección de los jueces, que lleva tres décadas, por cierto, y con gobiernos del PP de José María Aznar y de Mariano Rajoy. De hecho, con Rajoy se modificó en 2013 la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los 20 vocales del CGPJ fueran "designados por las Cortes Generales", previo filtro de las asociaciones y/u otros jueces cuando se trate de vocales de "procedencia judicial"; es decir, los jueces ya eligen a sus candidatos con la ratificación parlamentaria en la sede de la soberanía popular, las Cortes. Claro que, entonces, en 2013, el PP tenía su mayoría más absoluta en Congreso y Senado (10,7 millones de votos, un 44,62 %, y 186 escaños entre 2011 y 2014) y convenía amarrar bien la elección del poder judicial desde el Ejecutivo de Rajoy, el Legislativo y la calle Génova. Con tanta causa de corrupción del PP, era comprensible la urgencia.

El argumento del PP es, por tanto, una chapuza que se derrumba en cuanto empiezas a ponerle los puntos sobre las íes a su pretendida protección de la independencia judicial, y eso sin recordarle -por respeto a ellas, muy molestas también con la situación de boicot- que de las tres principales asociaciones judiciales, ésas que el PP quiere que corten el bacalao directamente en la elección del CGPJ, las dos principales por número de asociados (la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria) son conservadoras. El partido que pretendía colarnos el control del CGPJ "desde detrás", como los valientes, se erige ahora en defensor de la independencia del órgano político de los jueces. Qué risa.

La diferencia entre Gobierno y PP es tan obvia que tiene que doler a los cerebros más atrofiados en su autoritarismo: el PSOE apuesta por negociar desde el principio y el PP se cierra en banda, no solo a las propuestas socialistas, sino a la propia negociación: o lo mío o nada, negando una vez más la legitimidad del Ejecutivo de coalición y el resultado electoral que dio la Presidencia a Sánchez con los apoyos de otros partidos aparte del de su socio. Ése es el quid de la cuestión y lo más peligroso de la estrategia antidemocrática de PP y Vox que viene desde la moción de censura a Rajoy: "Gobierno ilegítimo, Gobierno ilegal" a todos los efectos.

Lesmes nos deleitará este lunes en la majestuosa sede del Tribunal Supremo con su tono circunspecto y pretendidamente creíble, ante un rey que no podrá quitarse a su padre de la cabeza mientras los/as españoles le miramos fijamente y una fiscal general que pasa el mandato entre salvar a Juan Carlos emérito del banquillo pese a los embates de la investigación suiza y ocuparse de que su amigo Villarejo no cante por bulerías con más tino que hasta ahora. "Dura lex, sed lex", nos dicen.